EL H. CENTRO DE NEGOCIOS DE GUANAJUATO CAPITAL

Carlos Arce Macías

Se denuncia: en Guanajuato Capital, como en muchas partes del país, su municipio no es gobernado por un ayuntamiento. Este órgano solo opera como parapeto formal de la verdadera estructura: un centro de negocios de políticos pueblerinos, dedicados a enriquecerse desde el gobierno.

Lo normal para los ciudadanos es pensar que la autoridad de una localidad se ejerce por el presidente municipal. Todas las campañas políticas festinan las impresionantes cualidades del personaje que conducirá los destinos municipales, según cada partido político. No existe, por parte de la autoridad electoral, una acción contundente de educación cívica, para ilustrar al ciudadano común y corriente que el gobierno de una comunidad, no recae en el presidente municipal, sino en una junta de gobierno denominada ayuntamiento. El presidente, solo preside esa junta, compartiendo la potestad gubernamental con síndicos y regidores.

Siendo así la arquitectura jurídica del municipio, y aprovechándose de la ignorancia, en que irresponsablemente el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) mantiene en la población, la mayoría de los astutos políticos provincianos, al olfato de posibles negocios como contratos de obra pública, compras gubernamentales, desarrollos urbanos, prestación de servicios, apropiación de terrenos abandonados o ejidales, obtención de tolerancias ilegales, gestorías y patrocinio de intereses privados, se han organizado desde hace varios trienios, para capturar todas las rentas derivadas de la posición privilegiada que ocupan, al ser elegidos como miembros del ayuntamiento.

En un sistema político en el que la democracia interna de los partidos ha sido eliminada, el establecimiento de un sistema cártel de partidos, se manifiesta en el ámbito municipal a través de la distribución de posiciones en las listas de planillas para la integración del ayuntamiento. Los regidores llegan al gobierno municipal por el principio de representación proporcional. Las regidurías se distribuyen entre los partidos que obtienen más votos, de tal manera que siempre ese órgano de gobierno es plural.

En un sistema democrático, como operaba en los años noventa y la primera parte del presente siglo, las oposiciones se convertían en fieros sabuesos siempre atentos de la administración del partido ganador. Pero con la instalación del sistema de partidos cartelizados, el fenómeno que aparece es el acuerdo cupular, entre las dirigencias partidarias, para posicionar a sus incondicionales en los primeros lugares de cada planilla, y así lograr un ayuntamiento a modo… para hacer negocios y privatizar los dineros públicos.

La descripción de la transformación de un ayuntamiento en un sofisticado y bien organizado centro de negocios, lo han entendido a la perfección, en Guanajuato Capital, tanto el PRI como el PAN. En la anterior contienda local, el PAN, por intermediación de su candidato a diputado estatal, acordó con el cacique local del PRI, la traición a su candidata a la presidencia municipal y una tibia campaña en la diputación federal, a condición de que se le garantizara el escaño local por el cual competía. En la configuración del ayuntamiento, el mismo candidato, incluyó a su esposa y a un impresentable exfuncionario estatal, que garantizarían una armoniosa y jugosa operación mercantil, desde el seno del ayuntamiento. Real politik, dirían los cínicos politólogos que analizan el funcionamiento del poder sin evaluación ética alguna.

De esa forma se concretaron en 2015 varios trienios de operación de un sólido “pacto de impunidad”, bajo el cual opera el gobierno capitalino, que en cada ocasión se muestra más voraz y menos interesado en la difícil problemática municipal de una extravagante ciudad, asentada en un inhóspito lugar absolutamente inadecuado para vivir, pero que por ese mismo motivo, se convirtió, con el tiempo, y por la construcción de un monumental conjunto de egregias edificaciones, en “patrimonio cultural de la humanidad”.

Este “pacto de impunidad” opera sincronizadamente entre la mayoría de los políticos. Saben que la impunidad por delitos como: el conflicto de interés, tráfico de influencias, fraude, abuso de confianza, cohecho, peculado, concusión, abuso de autoridad, afectación al ordenamiento urbano, lavado de dinero, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito, está totalmente garantizada ante la posibilidad de cambio de gobierno, con cualquier partido que gane la elección. La contraloría municipal y la Auditoría Superior del Estado, solo detectan minucias y castigan a mandos inferiores de la administración. La red de corrupción opera plácida y a plenitud, mientras el sistema anticorrupción apenas se construye a paso lento, con un fiscal poco confiable.

El PAN, dentro del feudalismo político que está construyendo, ha entregado, irresponsablemente, al diputado desleal la candidatura a la alcaldía. El PRI cuevanense, sin esperanza alguna de triunfo, por el pésimo gobierno realizado, sacrificará a su candidato a alcalde, pactando con el panista y acordando configurar un nuevo grupo de políticos vivales, comprometidos con el saqueo del gobierno capitalino. Da lo mismo cualquier partido.

Si los capitalinos quieren constatar la mala fama y sospechosa carga de intereses de los integrantes de la próxima red, basta ubicar, aparte de los candidatos a presidente municipal y a síndicos, a las tres primeras postulaciones a regidores, que son las que tendrán un lugar asegurado en el próximo ayuntamiento; y que se encuentran estratégicamente sembradas para conformar el siguiente: “H. Centro de Negocios de Guanajuato Capital”. Pongan atención en esas designaciones de todos los partidos. Ojo.

P.D. Reconozco la rectitud en el desempeño de sus cargos del síndico Ramón Izaguirre y de los regidores Guillermo Torres y Emilio Arellano

@carce55

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Prensa Libre

 

Carlos Arce Macías

No podía llegar de manera más oportuna a la cartelera cinematográfica en México, el estreno de la extraordinaria película de Steven Spielberg, “The Post”. La cinta, en cuyo rol principal aparece nada menos que Merly Streep, narra los momentos críticos, cuando corría el año 1970, en que la dueña del Washington Post, debe de decidir la publicación de un estudio sobre la guerra de Vietnam, que predecía la derrota estadounidense. Unos años después, en 1972, los reporteros del mismo diario,  Bob Woodward y Carl Berstein, destaparon el escándalo del espionaje sobre la campaña demócrata, dirigida desde la Casa Blanca, que provocó la renuncia del presidente Richard Nixon. Este hecho se plasma en otra gran película de 1976, dirigida por Alan J. Pakula: “Todos los Hombres del Presidente”, protagonizada por Dustin Hoffman y Robert Redford, y ganadora de 4 oscares.

La saga del enfrentamiento entre la prensa y el poder, ha otorgado la victoria a los medios, que a través de un periodismo de investigación muy agresivo, han hecho caer a alcaldes corruptos y políticos deshonestos a todo lo largo de los Estados Unidos. La denuncia periodística, recuperada por las fiscalías autónomas, han contribuido a preservar la calidad de la clase política norteamericana. Ningún postulante, se salva de una minuciosa investigación periodística a nivel local, estatal o nacional, según el puesto.

Y es que la prensa y los medios digitales forman parte del sistema político, y utilizados de forma virtuosa, contribuyen a que la democracia se sostenga, manteniendo a los políticos acotados, e incluso, asustados y estresados, por la constante e inquisitiva mirada de medios orgullosos de sus revelaciones.

Pero en nuestro país sucede exactamente lo contrario. El mundo al revés. Por lo general, los medios no son negocio y su supervivencia requiere de la inyección de dinero público. Por eso dedican gran parte de sus afanes a chantajear al político medroso que, consciente de la larga cola que porta, acuerda pagos generosos que garanticen el silencio que requiere su impunidad. Se establece un pacto pernicioso que contribuye a proporcionar una cobertura a grandes redes de corrupción gubernamental, como la recién descubierta en Chihuahua.

En el estado norteño, se configuro una alianza del gobierno de César Duarte con los medios de comunicación, que les entregó 1,150 millones de pesos al año. Había generosos pagos directos a los reporteros que cubrían la fuente de gubernatura y onerosos convenios de publicidad con las principales cadenas televisivas, periódicos, páginas electrónicas, estaciones de radio y pasquines. Gastó la administración diez veces más en medios, que en apoyo y atención a los depauperados pueblos indígenas. Una vergüenza.

Es por eso que uno de los datos fundamentales para ubicar redes de corrupción,  se manifiesta en el comportamiento de los medios de comunicación. Si estos son apoyadores incondicionales del gobierno en turno, y su tono laudatorio al ejecutivo resulta empalagosamente sospechoso, nos encontramos ante la operación de cobertura mediática de un gobierno que requiere acallar a la prensa, a fin de que no sean revelados sus escándalos de corrupción. El silencio de los medios es imprescindible para expoliar los presupuestos públicos con total impunidad. Así prospera el embute a los periodistas, y las costosas campañas publicitarias cobradas como “tarifa política” a los gobiernos corruptos.

Una administración  gubernamental que no transparenta sus gastos de comunicación social, exhibe síntomas de acciones criminales a escala de red organizada. Los gobiernos que combaten a la corrupción, comienzan por prohijar una prensa libre, que pueda mantener una dirección editorial sin ataduras, glorificando al periodismo responsable y de denuncia, comprometido con los ciudadanos, no con el gobierno manirroto que ofrece dádivas a cambio de silencio.

Hace algunos meses, los gobernadores de filiación panista, se comprometieron a transparentar sus gastos de comunicación social. El estado de Chihuahua puso manos a la obra. Especificó cada campaña y contrato de publicidad, informando puntualmente el monto de gasto. En un año, ahorró 900 millones de pesos por ese solo concepto. Los demás gobernadores, solo han informado de manera parcial sobre este rubro, imposibilitando las comparaciones, cruces de información y minería de datos. Incluso han encontrado, por intermediación de empresas fantasma, la posibilidad de pagar a medios consentidos, montos mayores a los publicitados, simulando supuestos servicios de “generación de contenidos”. Una estafa más.

Es por eso, al vivir una historia de convicción personal, de valentía, de ceñimiento a los valores de una profesión, que se disfruta la historia cinematográfica narrada en “The Post”: el enfrentamiento entre el periodismo libre y el presidente más poderoso del mundo. La tensión y el cálculo de las reacciones, el costo-beneficio de cada jugada, la pasión de los reporteros, y la determinación de una propietaria, que por su sexo, había sido discriminada por su familia para ocupar la dirección del diario, configuran una gran película. Por lo menos nos queda la certeza de que en nuestro país existen una docena de periódicos que apuestan por su libertad, como en Washington el “Post”.

Seamos claridosos. Sin prensa libre no hay democracia. Con prensa silenciada, hay corrupción y mal gobierno. Con prensa pagada por callar, se fomenta la competencia desleal entre medios de comunicación. De esa manera, solo ganan los perversos, los diarios de consigna. Los aliados de los corruptos.

Columna dominical publicada en AM LEÓN 11/02/2018.

@carce55

RUBICÓN

Carlos Arce Macías

Hay momentos en la gestión de un gobierno, en donde la angustia producida por malas decisiones o falta de estrategias, lleva a tomar medidas desesperadas y urgentes. Es el caso que padecemos en Guanajuato, ante el incremento de la inseguridad y violencia que se advierte en nuestros pueblos y ciudades, al ver las masacres cotidianas del crimen organizado por el control de rutas, ciudades y puntos de extracción de gasolina.

Lejos quedaron las grandilocuentes promesas del gobernante que parecía haber encontrado la pócima mágica para resguardar al estado del empuje criminal que se expandía en otras entidades. Un “escudo” protector, se instalaría en nuestro entorno, el cual eliminaría a cualquier criminal que osará perturbar la “pax guanajuatense”. Los colmilludos encargados de la seguridad y persecución de los delitos, habían identificado a la empresa innovadora que proporcionaría el mágico instrumento de control, garante de nuestra seguridad.

Mas al final de la administración, el castillo de naipes se derrumba. Las duras y fieras miradas de los encargados de nuestra tranquilidad, se han tornado inseguras y medrosas. No saben que hacer, y su jefe, menos. No tienen respuesta coherente ante la urgencia, y como sentenciaba el ingenioso político francés de finales del siglo XVIII, Charles Maurice de Talleyrand: “cuando algo es urgente, es demasiado tarde”.

Y aquí nos tienen, enfrentando la urgencia con ocurrencias. La mas pasmosa, que había sido identificada en un editorial hace meses: la de ubicar, a costa de inversión estatal, un cuartel que albergaría un batallón de policías militares. Desde allí, con más de 2000 efectivos, la seguridad pública estatal sería reconducida, y el maltrecho escudo, zurcido.

La resolución resulta desesperada e inoportuna por varias razones: se enclava en el fuerte disenso entre especialistas, organizaciones pro derechos humanos y juristas, contra el gobierno federal y legisladores, por la reciente expedición de una ley de seguridad interior, controvertida ante la Suprema Corte de Justicia por inconstitucional; se desvían recursos estatales a atribuciones no contempladas para el gobierno de la entidad; incumplimiento en el número de efectivos asignados al cuartel; y la más grave, la apuesta gubernamental de militarizar el estado, sin mediar una intensa y profunda reflexión en su Congreso y la sociedad en general. El ejecutivo se encuentra apanicado por el aumento de los índices criminales.

Militarizar la seguridad pública es el punto medular de todo. Y no parece ser, a la luz de diversos hechos de la historia de la humanidad, la mejor solución. Hemos sido críticos constantes de la indebida intromisión del gobernador en los poderes legislativo y judicial. Esto distorsiona el funcionamiento republicano y los contrapesos institucionales para acotar al Ejecutivo y evitar la corrupción. Con la militarización se profundiza más el deterioro institucional y el óptimo funcionamiento del gobierno civil. Parece que los juristas del gobierno estatal, no tomaron clase de Teoría del Estado y Derecho Constitucional, y permiten violentar la normas básicas de un gobierno democrático. Ya habrá tiempo para lamentar estas decisiones.

Miren, la civilización romana nos ha legado grandes enseñanzas. Una de ellas es la relativa a la relación entre el gobierno civil y la milicia. Durante el período de la república romana, el de mayor vitalidad cívica, las legiones romanas tenían prohibido adentrarse en territorios cercanos a Roma, su gran capital y sede del gobierno. Así se establecía por ley, para evitar que la fuerza militar presionara políticamente al Senado y al pueblo romano (SPQR “Senatus Populusque Romanus”, El Senado y el Pueblo Romano), que era la simiente de la vida republicana. Por esta disposición, los ejércitos no podían vadear el río Rubicón, situado en el norte de Italia, bajo pena de muerte. El propósito de esta medida, era precisamente mantener lejos de la influencia militar, a las instituciones civiles. Esto funcionó sin graves tropiezos durante siglos, hasta que durante el año 49 A.C., el victorioso general, y conocido populista Julio César, violó la ley y cruzó el Rubicón con sus ejercitos, para caer sobre Roma. “Alea jacta est” (la suerte está echada), sentenció, y con ello dio comienzo una serie de guerras civiles que decretaron el fin de la república romana, para ser sustituida por un imperio, la forma de gobierno gobierno autocrático, que igual presentó a Octavio Augusto o Marcos Aurelio, que a Nerón y Calígula. La tutela militar, es una de las formas más efectivas de liquidar una república.

De esta experiencia y muchas otras que nos puede dar la historia, se perfila también el sabio consejo de Talleyrand: “las bayonetas sirven para todo, menos para sentarse sobre ellas”. El ejercito debe ser contenido en sus cuarteles y solo ser requerido para asuntos extraordinarios, y no por las desatenciones de los gobiernos locales y estatales, para formar cuerpos policiacos capacitados, que puedan enfrentar y eliminar a la delincuencia.

Echar mano del ejército, poniéndose en manos de sardos, contratados para la custodia de instalaciones militares, no es buena idea. El ejército mexicano esta siendo corrompido por el crimen organizado, igual como lo hacen con las policías. No hay diferencia. Analicen su actuación en Sinaloa, Chihuahua-Durango y Guerrero. Ahí las fuerzas armadas tienen lustros operando en esas zonas, y la delincuencia está más cómoda que nunca, funciona a sus anchas. Como pintan las cosas en Guanajuato, pronto los criminales contarán con un nuevo cuerpo de apoyo, ya verán.

@carce55