Carlos Arce Macías
Si el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo persiste en su afán de entronizar a Carlos Zamarripa como Fiscal General del estado, habrá acabado anticipadamente con su gobierno y con el PAN como primera fuerza estatal. Llamo a sus consejeros áulicos a intervenir para evitar esa torpeza monumental, y aconsejarle que desista de la suicida empresa.
El nombramiento de Zamarripa es hoy, la pieza clave de la política estatal. Innecesariamente, el joven gobernador, transitó despreocupadamente hacia un callejón sin salida. Ensoberbecido, quizás, por la victoria, sabiéndose al igual que López Obrador, dueño de una mayoría parlamentaria, decidió cumplir las promesas de designación. Me refiero claro, no a la promesas de campaña, sino a las que se comprometió con su solitario elector. Recordemos que no hubo proceso de selección interno y todo quedó decidido a dedo.
Ahora el Ejecutivo está sitiado, y con él su partido, sus alcaldes y sus diputados. Nada más angustiante en estos momentos, salvo quien tenga piel muy gruesa y sea presa del descaro total, que ser diputado estatal del PAN, y tener que votar por consigna una designación aberrante. Los compadezco, especialmente a algunas parlamentarias que me parecen juiciosas e inteligentes, y que serían merecedoras de mejor destino.
Acción Nacional se ha quedado solo. Los partidos políticos que pudieran ser sus aliados, saben del enorme costo que acarreará el próximo nombramiento en términos electorales. Los grupos empresariales, tanto CCE como COPARMEX, han descalificado, de plano, al candidato a fiscal. Hay alcaldes de importantes ciudades, claramente molestos con la designación. Los medios estatales más influyentes entienden lo que se juega en esta mano, y no respaldan la voluntad gubernamental. Diego está solo.
Supongamos que ya se hubiese realizado la nominación. La lectura del hecho sería avasalladora: Sinhué no gobierna Guanajuato, el estado se ha convertido en una suerte de maximato al estilo de Plutarco Elías Calles. Recordemos el sonoro verso de aquella época: “Aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente”. Esto, en las condiciones políticas actuales, significa la entrega del estado a Morena en la próxima elección. Así de claro. Porque ya no habrá un verdadero gobernador.
Profundicemos más. Si Zamarripa es el hombre del ex gobernador, si va a ser autónomo, si su periodo rebasará la gestión de Rodríguez Vallejo, si este gastó todo su magro capital político en posicionarlo como Fiscal, luego: ¿quién será el hombre fuerte de Guanajuato? La respuesta es obvia: el de enfrente, y su personero el Fiscal. El gobernador quedará en el tercer nivel jerárquico.
Ataquemos ahora el historial que deja tras de sí Zamarripa. Aceptando el apoderamiento por las bandas huachicoleras, de las zonas y ciudades estratégicas del robo de combustible, en las narices del actual procurador, debemos también enlistar los sucesos de violación de derechos humanos e intento de encubrimientos de policías, que ha enumerado minuciosamente el periodista Arnoldo Cuéllar, en un video que ha causado estupor entre muchos guanajuatenses, para rematar en la improcedencia absoluta del nombramiento.
Pero también enfrentamos un problema de tipo político muy grave. Al carecer de un verdadero fiscal autónomo decidido a combatir la corrupción, el gobierno de Guanajuato no se modernizará, continuará con sus viejas corruptelas, permitiendo el desvío de recursos públicos para intentar ganar elecciones. Exactamente lo que los mexicanos han reprobado en la última elección, en lo que se ha denominado peyorativamente como el PRIAN. Para funcionar dentro de ese esquema fueron muy eficaces los últimos dos ex gobernadores, resaltando el obsecuente trato que durante el último sexenio se le otorgó al corrupto de Enrique Peña Nieto. En ese gobierno federal, el último ex gobernador encontró su zona de confort, mientras un gallo irapuatense cantaba su potente quiquiriquí.
Una fiscalía que sirva, es una pieza fundamental para lograr la evolución de la administración pública estatal, porque la condiciona a cambiar, innovarse y a actuar con honestidad. Solo así se rompe el “pacto de impunidad”, que es el mecanismo perverso que nos ha conducido al populismo ramplón. Si los corruptos acaban encarcelados, el gobierno mejorará sin necesidad de transitar por las brechas populistas que hoy amargan nuestras mañanas.
Piensen, si este procurador guanajuatense, hoy futuro fiscal, hubiese actuado con probidad y celo profesional en enero de 2012, hubiera cambiado el rumbo de la historia para el PAN y quizás para México. Como un perro de caza en busca de delincuentes, al escuchar el audio presentado por el periódico AM, en el que el ingenuo alcalde celayense consultaba con parte de su cabildo sobre el “moche” que deberían de entregar a los conspicuos diputados federales que les habían “bajado recursos” (ya sabemos de quién se trataba), debería haber abierto, de inmediato, una investigación sobre esos hechos, que habría descubierto los trafiques que desde la LXII Legislatura Federal se llevaban a cabo en todo el territorio nacional, pero especialmente con los municipios de Guanajuato. Los dirigentes panistas y priístas hubieran quedado al desnudo, y el PRIAN no se habría consolidado. Anaya estaría liquidado y San Miguel de Allende tendría otro alcalde que no intentara hacer negocio con los parquímetros. ¿Ven por qué es importante un buen fiscal y el cambio que significaría para la salud del gobierno?
Pero demos un vuelco al editorial. Imaginemos lo bonito que sería, que de pronto, el gobernador dejara atrás las acechanzas y temores que lo acosan, y decidiera gobernar el estado y retirar la postulación de Zamarripa, para entregar el puesto de fiscal a un hombre justo y competente. Todo a solicitud de sus propios diputados, que se resistieran, como dilectos representantes de los guanajuatenses, a procesar el requerimiento del Ejecutivo. Imaginemos entonces como, de un plumazo, tendríamos un Congreso digno y un gobernador acotado, dispuesto a ceñirse a las disposiciones constitucionales. Los principios republicanos, comenzarían a funcionar.
También soñemos con que el nuevo fiscal recibiera regularmente denuncias basadas en los resultados de auditorías técnicamente sustentadas, que evitarían los gobiernos-botín que sangran, impunemente, a los municipios. Los primeros miembros del ayuntamiento sujetos a proceso, servirán de ejemplo para evitar la rapiña de los malos servidores públicos.
Imaginemos un Poder Judicial que procesa, sin importar el rango político, a los acusados de peculado, tráfico de influencias y abuso de autoridad, pulverizando el “pacto de impunidad”. Veríamos gobiernos que retomen sus más nobles ideales y principios, convirtiendo en una realidad el bien común. Atrevámonos a imaginar un gobierno que hace las cosas bien.
Ojalá Diego sea valiente y lo intente. Tic, tac…
@carce55
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