LOS EX PRESIDENTES

Carlos Arce Macías

El objetivo de esta reflexión, es descongestionar la narrativa vengativa hacia la figura presidencial, que se ha infiltrado poco a poco en los ciudadanos, a través de una larga y continua descalificación de los diversos personajes que han ocupado la silla presidencial, con la intensión de negarles cualquier tipo de subvención y asistencia, al retirase del cargo. Intentemos por unos minutos, darle perspectiva y lógica al tema, para poder extraer conclusiones racionales.

El puesto de Presidente de la República, es el más importante en un sistema presidencial. Pero, por los contrapesos que deben de generarse en una república, comparte el estatus con los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los senadores y diputados que conforman el Congreso de la Unión. La diferencia radica en que, mientras los otros Poderes son conformados por órganos colegiados, la presidencia es un cargo unipersonal.

Así el Presidente de la República concentra un caudal de atribuciones, que siempre deben de estar contrabalanceadas por el resto de los Poderes. En el desempeño del cargo, un presidente absorbe una gran cantidad de conocimientos, datos y cifras muy importantes, así como de estrategias políticas, económicas, energéticas, criminales, etc., de suma trascendencia para los destinos del país. Total, que en el periodo de seis años, en el que toma decisiones fundamentales todos los días, sobre infinidad de temas  torales para la nación, se ha modelado un individuo en el que se concentra un conocimiento valiosísimo y delicado, a la vez de que pende sobre su cabeza, la ira y la frustración de aquellos grupos o personas que se vieron afectadas por las resoluciones impulsadas desde el gobierno.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué trato debemos otorgar a los ex presidentes de la República? Claramente no se pueden ir a su casa como cualquier hijo de vecino, por lo antes comentado, ya que podrían ser contratados por empresas nacionales o extranjeras, lo que les daría, a estas, grandes ventajas sobre cualquier competidor. De tal manera que debemos tener una política clara y jurídicamente bien anclada para dar un justo tratamiento a los personajes que van dejando el cargo presidencial.

Aquí abro un importante paréntesis. Desacredito el manido argumento, muy socorrido por cierto, de que como los presidentes mexicanos han saqueado al país, estos deben conformarse con lo robado y hacerse cargo de su propia subsistencia y cuidados. Me parece una propuesta revanchista y necia, pero que sin embargo, se ha albergado en amplios sectores de la población. Considero que los presidentes no deben robar, traficar influencias o extorsionar; si lo hacen, deben de acabar en la cárcel, como Lula de Silva en Brasil. Eso falta de construir, en México, y hay que construirlo pronto mediante una Fiscalía General autónoma. Mezclar las responsabilidades administrativas y penales que puede afrontar un Ejecutivo Federal, con la forma en que debe de ser protegido y tratado al dejar su encargo, es un error. Esta confusión ha provocado un debate irracional, que nos conduce a deducciones equivocadas y dolosas.

Para comenzar, el ex presidente y su familia, deben de ser protegidos de por vida por el Estado Mayor Presidencial. No hay duda de esto, ya que de otra forma, se afectarían las resoluciones más estratégicas sobre temas criminales y de narcotráfico. ¿Qué decisiones podría atreverse a tomar un presidente, que sabe que en un par de años puede ser atacado por el crimen organizado en el seno de su hogar?  Pero vayamos más allá y supongamos que un ex presidente o miembros de su familia sufren algún atentado o son secuestrados. ¿Cuál sería el impacto de un hecho de esta trascendencia en la economía del país y en la atracción de inversiones? Saldría mucho más caro el deterioro en imagen, certidumbre y confianza del país, que el costo de una protección profesional y eficaz. Por su obviedad no profundizo más en el asunto.

Al dejar el cargo los ex presidentes, deberían gozar del mismo salario y prestaciones, por lo menos los siguientes seis años, bajo la prohibición de no trabajar para ninguna empresa o consorcio. Solo podrían estar habilitados para desarrollar actividades académicas y de apoyo a causas benéficas. De esta manera, los ex mandatarios quedarían sujetos a obligaciones estrictas de confidencialidad, relativas al desempeño de su cargo. Luego de los seis años, podría enrolarse en diversas actividades, incluso empresariales y de consultoría. Cuando se encuentren en este supuesto, la pensión se suspendería y solo podría reactivarse, en caso de desempleo.

Los ex presidentes tienen asignados un grupo de funcionarios de alto nivel, para sus requerimientos personales. Esta situación debe de ser revisada. Resulta desproporcionada la habilitación de un importante contingente de empleados federales, al servicio de los antiguos ejecutivos. Probablemente un reducido equipo, compuesto de un secretario particular y un par de asistentes, debiera ser subvencionado por el Estado.

Conclusión: gastar en la protección, pensión y apoyos a los ex presidentes es necesario y justo. En el caso de ser procesados y hallados culpables por algún delito durante su encargo, los beneficios se perderían y su protección quedaría bajo la responsabilidad de los custodios del penal respectivo. Así de sencillo.

@carce55

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MEJORA REGULATORIA,TRÁMITES Y GOBIERNO BOTÍN

Carlos Arce Macías

El gobierno botín, que se ha establecido en casi todos los ayuntamientos, es el equivalente al ducto que conduce hidrocarburos y que taladran los huachicoleros. Si estos extraen criminalmente gasolina para ser vendida en estaciones de servicio desleales o al menudeo entre conductores irresponsables y cómplices, en el caso de los ayuntamientos, el moche y la extorsión, son el combustible ilegal que produce el gobierno-botín, que opera un sistema criminal en las contrataciones públicas y en la tramitología de permisos en perjuicio de empresarios y ciudadanos en general.

He participado esta semana en la Reunión Nacional de Mejora Regulatoria, en cuyo seno, el Presidente de la República, promulgó la nueva Ley General de Mejora Regulatoria, que impone a los estados y municipios la implementación de esta política pública. Desde ya, no será una cuestión facultativa de las entidades federativas, pero sobre todo de los municipios, sujetarse a una férrea disciplina administrativa, que impida imponer trámites difíciles de cumplir, sobre los infelices ciudadanos, indemnes siempre, frente a las arbitrariedades de muchos testaferros del gobierno local. Acoto, para no generalizar, que siempre hay funcionarios probos que dan su mejor esfuerzo para hacer un buen gobierno, conozco a muchos.

Esta acción legislativa, impulsada desde el Gobierno de la República, que ya lleva varios lustros sujeto a las duras reglas de mejora regulatoria, se expande a otros ámbitos gubernamentales, porque el clamor ciudadano y el sector de los empresarios, impulsados con enorme decisión por el Consejo Coordinador Empresarial y sus agremiados, proclaman el freno a las inversiones que se presenta en el ámbito local, ante la tramposa e insensata acción de muchos cabildos capturados, que solo actúan mediante prebendas ilegales para facilitar el establecimiento de un negocio o empresa en general. El gobierno-botín, siempre está a la caza de entrampar negocios para obligar al moche.

Los trámites constituyen la piedra angular para facilitar el ejercicio comercial y la producción de riqueza dentro de una comunidad. Los malos representantes, impulsados por un sistema de partidos que propicia la corrupción política, controlan discrecionalmente la gama de permisos que manejan: usos de suelo, funcionamiento, construcción, inscripción en el padrón de proveedores, alcoholes, actividades en vía pública, etc. Prácticamente, todo lo que les interesa a los ciudadanos está dentro de la esfera municipal, y hacia allá se dirige la nueva ley expedida recientemente, con fundamento en la reforma constitucional que obliga a las diferentes esferas de gobierno a trabajar en la mejora regulatoria, para aligerar trámites y normatividad.

La boca de varios cañones legislativos ha sido redirigida al ámbito de los municipios para obligar el diseño de nuevos gobiernos, sin espacios para la amplia discrecionalidad, con la que ahora operan impunemente. Primero ha sido la Ley de Contabilidad Municipal, que instruye la armonización contable, la Ley General de Transparencia, que evita la opacidad crónica de los gobiernos, la Ley General de Archivos, que indica el resguardo de la documentación de la gestión de la actividad pública, de la Ley  General del Sistema Nacional Anticorrupción, que concentra un cúmulo de acciones para combatir al peor cáncer que invade a la esfera pública. Ahora complementa estos esfuerzos esta nueva ley, que crea un Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, encargado, de medir la eficiencia y eficacia de los municipios en esta materia, así como un mecanismo, a nivel nacional, para que la denuncia ciudadana, por aplicación arbitraria e ilegal de trámites, se convierta en un sonoro grito que traspase los límites municipales, sea estridente y tenga consecuencias.

Considero que casos extremos como los que suceden cotidianamente en el municipio de Guanajuato Capital o en el de San Miguel Allende y muchos otros, donde el gobierno-botín ha sentado sus reales y su dios protector es “El Moche”, puedan ser combatidos con mayor efectividad, con estas nuevas y aceradas herramientas.

En pleno siglo veintiuno existen mecanismos para combatir la extorsión de manera eficaz. Por ejemplo, los trámites no deben de ser presenciales, ejecutados ante el burócrata, puesto que la tecnología, por medio de plataformas digitales transaccionales y con firma electrónica avanzada más versátil que la del propio SAT, permiten eliminar el delicado encuentro cara a cara, con el oficial gubernamental. Estos sistemas no son fantasía, operan desde hace tiempo en muchos países. En el caso mexicano, estas tecnologías no han sido adoptadas, no por falta de recursos, ni de carencia de perfiles burocráticos adecuados, en ciudades grandes e intermedias. No se han construido, a propósito, porque son la kryptonita del gobierno-botín, que requiere del encuentro personal con el sojuzgado ciudadano, para provocar el cohecho. Pronto veremos con claridad la diferenciación entre dos categorías de gobiernos municipales y estatales, los que operan por la vía digital, y los que intentarán preservar, neciamente, la corrupción y su calidad de gobierno-botín, conservando el trámite presencial. Buenos y malos quedarán a la vista.

Al final aplaudimos la decisión con que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y la Secretaría de Economía apostaron por la construcción de la nueva ley, el dominio del tema que evidenció el Presidente de la República en el evento, al improvisar y fuera del discurso preparado, una reflexión sobre el tema muy bien dominada; así como la muy descollante participación del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que ha aprendido a interpretar la dura realidad local, y el freno que esta significa, mediante la gestión del gobierno-botín, para el desarrollo nacional.

@carce55

CORRUPCIÓN Y SANGRE

Carlos Arce Macías

Guanajuato se encuentra inmerso en un festín homicida, del cual no sabe como salir. Un mal diagnóstico comprime la actual condición a un problema policiaco. Pero en tanto no sean reconocidas las causas y se comiencen a tomar las decisiones valientes y correctas que se requieren, la cuestión no solo no mejorará, sino que empeorará.

Debemos ser asertivos, el verdadero problema es la corrupción política, como sucede en todo México, y aquí no nos escapamos de ello. Tardó un poco más en estar presente entre nosotros, pero finalmente emergió y se extendió en nuestro estado. Ahora somos testigos de cómo la delincuencia organizada florece y puebla las zonas más ricas de la entidad, mientras invierte y lava su dinero bajo la cobertura del crecimiento industrial, comercial y habitacional.

La corrupción política es la madre de la delincuencia organizada, y es aquella que se da en el seno del poder. Se genera por las distorsiones que se van tolerando en el régimen político, como pequeños y banales defectos, que se van incrementando, poco a poco,  hasta hacer que los coyotes se conviertan en los amos del gallinero. Pequeñas trampas dentro de los partidos como el manipuleo de los padrones de socios, el ninguneo a falta de debate interno, la utilización de dádivas para obtener votos en elecciones internas, el sectarismo y la exclusión de militantes, para desembocar en el autoritarismo pleno, que liquida cualquier manifestación democrática, dando lugar a la implantación de la corrupción política generalizada en nuestro sistema político. Ese es el origen: la falta de métodos democráticos internos, celebración de elecciones primarias obligatorias, de acceso a participar en los partidos, a la posibilidad de candidaturas ciudadanas viables, a una verdadera competencia interna leal, entre los ciudadanos, para acceder a los puestos de representación y al gobierno.

El sistema electoral está quebrado y tripulado por el más nefasto autoritarismo, que se convierte en el caldo de cultivo más propicio para la corrupción política. Cuando solo uno decide todo, la corrupción está garantizada. La democracia y la separación de poderes, no son solo mecanismos de ejercicio administrativo para hacer que el gobierno y el Estado funcionen bien, sino que son diques que evitan que la estructura mafiosa y corrupta, anide y colonice las instituciones gubernamentales, y que desde ahí le ofrezcan cobertura a la delincuencia. Y es en ese preciso momento, cuando se logra la cobertura, en el que la delincuencia se convierte en “organizada”.

En Guanajuato, no nos hagamos tontos, existe delincuencia organizada desarrollándose en zona de confort. Narcotráfico, huachicoleo y lavado de dinero, operan bajo excelentes condiciones de impunidad. Y su manifestación más elocuente, es cuando la organización criminal se apodera de las ciudades y pueblos, ubicando en puestos públicos no solo a politicastros timoratos y corruptillos, sino a verdaderos operarios de los malhechores. Así sucedió en el área metropolitana de Monterrey, en Ciudad Juárez, Tijuana y en La Laguna en años pasados.

Ubicar en el gobierno a miembros de los cárteles es sencillo, cuando todo depende de un dedo señalador que se rige por la incondicionalidad y el cuatismo. Los partidos lo permiten, a cambio de que sus candidatos reciban dinero para las campañas. Total, el chiste es ganar elecciones a como sea. De esa forma, el cemento de la delincuencia organizada va fraguando poco a poco, mientras los dirigentes de los partidos celebra con champaña sus triunfos electorales. Muy listillos todos. Eso creen.

Hasta que llega el día en que las organizaciones criminales tienen desacuerdos, se enfrentan, y se empiezan a matar entre ellas. También liquidan a sus personeros: halcones, tránsitos, policías, narcomenudistas, huachicoleros y… políticos. No en balde un especialista en estos temas, Edgardo Buscaglia, de la Universidad de Columbia, advertía en alguna ocasión sobre la necesidad que tienen los políticos, de arreglar el entuerto en el que estúpidamente se han metido: que lo compongan rápido, decía, porque pronto los empezarán a matar, así lo corrobora la experiencia internacional. Allí estamos ahora.

Por eso indigna ser testigo de dos reacciones contrastantes: la de los morenistas que, con un ánimo oportunista verdaderamente bajuno, intentan capitalizar el reciente asesinato de su candidato a alcalde de Apaseo el Alto, como si se tratase de un crimen político-electoral, sin referenciar las condiciones de violencia e involucramiento de autoridades locales que se observa en esa localidad. Su candidato, como todos en el estado,  no poseía el aval social, fue ungido por el dedo que dirige a placer Morena, sin mediar competencia interna alguna. También me pregunto: ¿ante los trágicos hechos propondrán amnistía para los asesinos de su camarada? Y por otra parte se nos presenta a bocajarro  la respuesta de las autoridades estatales, totalmente desconcertadas y desorientadas, que se revelan incapaces de sacar a un perro de una milpa, y que acuden al manido argumento de que solo se trata de un ajuste de cuentas entre malosos, quedando la autoridad policiaca como florero, de pura decoración. ¿Y la posibilidad de corrupción política dónde queda? ¿No será investigada?

Es hora de gritar la verdad sobre lo que acontece en el estado, a falta de una explicación clara que nunca ha sido capaz de darnos nuestro gobernador. Debemos explicitar que la delincuencia organizada ha sentado sus reales en nuestro estado. Su operación es compleja, en ella operan sicarios, delincuentes comunes, empresarios encubridores y políticos contumaces. Es una red, bien aceitada, que solo puede ser desmontada a través de una reforma electoral profundísima, que establezca la obligación de utilizar medios democráticos en la vida interna de los partidos, que curiosamente ningún candidato ni partido propone; acompañada de una reforma judicial extensa, que más allá de las competencias federales, coadyuve a desarticular las capacidades  económicas de las bandas y refuerce las instituciones estatales encargadas de su persecución, cancelando así la animosa y febril actividad delincuencial en Guanajuato.

Mientras haya un camino fácil para convertir a operadores mafiosos en gobernantes y representantes sociales, la delincuencia organizada se fortalecerá. En contraparte, solo si los partidos políticos, en su vida interna se obligan con la democracia y las elecciones limpias, bajo altos estándares de competencia leal y sin trampas,  propiciando de esa manera el acceso de los verdaderos ciudadanos a puestos de representación y de gobierno; así y solo así nuestro entorno mejorará. Si no, seguirá el baño de sangre.

@carce55