PUERTA DE EMERGECIA

Carlos Arce Macías

Debería de agraviar a los guanajuatenses la reciente conferencia de prensa, de la pasada semana,  sostenida por los candidatos a diputados federales y senador de la coalición “Por México al Frente”, en la que proponen reformas penales regresivas, para imponer la prisión preventiva por portación de armas y robo de hidrocarburos. Consideran que el cambio al artículo 19 constitucional, dará el toque mágico para restablecer la paz y la seguridad pública del estado. Se equivocan de cabo a rabo.

Lo que pretenden es reconfigurar la facultad discrecional de las policías y fiscalías para poder enviar en automático a los ciudadanos a la cárcel, pretextando que la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, fundado en el principio de presunción de inocencia no permite detener a los criminales instantáneamente. ¡Imagínense, hay que recabar y custodiar pruebas! Por eso pretenden volver a la rudeza, violatoria de derechos humanos fundamentales.

En estos días, el tema penal que comentamos, bien puede combinarse con la civilizada propuesta de un candidato a la presidencia de “mocharle las manos a los ladrones”, así como a la vieja insistencia del Partido Verde de reimplantar la pena de muerte en México. Todo vale para salvar cara a los políticos, frente a la sanguinaria ola de crímenes que se viven en el país. Pero hay que explicar la trampa que envuelve a estas retrógradas posiciones.

El gobierno constitucional ha sido diseñado, históricamente, para garantizar la paz, la seguridad y el respeto a los derechos de los ciudadanos. Esa es su función primordial. Y para ello, debe de realizar labores como la persecución de los delitos, de juzgamiento de los criminales, su reclusión y readaptación. Es un ciclo que garantiza a cualquier sociedad su desarrollo y tránsito a un mejor estadio civilizatorio. Sin ese componente funcional, el Estado será fallido.

Pero siendo esta la esencia de la organización de una sociedad, los gobernantes, sobre todo los de temperamento populista, prefieren dedicar sus esfuerzos a una actividad gubernamental secundaria: ayudar a la sociedad, comprometerse con los grupos más vulnerables, trabajar en acciones asistencialistas. El reparto del dinero es lo suyo: tinacos, gallinas, láminas, mochilas, uniformes, tabletas. O bien, la construcción de obras públicas a sobre precio, para luego recabar “los moches” directamente con los constructores beneficiados por las sospechosas asignaciones directas. Eso es lo bonito de gobernar, porque así, un pueblo pisoteado a base de dádivas, pierde la dignidad y ofrece su voto, sin recelo alguno.

Por supuesto, cuando las cosas se ponen feas, como en el caso que ahora enfrenta Guanajuato, el gobierno debe de dar respuesta a una ola delictiva muy compleja, y todo se les complica. Han estado ejercitados para contratar y repartir, más no para gobernar las partes más delicadas y sofisticadas del sistema. Eso no lo conocen y no les gusta.

Así las cosas, les parece fácil tomar el camino más sencillo, que es el restablecimiento del viejo sistema persecutorio de los delitos, basado en amplias facultades de la autoridad para torturar, imputar sin pruebas y encarcelar provisionalmente. No le demos vuelta al asunto, la referida reforma que pretenden algunos legisladores y los boquiflojos candidatos a representarnos en la siguiente legislatura federal, es otorgar a las torvas policías, la posibilidad de “sembrar armas”, para, con ese motivo encarcelar a quien ellos decidan, sin que el juez sea quién defina la situación frente a las pruebas aportadas. Como muchas veces fallan técnicamente, las policías y ministerios públicos mal entrenados, acusan que la decisión del juez, provoca una “puerta giratoria”, en la que por un lado ellos capturan, y por el otro son liberados los malhechores. En realidad se trata de un trabajo mal hecho.

El nuevo sistema penal acusatorio, se basa en el principio de presunción de inocencia para los ciudadanos, que es un postulado sagrado del Derecho. Nadie debe de ser encarcelado, ni siquiera preventivamente, en tanto no haya indicios de su probable culpabilidad. La construcción de este nuevo procedimiento penal, exige la intervención de policías y fiscales muy bien preparados. Y es aquí donde aparece el problema para los actuales funcionarios: no les gusta gobernar en sentido estricto, les gusta contratar, les gusta repartir, les gusta inaugurar, les gusta promocionar, les gusta viajar. ¡Qué bonito es lo bonito!

Y sí, es mucho más complicado conformar buenos servicios públicos, como el de salud, el de emergencias, el de disposición de deshechos sólidos, de transporte público, en donde se requiere talentos gerenciales, actitud anticorrupción y disponer de mucho tiempo y coordinación con diversas áreas de la administración. Es bucear en los intestinos de la burocracia, trabajo de plomería que no agrega sex appeal a los funcionarios.

Por eso consideran que es mejor ceder los bártulos a la vieja guardia de cabos municipales y policías judiciales para que resuelvan rápidamente cualquier delito, a base de tehuacanazos y sembrando armas para tener detenidos de manera eficaz y sin probanzas. Recomiendo ampliamente la lectura del más reciente libro de Jorge Volpi, “Una novela criminal”, que relata puntualmente el caso Israel Vallarta- Florance Cassez. Un secuestro, pago, liberación y una sofisticada metodología para identificar a los secuestradores: subir a la víctima a una patrulla, para durante una semana buscar en la congestionada zona sur de la Ciudad de México un Volvo S-40 blanco, que era lo único que había identificado la víctima. Solo encontraron, de pasadita,  uno plata, pero no importaba, fue suficiente para iniciar la persecución. El escándalo mundial por el caso y la tensión con el gobierno francés, estaba garantizada. ¡Una vergüenza para México!

El mantenimiento del actual sistema penal acusatorio es fundamental para obligar a nuestros gobernantes a hacer la verdadera tarea de gobierno, ya se los dijo el doctor Miguel Carbonell sin tapujos, en reciente visita a León: preparar policías, fiscales y peritos profesionales bien equipados. Solo así se puede combatir a los criminales. La legislación no requiere cambios, sostuvo el académico de la UNAM.

Abrir un boquete al sistema penal acusatorio, modificando el artículo 19 constitucional, es la peor fórmula que se puede encontrar para enfrentar a la delincuencia. Pero quizás erramos, y los futuros gobernantes y legisladores lo que realmente desean es continuar contratando, inaugurando, repartiendo y gestionando, en tanto la policía y la procuraduría, rompiendo el principio de presunción de inocencia, atrapan delincuentes a la antigüita. Tratan de encontrar su salida de emergencia.

@carce55

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FUERO

Carlos Arce Macías

A nivel federal, avanza la iniciativa de eliminación del fuero, consignado en diversos artículos de nuestra Constitución. La postura es claramente populista, dirigida a un pueblo enojado con sus representantes. Confunden el síntoma con la causa. Guanajuato ya eliminó el fuero, especialmente el de sus diputados. Pésima decisión en un ambiente monárquico-provinciano, como el que se ha instaurado en nuestro estado.

Nos dicen los historiadores que todo este asunto comenzó en la Inglaterra de la alta edad media. Hacia el año 1340, Eduardo III, inició contra Francia la llamada “Guerra de los Cien Años”. Esto desencadenó fuertes presiones económicas para su reino, y por lo tanto una confrontación con sus barones. El líder del Consejo Real era el destacado John Stratford, arzobispo de Canterbury, la posición más importante de la Iglesia en Gran Bretaña. El encontronazo entre el rey y su Consejo se tensó mediante estratagemas legales para imputar delitos a Stratford y así neutralizarlo de la batalla política. Fue esa la primera vez, en que un miembro de un proto-parlamento, exigió ser juzgado por sus pares, y no por el monarca. Ahí nació pues, el reclamo de fuero especial para los parlamentarios. La contienda fue ganada por los lores, y la autoridad regia se vio limitada.

Ya en los años 1397, 1459 y 1512, se dieron violaciones a los privilegios de los parlamentarios, por lo que se dictó la primera ley que definió los fueros del Parlamento, y que fue ratificada hasta 1667. Antes Jacobo I, no estuvo de acuerdo en conceder tal poder a los súbditos, Carlos I, su hijo, con aspiraciones absolutistas, menos. Le cortaron la cabeza en 1649.

Finalmente se establecía que cada miembro debía tener garantizado su pleno derecho a expresarse libremente, quedando protegido contra acusaciones, presiones o ultrajes. El principio de que los asuntos del Parlamento y sus miembros se resuelven dentro del propio Parlamento (fuero parlamentario) quedó plenamente definido en el “Bill Of Rights”, signado por Guillermo de Orange en 1689. La larga lucha se cerraba bajo la contundente victoria de los “representantes del pueblo”.

Con ese ejemplo, drástico y brutal, Estados Unidos incluyó en su Constitución (1787) el blindaje parlamentario, así como luego de un excesivo uso de la guillotina y de muchas cabezas que rodaron en su entorno, Francia también lo asimiló en sus constituciones de 1791 y 93.

Desde estos dramáticos momentos de la historia moderna, la mayoría de países con regímenes democráticos, ya sean parlamentarios o republicanos, decidieron adoptar la protección de sus legisladores frente a los titulares del poder ejecutivo o monarcas en funciones. Durante el siglo XIX, México no fue la excepción.

Nuestra historia no está exenta de conflagraciones entre caudillos y representantes populares. En 1822 Agustín de Iturbide disuelve el Congreso y encarcela, entre otros a los diputados Fray Servando Teresa de Mier, Carlos María de Bustamente y a José María Luis Mora. En 1913 Victoriano Huerta ordena encarcelar a 84 diputados que se revelan a consecuencia del golpe de estado del chacal contra Madero. Nunca las relaciones entre los titulares del Poder Ejecutivo y los verdaderos representantes sociales, han sido tersas.

Mediante la reflexión sobre los hechos históricos narrados, y ante la irreflexiva moda de eliminación del fuero, el diputado argentino Sergio Massa; expresa lo siguiente: “Los diputados no pueden ni deben renunciar a sus fueros, porque los fueros no son una prerrogativa personal sino un reaseguro del Parlamento para fortalecer su funcionamiento, libre de presiones del Poder Ejecutivo, y también de los particulares que mediante denuncias judiciales podrían interferir  en la actuación de sus miembros”.

Los mexicanos hemos tomado, con temeridad pasmosa, el sendero rumbo al precipicio. Por eso ante la amenaza de eliminar el fuero constitucional, el doctor Diego Valadés del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advierte: “los gobernadores/caciques verán multiplicado su poder de control sobre los legisladores y los jueces locales”. Tal parece que la apuesta a favor de un gobierno autocrático se dobla, al tomar una decisión tan trascendente al calor de brindar a la ignorante y vociferante tribuna populachera, la eliminación de un escudo, que solo acabará empoderando al más fuerte frente al débil.

El problema no es el fuero, como neciamente se cree. El problema es la falta de democracia interna de los partidos, que impide el acceso al poder a mejores representantes. El problema es la liquidación paulatina de la oposición en los congresos. Sin fuero, quiero ver a los futuros congresistas, por ejemplo, intentando enfrentar maniobras atrabiliarias de López Obrador. Los va a hacer picadillo. Tontos.

@carce55

DE REYES, CUENTOS MEDIEVALES, TRAICIONES Y TRAGEDIAS

DE REYES, CUENTOS MEDIEVALES, TRAICIONES Y TRAGEDIAS

Carlos Arce Macías

En una planicie llamada Runnymede, a orillas del río Támesis, en el camino entre Londres y el castillo de Windsor, una mañana del 15 de junio de 1215, el rey inglés, Juan I, llamado Sin Tierra, se vió obligado a firmar con los nobles rebeldes que habían tomado semanas antes Londres, un documento que tendría trascendencia histórica, a nivel global: la Carta Magna.

Así se redactaba uno de los instrumentos jurídicos más importante de la historia de la humanidad:

“Juan, Rey de Inglaterra por la gracia de Dios, Señor de Irlanda, Duque de Normandía y Aquitania y Conde de Anjoú, a sus arzobispos, obispos, abades, condes, barones, jueces, guardas, alguaciles, mayordomos, criados y a todos sus funcionarios y leales súbditos. Salud…”

De esa forma, iniciaba el pergamino que concretaba la sujeción del rey a la ley escrita, que garantizaba a los nobles ingleses su derecho frente a las arbitrariedades cometidas por un rey, al cual no le temblaba la mano para traicionar a quién fuese necesario. Poco a poco, durante su vida había establecido relaciones conflictivas con su madre, Leonor de Aquitania, sus hermanos, especialmente con el célebre Ricardo Corazón de León, y con su padre Enrique III.

En cuanto se hizo de la corona inglesa, su carácter impulsivo y necio, lo llevó a dictar impuestos ruinosos para sus señores feudales, con el fin de sostener las guerras con Francia, con el objeto de proteger sus heredades. Pero también trabó disputas por nombramientos eclesiásticos con Roma, ganándose, incluso la excomunión impuesta por el Papa Inocencio III. El conflicto terminó con la rendición del reino de Inglaterra a Dios, y a los santos Pedro y Pablo. Ofrecer al pueblo que se gobierna al Señor, siempre es una buena idea que los fervorosos creyentes agradecen.

Su reinado remató con el conflicto con los barones ingleses que lo obligaron a signar la Carta Magna. Al año siguiente murió, pero dejó sembrada en el pueblo de Inglaterra la simiente de que un gobernante debe de ser acotado por la ley, a fin de evitar que las imprevistas mudanzas de carácter del soberano, afecten los derechos de los vasallos.

Por eso los reinos requieren de instrumentos jurídicos que eviten abusos del gobernante. Esto se ejemplifica, por ejemplo, ante el uso de un enorme campo de discrecionalidad del gobernante, para entregar mercedes y privilegios a ciertas personas o empresas. El caso del la asignación directa de una concesión de infraestructura con valor de 2,234 millones de pesos, fundamentada en un articulo de ley, que otorga el poder discrecional absoluto al gobernador estatal para que, bajo la indicación de su índice flamígero, se indique quién es el suertudo ganador, bosqueja este fenómeno.

Los agraviados barones guanajuatenses, organizados en el Consejo Coordinador Empresarial, han sido duros en sus críticas, ante estos hechos. Exigieron explicaciones, sobre la actuación de Titular del Ejecutivo y el uso de su exagerado poder discrecional que se proyecta en dos sentidos: el puramente formal, establecido en la ley, que inconstitucionalmente le otorga una facultad omnímoda para asignar concesiones; y el material, que se concreta en el extenso poder político, que poco a poco, durante los cerca de cinco años y medio de gestión, ha ido concentrando el mandatario, de cuya voluntad depende casi todo el ámbito público guanajuatense. ¡Desmesurado!

Cuando se dan esta clase de concentraciones de poder, las posibilidades de perder piso se multiplican. La gestión, desde una posición autoritaria y sin contrapesos, convierten en algo muy peligrosa cualquier decisión, porque aparte de todo, el gobernador queda aislado de la realidad, encerrado en una torre de marfil, bien pertrechada por una corte muy mundana y expuesta a las ambiciones más procaces.

A la corte le encanta contarle cuentos al soberano, para mantener sus ánimos atemperados y acomodados al designio cortesano. Uno de estos cuentos, valga comentarlo, está por reventar la vida política de la capital guanajuatense. Es un cuento de intrigas y traiciones en el que se mezclan periodistas, pasteleros, un torvo embajador con olor a detergente, y un sinnúmero de funcionarios municipales y paramunicipales. El interés para el monarca provinciano, consiste en la obtención de un cúmulo de información delicada y mortal, que involucra a  su contendiente tricolor, y la cual garantizará la derrota de este. Pero esta denostativa investigación tiene un precio: el municipio de Guanajuato, la víctima propicia de siempre.

Y así, una corte bisoña, capaz de ser tripulada desde Sudamérica, cree que tiene todo bajo control, y que el paquete informativo puede ser ampliado a la obtención de información crítica contra algún periodista incómodo para el reino. La traición teje su telaraña y envuelve a toda la clase política, que ya camina desnuda por las callejuelas guanajuatenses, mostrándonos sus vergonzosos pactos y triquiñuelas, con tufo a corrupción.

Por lo pronto ya terminaron con los restos del partido Acción Nacional en Guanajuato Capital. Sus miembros, ni siquiera fueron capaces de acceder a posiciones en la planilla para conformar el ayuntamiento, a la que solo accedieron, vía imposición, cónyuges, cuñadas, amigas y cuates, cuyo único mérito, para aparecer en la boleta electoral, son las relaciones de parentesco, amistad y complicidad. De pena ajena.

Sin duda, uno de los más serios problemas de las monarquías y autoritarismos, son la falta de contrapesos en el poder y su ilimitada discrecionalidad para decidir. Igualmente temibles, son los chismes cortesanos y los cuentos engaña bobos, que acaban, ingenuamente, creyendo los autócratas. Mal para la ciudadanía. Se requiere, que el primero de julio, se imponga una Carta Magna guanajuatense, y demos fin a la tragedia, modernizando nuestro gobierno y eligiendo un nuevo gobernante decidido y comprometido con un cambio profundo. ¿Se podrá?

@carce55

TOC,TOC… MI CONCESIÓN

Carlos Arce Macías

Ecuación de Robert Klitgaard, especialista en corrupción de la Universidad de Harvard. “Corrupción igual a:  No competencia, más discrecionalidad, más opacidad”.

La ciudadanía no es boba y entiende a la perfección cuando un acto de gobierno,  que entraña un negocio multimillonario, está bien o mal ejecutado. No la engañan. También ha aprendido a olfatear el penetrante tufo de la corrupción.

Esta semana nos enteramos como el gobierno del estado, adjudicó “a dedo” una concesión de dos mil millones de pesos a la constructora Grupo México de Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país.

La historia es la siguiente:

Toc,toc,toc…

-Buenos días señor gobernador, nos presentamos: somos ingenieros de la Constructora Grupo México, enviados del señor Larrea. Venimos a hacerle un planteamiento muy interesante que beneficiará a los guanajuatenses. ¿Nos permite presentarlo?

-Adelante, estoy muy interesado en todo lo que beneficie a mi pueblo.

-Mire usted, señor gobernador, andábamos recientemente paseando por las carreteras del estado, cuando cerca de la ciudad de Silao nos llegó la inspiración y nos dimos cuenta del problema que tienen los trailers que viajan rumbo al norte, para tomar la carretera que conecta con la federal 57. Es todo un lío. Hay que dar solución ágil a esa aglomeración de vehículos, construyendo un libramiento que parta de la carretera 45, a la altura del Puerto Interior, hacia la carretera Silao-San Felipe. Pero también pensamos, que ya hecho ese gasto, podríamos extender la autopista hasta la carretera Silao-Guanajuato, a la altura del Parque Bicentanario. ¡Sería una gran obra de infraestructura!

-Mmm, mmm, mmm, me parece muy interesante, nunca se me hubiera ocurrido la pertinencia de una obra así, ni tampoco a mi secretario de Obras Públicas. ¡Visionarios!

-Por eso, nuestro departamento de ingeniería ha elaborado la descripción del proyecto, los estudios de pre factibilidad técnica y financiera, indicando los beneficios sociales esperados y una evaluación del impacto ambiental de la obra, que deseamos poner a su consideración.

-¡Me parece una idea genial! La revisaré, pero desde ahora les comento que considero que se trata de una inversión en infraestructura de beneficio social y económico para el estado y que seguramente cumple con los requisitos de ley. ¡Me emociona! Es la primera vez que una empresa tan importante como la de ustedes, se presenta con tan benéficas y bondadosas ideas. ¡Gracias por pensar en Guanajuato!

Lo que ocurrió días después, fue recoger un oficio en que el Titular del Poder Ejecutivo daba su consentimiento (facultad discrecional) para iniciar el proceso, marcado en los artículos 17 y 18 de la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el Estado de Guanajuato (LCSIPEG), y de esa forma poder obtener, mediante adjudicación directa la imaginativa obra de infraestructura, que jamás se le hubiese ocurrido a guanajuatense alguno, a los funcionarios de la secretaría de obras públicas, a la dirección de obras municipales del Silao, o a alguna de las grandes compañías constructoras de la región.

Bueno, una vez presentada la crónica de estos extraordinarios sucesos, ruego a los lectores no infundirse de dolo y malicia, y por lo tanto desechar cualquier sospecha sobre un posible acuerdo previo y malévolo, para pactar con esa importante empresa, la entrega, sin licitación, de un suculento negocio de ¡2200 millones de pesos!, que pagarán los transeúntes de esa vía. Eso no podría pasar en este reino.

Y si en algún momento se sembrase esta duda sobre la conducción honorable del gobierno estatal, tendíamos que asumir, que finalmente, todo se debe a la pérdida de los controles republicanos más elementales. A que los guanajuatenses han perdido su derecho a la oposición, a la transparencia y a la rendición de cuentas. Que nos encontramos inmersos en un Estado fallido, donde solo cuenta la voluntad discrecional y unipersonal del Titula del Poder Ejecutivo, y nadie se atreve siquiera, a reconvenirlo por su sospechosa conducta. Porque la decisión es de él. Así está consagrado en esa ley a modo.

El resolutivo de conferir la concesión sin un proceso de competencia que ajuste el costo de la obra, no tolera escrutinio alguno. Es la voluntad del monarca, plasmada en acuerdo real. La predisposición autoritaria se evidenciaría con la negativa del Congreso del Estado, para abrir el tema y discutirlo. Resulta asombrosa la forma en que la diputada más potable de la bancada gubernamental, quién mejor ha trabajado, en dócil actitud, descarte cualquier posibilidad de revisión del asunto. Y lo más dramático, la diputación de la oposición, ni por encontrarse en plena campaña electoral, se atreve a elevar reclamo alguno al monarca. Habríamos perdido así, todo vestigio de contrapeso entre poderes. Y para hacer más dramática la situación, ni siquiera la presidenta recién nombrada, del Comité Ciudadano del Sistema Estatal de Anticorrupción, muestra asomo de indignación e interés por profundizar en el escandaloso caso. Mal inicia su gestión.

Propongo que clarifiquemos de plano la situación. Con audacia, el actual gobierno decidió proceder de acuerdo a los artículos 17 y 18 de la LCSIPEG, para generar, fuera de competenciay bajo los parámetros más escandalosos de discrecionalidad y opacidad (La concesión se conoció hasta el Jueves Santo, al publicarse en el Periódico Oficial del Estado), un enorme negocio a una empresa, que habrá gastado al final, únicamente en el proyecto ejecutivo de la obra, ya que bursatilizará la inversión en la Bolsa de Valores. Un negocio de esa envergadura, obtenido de tan fácil manera, sin tener que enfrentar un ápice de competencia con otras empresas del ramo, no suena lógico, sino metálico.

Tarde se le debería hacer al Congreso, para discutir lo siguiente:

1.- La necesidad de reformar una ley auspiciatoria de conductas poco apropiadas para garantizar una recta administración pública.

2.- La contradicción del articulo 17 del la LCSIPEG  con el 134 de nuestra Constitución, que obliga a los gobiernos a administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como a adjudicar la prestación de servicios, a través de licitaciones públicas (Art. 134 tercer párrafo).

3.- La revelación de las autoridades de Obra Pública Municipal de Silao, sobre la existencia del proyecto del Libramiento Norte, desde hace varios años, lo que revelaría la inaplicabilidad del artículo 17 de la LCSIPEG (Entrevista del periódico Correo del 7/04/2018, de Cruz Sánchez con Luis Camilo Anguiano Gutiérrez, director de Obras Públicas Municipales de Silao).

4.- La secrecía que guardó el proceso de adjudicación directa de la concesión, que debería estar sujeta al principio de máxima publicidad. Pretextarán la reserva por ser un asunto en trámite.

Por lo pronto, solo hay silencio. Pero el dadivoso acto unipersonal del monarca provinciano, el lejano interés y la molicie proyectada por la Presidenta del Comité Ciudadano Anticorrupción ante un acto por demás sospechoso, así como la actitud medrosa y sumisa de los diputados estatales, agravian profundamente a los guanajuatenses. Pero estos tendrán forma de desquitarse en la próxima elección. Solo así entienden los políticos.

@carce55

AEROPUERTO 2018

AEROPUERTO 2018

Carlos Arce Macías

La industria aérea está en auge. Cada día en el mundo, más personas utilizan el avión para transportarse (4,100 millones de pasajeros por año) y más del 35% de la carga mundial, se mueve por vía aérea. En Latinoamérica la demanda crece a razón de 10% anual, superando incluso a Asia, y en México cada año viajan más de 120 millones de personas, con incrementos interanuales del 8%.

Pero nuestro país tiene enfrente un grave problema: el principal aeropuerto de México, esta saturado, y aunque mueve cerca de 40 millones de pasajeros por año, luce insuficiente. Sus limitaciones impiden un mayor crecimiento de la industria aérea nacional, de la economía, del turismo y del transporte de bienes y servicios en general. No se trata se un servicio para ricos, como algún bobo pudiera interpretar, se trata de una pieza fundamental para el desarrollo de una comunidad, de la puerta hacia su modernidad y el contacto con el mundo. De ahí la necesidad de construir un nuevo aeropuerto para el Valle de México.

Ahora bien, ¿qué es un aeropuerto? Con esa pregunta, hace años comenzó una ilustrativa charla con el doctor Julio Cesar Margaín, asesor de lujo del secretario Pedro Cerisola para el proyecto del nuevo aeropuerto. La reacción fue inmediata:

-Es un lugar de donde aterrizan y despegan aviones.

-Caliente, -comentó el doctor Margaín, egresado del legendario Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)- un aeropuerto es un sistema entre dos puntos, un estacionamiento de aviones y un estacionamiento de vehículos y punto de descarga de otros medios de transporte (metro, tren, autobús). Entre estos dos puntos se genera toda la dinámica de tránsito y complejidad de acciones, que significan un aeropuerto.

-Cualquier aeropuerto, -afirmaba- mide su eficiencia desde la entrada a la terminal, a la puerta de la aeronave. Si es menor a 30 minutos ese traslado, es un aeropuerto eficiente, dentro de los estándares más competitivos a nivel mundial. Entre más se sobrepasen los 30 minutos, el aeropuerto empieza a presentar problemas de eficiencia y mayores costos de operación.

La charla resultó ilustrativa, porque cambia de manera radical la forma de enfrentar el problema sobre la ubicación y construcción de un nuevo aeropuerto para la zona más poblada del país. Se puede proponer muchas combinaciones, pero habrá que asegurar, que si se va a efectuar una enorme inversión, más vale que sea en un proyecto de alta eficiencia: 30 minutos, máximo, a la puerta del avión, aún en tránsito entre dos vuelos en conexión.

Otra cuestión, no menos importante, es la relativa a la seguridad y control de tráfico aéreo, investigado a plenitud por la mas importante consultora internacional, sin fines de lucro, denominada “MITRE”; la corporación de alta ingeniería aeronáutica ha concluido que la única forma de resolver el denso trafico aéreo que se prevé para los próximos años en la Ciudad de México, solo encuentra solución bajo la premisa de la construcción de un nuevo aeropuerto, que tendrá 6 pistas, y la cancelación del actual puerto aéreo, así como de la Base Aérea de Santa Lucía. Con la seguridad no se juega, y el Nuevo Aeropuerto (NAICM) garantizaría las mejores condiciones de operabilidad: eficiencia y seguridad.

Por lo tanto, aún bajo las ráfagas de viejas críticas y el descubrimiento de ocurrencias tan milagrosas como absurdas, la solución de construir un nuevo aeropuerto, encima del vaso del ex lago de Texcoco, es la correcta. La ingeniería resolverá los problemas que dicha construcción genere, como la estabilidad de las pistas, la viabilidad de los proyectos hídricos de la zona y la sustentabilidad ecológica de la terminal y su equipamiento.

Desde el punto de vista comercial, se prevé que para 2020, el NAICM lleve a cabo 720,000 operaciones al año. Su ubicación hemisférica le permitirá situarse como el nodo de conexiones más eficiente en vuelos entre el sur y el norte de América, toda vez que los aeropuertos de Los Ángeles, Houston, Atlanta y Miami, se encuentran saturados y sin posibilidades de crecimiento. La Ciudad de México, presenta todo tipo de ventajas, sobre todo porque es el único centro urbano, que por cuestiones del destino y drama ecológico, cuenta con un agujero en medio de la mancha urbana, para construir un aeropuerto de altas especificaciones. El diseño arquitectónico e ingeniería son de primer nivel, solo enfrenta un pequeño y discretísimo problema… el grupo atracomulco.

Efectivamente, los que votaron por el Nuevo PRI en 2012, dieron el banderazo de salida a la más abusiva gestión gubernamental, en la historia de México, para utilizar la obra pública en enriquecer a los funcionarios de esta administración, capitaneados por el secretario de Comunicaciones y Transportes, de negra fama en el sector.

Es por ello, que vale la pena revisar no el proyecto por su ubicación y factores técnicos, sino sus costos y condiciones de ejecución, por medio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y la coadyuvancia de alguna firma internacional que identifique fraudes y distorsiones dolosas en los detalles de la propuesta. No solo se trata de sobrecostos, como el recientemente identificado en la construcción de la barda perimetral, sino de las inmensas posibilidades de lavado de activos que una obra de esta envergadura puede encubrir.

Buena señal se lanzaría a los mercados, pero sobre todo a los ciudadanos, con un actuar prudente, que mantenga un proyecto urgente y detonador de la economía mexicana, a la vez, que se toman medidas para identificar acciones criminales en las contrataciones públicas. Eso no hay que dejarlo pasar. De seguro caen varios pájaros de cuenta,

@carce55