Carlos Arce Macías
Vivir para fregar al prójimo, y sobre todo a los que menos tienen, a la parte más vulnerable de la sociedad, no es una buena cosa. Y eso es algo que ha venido sucediendo, desde tiempos inmemoriales, con nuestra “clase política”, constituida por un amplio grupo de personajes, que viven de las actividades que deberían de ser las más honorables y dignas: el manejo de los asuntos públicos y de la organización y dirección de nuestra sociedad.
Sin embargo, es esta misma “clase política”, la que se ha sofisticado, cada día más, en desfalcar las arcas públicas, para, con diversos procedimientos más o menos complejos, robarse el dinero y la esperanza de la gente. Son unos patanes.
En la extensa “industria” de utilizar la posición política para enriquecerse por diversos caminos, todos ilegales, la clase política mexicana ha encontrado el acceso a enormes “ganancias”. Esta lucrativa actividad, es realizada desde todas las organizaciones políticas. El funcionariato, tienen un gran pretexto para comportarse de esa manera: todos lo hacen y se requiere meter la mano al cajón, para mantenerse en la cima; esto es, para ganar y detentar el poder, dentro de un sistema democrático, que requiere ganar elecciones a cualquier precio. Así es usual que la gran mayoría, sin escrúpulos, haga negocios desde el poder, obteniendo recursos de procedencia ilícita para utilizarlo en campañas políticas y enriquecerse.
Una vez que han expoliado los recursos del Estado, comienzan un largo y sinuoso camino en donde coinciden con otras organizaciones criminales: terroristas y narcotraficantes. Se trata del lavado del dinero sucio, para introducirlo a mercados formales, y que desde allí pueda ser utilizado sin ningún riesgo.
Ese fue el problema que enfrentó la mafia americana en los años treinta del pasado siglo, para formalizar sus utilidades, originadas por el trasiego de alcohol y extorsiones. El camino que encontraron fue el de comprar un gran número de restaurantes que simulaban obtener enormes ganancias. Pero una investigación del FBI, ideó que la manera de calcular el número de comensales que acudían a estos negocios, era mediante el análisis de la cantidad de manteles que eran enviados a la lavandería. Así se evidenció que los ingresos eran falsos, y en ese caso, Al Capone fue encarcelado por fraude fiscal. De ahí derivó la expresión “lavado de dinero”.
Sin embargo, la practica de lavado, no fue penalizada sino hasta 1986 en Estados Unidos. Los fiscales de Miami, iniciaron entre 1982 y 86 la “Operación Greenback”, en donde intervinieron diversas agencias del gobierno federal americano, para atacar y desfondar el trasiego de los narcotraficantes colombianos, logrando incautar decenas de millones de dólares. Durante esa operación, un asistente del fiscal, Gregory Baldwin, ahora reconocido especialista, a nivel mundial, en lavado de activos ilegales, se refirió al procedimiento utilizado por los cárteles colombianos, como “pitufeo”. El término se relacionaba con los conocidos enanitos azules, pertenecientes a una comunidad secreta muy trabajadora, ilustrados por el artista belga Pierre Culliford, conocido como “Peyo”.
Pitufear, significa fraccionar substanciosos depósitos de dinero, en pequeñas cuentas que no llamen la atención del sistema bancario. Si a ello agregamos la transferencia de esas cuentas a bancos de diversos países y paraísos fiscales para diluir el origen de los recursos, y finalmente triangularlo entre empresas “fantasma”, que solo se utilizan para reintegrar los fondos al mercado, operadas por prestanombres, conseguiremos tener el mapeo completo de un sofisticado método de lavado de dinero.
A partir del caso Chihuahua, el gobernador Corral ha expuesto el fenómeno de triangulación de recursos ilegales para aterrizarlos en partidos políticos. La llamada “Estafa Maestra”, ha desnudado múltiples acciones para limpiar cerca de 8,000 millones de pesos de dinero sucio desde el gobierno Federal. Recientemente el caso Robles, ha identificado los métodos que en SEDESOL y SEDATU se utilizaron para transferir, fraccionar e integrar al mercado 2,130 millones de pesos utilizando 126 empresas fachada. Puro blanqueo.
Y la larga mano del lavado de capitales ha tocado una fibra sensible en esta campaña electoral: al candidato del Frente por México. Hasta ahora solo existen señalamientos políticos sobre su involucramiento para lavar más de 50 millones de pesos a través de una red bien organizada y que opera especialmente en España. Por cierto, el país ibérico se ha caracterizado por los múltiples casos de corrupción política, y especialmente de lavado de activos, que han llevado acabo políticos deshonestos, utilizando Andorra y Gibraltar para perder el rastro de la procedencia de dineros. Mala referencia.
El señalamiento es gravísimo, amplificado por la utilización indebida de la maltrecha Procuraduría General de la República (PGR), para atacar a un adversario político del actual gobierno. A ello se aúna el uso de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), con fines electorales. Pronto será la hora de repensar la ubicación de esta estratégica entidad, de como reasignar sus funciones y establecerle obligaciones de aportar información al Sistema Nacional Anticorrupción, para combatir seriamente las redes que operan en el país.
Pero más allá de esto, y de que los antecedentes del candidato frentista no son los mejores, por su participación en el escandaloso caso de “los moches” en la trágica LXII Legislatura Federal; para poder limpiar su honra, debería acudir con algún bufete externo, especializado en lavado de dinero, para que proporcione una opinión experta e independiente sobre el caso. Gregory Baldwin, podría ser una buena opción, sabe de pitufeos, está en Miami y es un experto mundialmente conocido.
@carce55
Columna dominical de AM LEÓN, publicada el 4/03/2018.
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