¿DIEGO Y SU JEFE?

Carlos Arce Macías

Durante el Porfiriato, el dictador mexicano enviaba “jefes políticos” a diversas localidades y regiones, de conformidad con su criterio y el del gobernador que él mismo había impuesto. No había conflicto por la decisión.

En realidad, la figura de jefe político no procede de Don Porfirio Díaz, sino va más atrás, a la Constitución de Cádiz de 1812, donde se dibuja la forma del “Jefe Superior”, para hacerse encargo del gobierno de las provincias. A raíz de la promulgación de la Constitución, se aprobaron varios decretos, entre ellos el de 23 de junio de 1813 en el que se definía el gobierno provincial y su figura principal: el jefe político.

Ahora, por la concentración de poder en la Presidencia de la República, como resultado de la reciente elección del 1 de julio, López Obrador ha decidido establecer un sistema de Jefes Políticos denominados elegantemente “Coordinadores Estatales” que representarán al Ejecutivo Federal y determinarán inversiones y acciones federales con los gobernadores de cada entidad. De cara al anuncio, no ha habido, salvo en el caso del gobernador electo de Jalisco, ninguna reacción de reclamo, motivada por tamaña noticia. Solo silencio.

El golpe ha sido seco sobre la faz de los ejecutivos estatales. Temerosos luego de haberse producido varios casos de ejecutivos mega corruptos y autoritarios, nadie se atreve a alzar la voz. La CONAGO, ese instrumento de los gobernadores para presentar un frente común ante la Federación, está debilitada y desarticulada. Salvo el gobernador de Chihuahua, que sin temor ha enfrentado reiteradamente al presidente, todos los demás se han convertido en un puñado de políticos timoratos, rendidos ante los designios del futuro sátrapa. Así tendrán la consciencia.

Y es que por sus fragilidades éticas y de gobierno, no desean enfrentar una decisión política de gran calado, que perturbará profundamente el Pacto Federal. El jefe político  de la constitución gaditana, era un instrumento para una forma de Estado centralista, concentradora del poder en un territorio unitario: España. En México, producto del ejemplo norteamericano, se implementó el federalismo a partir de nuestra constitución de 1824, que fragmentó las intendencias novohispanas en nuevas formas de gobierno estatal. Guerra y sangre costó imponer la idea de una forma de Estado federal, apropiada para un enorme territorio constituido por una gran diversidad humana.

Federalismo deviene del término latino “foedus”, que significa alianza. Así es, se trata de una alianza de gobiernos regionales, que pactan entre sí la conformación de un solo Estado, sin perder un sustrato soberano, que les permita autogobernarse. De allí el nacimiento del llamado Pacto Federal.

Pero también observamos que el gobierno de la Federación, posee una estructura bien definida en leyes y finamente establecida en reglamento internos, reglas de operación y manuales de procedimientos. El gobierno federal está organizado en compartimientos aislados unos de otros. A cada uno de estos “sectores administrativos”, les corresponde realizar ciertas funciones gubernamentales. Por ejemplo, a la Secretaría de Salud, administrar la política pública respectiva, a la de Desarrollo Social, encargarse de combatir la pobreza, la de  Comunicaciones y Transportes de construir infraestructura de transporte y redes de telecomunicación para todo el país. Las secretarías a su vez desarrollan interrelaciones con las entidades federativas para la aplicación de una enorme diversidad de programas y proyectos. Por ello, la mayoría poseen una estructura delegacional que les permite contactar y acordar con los órdenes estatal y municipal, un sinnúmero de acciones. Esta operación de cada secretaría, es parte de las funciones que realiza el secretario del ramo, que no será representado por la nueva figura del coordinador.

Cuando de pronto se anuncia sobreponer, a la relación de los gobernadores con las distintas secretarías, a un “Coordinador General”, se altera de manera fundamental la relación entre estructuras de gobierno y el funcionamiento establecido, entre otros instrumentos por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, múltiples reglamentos Internos, reglas de operación de programas federales, decretos y manuales de organización del gobierno. La fisura que se provocaría por el nuevo esquema de operación entre la Federación y las administraciones estatales y municipales, acarreará peligrosas desavenencias a la alianza Federal.

Mal haría pues, el nuevo gobernador de Guanajuato, de permitirse establecer una relación de trabajo con el recién nombrado Coordinador General para Guanajuato. No habría motivo para ello, en tanto no se lleven a cabo los cambios legales y administrativos, que se requieren para legitimar la exótica y perturbadora figura que se le ha ocurrido implementar a López Obrador. El principio de legalidad constitucional está vigente: la autoridad solo puede hacer aquello para la que, expresamente, está habilitada. Ninguna ley ni norma permite la actuación, en estos momentos, de la irruptiva figura publicitada. El tema tendrá que ir al Congreso, allí los diputados federales guanajuatenses, en lugar de andar “bajando recursos”, tendrán que dar una batalla épica, en la que quede claro, que esta medida ocurrente y trompicada, agravia al pacto federal, lacera la soberanía estatal y complica la relación entre el próximo presidente, el gobernador y los guanajuatenses.

Y en tanto no se perfile la normatividad que describa pormenorizadamente la función específica y alcances de tal coordinador, el gobernador no debe, por respeto a la soberanía guanajuatense, instrumentar una relación informal, aduladora, lacayesca y servil, con el enviado presidencial. ¡Que primero muestre la ley que lo habilite para tales funciones! Hay que ser seriecitos…¿o aceptará mansamente un jefe ilegal?

@carce55

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