LA RED

Carlos Arce Macías

El tema Chihuahua sigue “in crecendo”, motivo por el cual me veo obligado a seguir tratando ese conflicto en esta columna. El impacto que este nuevo e imprevisto fenómeno pueda tener en las campañas, resulta imposible de predecir. Conforme pasan los día, y las investigaciones avanzan, se revela nueva información sobre más personas involucradas en el grave expolio que sufrió el estado norteño.

La diferencia para lograr descubrir los minuciosos detalles, de las maquinaciones para extraer dinero público, es el enfoque con el que se dirige la investigación; mientras en otros estados, las autoridades se orientan en buscar a algunos funcionarios señalados como peculadores, para identificarlos, extraditarlos y ponerlos tras las rejas, en Chihuahua se tomó un rumbo diferente:  aparte de perseguir a los sospechosos de peculado, construyeron bases de datos, cruces de información, identificación de cómplices y otros actores, para obtener un complicado mapa de la red de corrupción que operaba en el estado.

Durante la pasada semana, con meticulosidad, fue explicado este proceso a los integrantes de la “Red por la Rendición de Cuentas”, una coordinadora que incorpora a órganos autónomos, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, dedicados al seguimiento de las políticas de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción en México. Al evento acudió el gobernador Javier Corral, acompañado de su ya famoso fiscal César Augusto Peniche y de la siempre asertiva secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos. Poco a poco, los chihuahuenses fueron revelando el rostro del monstruoso fenómeno que campea por todo el país.

-“El que quiera combatir la corrupción en México, se peleará con el mundo” -, espetó al inicio de su comparecencia el envalentonado gobernador norteño.

Y así lo fue evidenciando, al mostrarnos el esquema de relaciones con que opera el intrincado y profuso sistema de la corrupción. Esta se expande y coloniza  muchísimas áreas de la administración, dedicándose a extraer recursos del erario estatal. Pero la aportación más importante al estudio de la organización de redes en torno a la corrupción, es el conocimiento de un segundo sistema, que encubre, provee protección, y garantiza la impunidad. Lo describo.

CIRCULO DE CONFIANZA.- Inicialmente, el sistema opera desde el primer círculo de confianza del gobernante. Este se compone por familiares o amigos incondicionales, que han comprobado lealtad a toda prueba. Estos son ubicados en puestos claves de control de flujo de dinero. Desde ahí se ordenan y coordinan las diversas acciones de “extracción” de recursos públicos

NEUTRALIZACIÓN Y COPTACIÓN DE ÓRGANOS DE CONTROL.-Desde ese primer círculo, con cuatro o cinco incondicionales, se desagrega la red a todo el gobierno. Un punto muy sensible son los órganos internos de control. Estos deben de ser neutralizados y cooptados, para que se integren a la red de corrupción. De esa forma se brinda la seguridad necesaria para evitar cualquier investigación o auditoría, garantizando la impunidad de las acciones expoliadoras. En Chihuahua, gran parte de las operaciones obscuras, contaron con la colaboración de las áreas de contraloría y auditoría gubernamental.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.- La capacidad de controlar a los medios de comunicación, resultó vital para permitir la tranquilidad de todos los participantes en el saqueo del erario chihuahuense. El gobierno de Duarte gastó 1107 millones de pesos anuales, para distribuir entre la prensa y medios electrónicos y digitales, logrando anular cualquier denuncia o investigación periodística, que evidenciara el desvalijamiento del patrimonio público o propiciara el ejercicio de una prensa libre.

CONTROL DE LA OPOSICIÓN.- Prohijar partidos de oposición sumisos al poder del gobernador Duarte, resultó ser una garantía para operar con tranquilidad la realización de peculados dentro del gobierno, sin temor a ser descubiertos o denunciados. Someter a los opositores requirió de la compra de incondicionalidad a través de dinero y prebendas. Solo el voto de aprobación del último endeudamiento multimillonario, fue pagado a mas de 2 millones de pesos por diputado.

PARTIDO GOBERNANTE.- El control absoluto de su partido, fue el postulado sobre el que se actuó durante el reinado de César Duarte. A fin de tener formas eficientes de premiar la incondicionalidad o castigar el disenso, se llevó a cabo una minuciosa operación sobre el PRI local, para mantenerlo sujeto a la voluntad del Ejecutivo, y colaborar en el encubrimiento de todas las maniobras tendientes a permitir la extracción de fondos gubernamentales. Las transferencias de apoyos y fondos fueron cotidianas.

COBERTURA PARTIDISTA NACIONAL.- Duarte logro una íntima coordinación con la dirigencia nacional de su partido, a la cual proveyó de fondos para enfrentar diversas batallas electorales. Bajo esas circunstancias, siempre contó con la complicidad de la instancia partidista nacional, que le aseguraba realizar el desfalco sin correr riesgo alguno.

De esta dramática narración del caso Chihuahua, presentada por el gobernador Corral y sus acompañantes, podríamos encontrar varios indicadores, que de resultar positivos, que pudieran advertir a la sociedad sobre la posible operación de una red de corrupción en su gobierno. Para ello, elaboramos el siguiente test:

CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR LA OPERACIÓN DE REDES DE CORRUPCIÓN EN UN GOBIERNO ESTATAL

1.- ¿Hay identificados dentro del círculo de confianza del gobernador, familiares o amigos incondicionales, con influencia sobre la administración pública estatal?

2.- ¿Existen síntomas de neutralización de las áreas de auditoría, control y fiscalización del gobierno, patentizando un ejercicio desganado, carente de iniciativa, que indique la posibilidad de desvío de recursos dentro de la administración pública, sin que haya reacción alguna?

3.- ¿Se actúa con opacidad y se identifican gastos desmedidos en comunicación social, realizando pagos excesivos a medios de dudoso impacto en la sociedad? ¿ ¿Hay criterios objetivos de contratación de publicidad oficial, que garanticen la eficacia  de comunicación de los mensajes y campañas del gobierno?

4.- ¿Se advierten signos de control y manipulación del Congreso desde el Ejecutivo, mediante la captura de los diputados de oposición, así como la incondicionalidad de los diputados del partido gobernante? ¿Considera que el titular del ejecutivo ha logrado un total control, que brinde cobertura a la corrupción, desde el Poder Legislativo? ¿Desde el Congreso se avalan consejeros anticorrupción incondicionales, designación de fiscales manipulables, nombramiento de magistrados a modo, para lograr intervenir a plenitud en el Poder Judicial?

5.- ¿La voluntad del gobernador define la designación de diputados y miembros de los ayuntamientos, borrándose cualquier síntoma de independencia en el seno del partido oficial? ¿Posee el poder omnímodo para designar a su sucesor, logrando el encubrimiento de los desvíos realizados durante su gestión? ¿Tiene asegurada una relación de colaboración y apoyo mutuo con las instancias partidistas nacionales, para que encubran, de ser necesario, cualquier crítica o acción punitiva sobre desempeño local?

Si usted identifica algunas de estas condiciones en la vida pública de su entidad federativa, preocúpese, es muy probable que en ese gobierno se encuentre operando una red de corrupción, expoliando, cómodamente y sin riesgo alguno, los dineros públicos que deberían utilizarse para mejorar las condiciones de la población, impulsando el desarrollo de la comunidad y construyendo el bien común; en vez de utilizarse para el enriquecimiento de funcionarios o engordar “cochinitos” para sostener carísimas campañas electorales. Póngase alerta, porque cuando los contrapesos institucionales y los controles internos de un gobierno, son nulificados, la corrupción reinará.

Texto de la columna publicada el 28/1/2018, en AM LEÓN.

@carce55

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LOS CHICOS DE HACIENDA

Carlos Arce Macías

Corrían lo primeros años del siglo XXI, cuando un viejo conocido de las intensas batallas por la democracia en México, que culminaron con el derrocamiento del PRI como partido gobernante, me decía:

-Ahora me doy cuenta, que en este nuevo gobierno, la Secretaría de Hacienda no es del PAN.

-Muy perspicaz tu observación-, le dije.

-No te burles, porque también observo, que tampoco es del PRI. Eso me ha sorprendido. Hacienda es de los hacendarios, son una casta dorada dentro del gobierno.

Retomo esa conversación de hace quince años, ante el gravísimo conflicto que se ha desatado entre el gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda, lesionando hondamente el pacto federal. Vale la pena repasar la historia reciente de la SHCP, para tratar de entender los sucesos que hoy preocupan.

Desde la época postrevolucionaria (1925), Hacienda se consolidó como un ente profesional, bajo la dirección del ingeniero, convertido en experto financiero, Alberto J. Pani, apoyado por un joven subsecretario: Manuel Gómez Morín. Durante la gestión presidencial de Plutarco Elías Calles y luego la de Abelardo Rodríguez, se fundaron el Banco de México, el de Crédito Agrícola y el Hipotecario Urbano y de Obras Públicas (BANOBRAS). Desde esa zona gubernamental, se consolidó un grupo de técnicos, que contribuyeron con sus conocimientos al buen gobierno hacendario y financiero. Todo basado en el más gomezmoriniano pensamiento, consistente en intentar unir la técnica y la política, en busca del progreso del país.

Hacienda continuó su camino a la profesionalización de sus cuadros, gracias a los periodos de estabilidad en el cargo de dos de sus secretarios, como en el caso de Eduardo Suárez Aránzolo de 1935 a 1946, y posteriormente con la histórica gestión de Antonio Ortíz Mena (1958 a 1970),  durante el periodo denominado “Desarrollo Estabilizador”, que condujo al país a una certidumbre económica nunca antes conocida.

Durante estos períodos, la Secretaría de Hacienda se nutrió, esencialmente, de profesionistas egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con formación jurídica y bancaria. Pero ya en 1946, el silaoense Raúl Bailleres había hecho realidad su sueño de fundar un nuevo centro de educación superior, bautizado como Instituto Tecnológico de México, convertido en autónomo, a partir de 1963, bajo el acrónimo de ITAM. Su primer carrera que ofreció, fue la de Economía, y ahí se comenzaron a acrisolar los conocimientos curriculares de diversos funcionarios del sector hacendario.

Mientras tanto, los juristas originarios de la UNAM, a cargo de la conducción económica del país, comenzaron a mostrar una desbocada fiebre por el gasto público y el endeudamiento, que desembocó en la funesta frase del ex secretario de Hacienda y luego Presidente de la República, José López Portillo que exclamó, para espanto de inversionistas y empresarios: “a partir de ahora, la política económica se decide en Los Pinos”. ¡Kaput! Entre su amigo de juventud, Luis Echeverría y él, hicieron trizas la economía de México. Quedaba claro, a partir de las dramáticas devaluaciones de esa época, que el país requería un cambio en la conducción de la economía, que debía ser liderado por un nuevo equipo mejor preparado, más capaz y con fuertes relaciones globales.

El arribo de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia, marcó ese cambio. El perfil de los funcionarios varió, luego de los desatinos de los abogados realizando  funciones económicas. Por fin, un economista egresado de Harvard, llegaba al timón de la nación; y con él, una nueva camada de funcionarios preparada esencialmente por el ITAM. Descollaba sobre todo el joven y dinámico secretario de Hacienda Pedro Aspe Armella, doctorado en economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Aspe se convirtió, desde el seno del ITAM, en el oráculo de la nueva estirpe del funcionariato hacendario, proveniente de la licenciatura itamita, y doctorados en universidades americanas como Harvard, Yale, Chicago, Stanford y MIT. La técnica y rigurosidad científica aprendida por los jóvenes doctorantes egresados del ITAM, conduciría al país hacia el rumbo indicado por el Consenso de Washington, cuyo objetivo era la estabilización macroeconómica, para liquidar la inestabilidad sufrida en los últimos sexenios.

A este grupo han pertenecido los secretarios del ramo: Francisco Gil Díaz, Agustín Carstens, Ernesto Cordero, José Antonio Meade y Luis Videgaray. No hay duda, en épocas recientes, la economía mexicana se ha manejado por los egresados del ITAM. De ahí un justo reconocimiento a la descollante institución. Así su fundador, discreto comerciante de Silao, convertido en exitoso empresario y luego en un gran filántropo, había logrado su meta.

Dentro del gabinete del actual presidente, Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray se ha impuesto y reinado sobre sus colegas, impulsando la brillante carrera de su amigo de toda la vida, José Antonio Meade. Ahora se encuentran en posición de lograr la Presidencia de la República para este cohesionado grupo de funcionarios, asistidos desde el PRI, por otro egresado de la misma institución: Enrique Ochoa Reza, actual presidente de ese instituto político.

Pero no nos vayamos con la finta, el grupo hacendario no pertenece al PRI, se trata de una solida conjunción de carreras políticas, que arriban a su climax, pretendiendo lograr para uno de ellos la titularidad del Ejecutivo Federal. Han colonizado la administración pública central. Con desparpajo inusitado, manejan la distribución de los dineros públicos, y miran hacia abajo y por encima del hombro, al resto de la clase política. Consideran al PRI como suyo, dándose el lujo, incluso, de definirse como externos. Están académicamente muy bien preparados y confiados en que pueden ganar la próxima elección. Su acceso a los presupuestos públicos no conoce límite alguno.

¡Ah!, olvidaba, el nuevo ministro de Hacienda, José Antonio González Anaya, integrado al círculo itamita, poseé el currículum más solido de toda la camada. Estudió dos carreras, economía e ingeniería mecánica en el legendario MIT, maestría y doctorado en Economía en Harvard, maestro e investigador en Stanford, economista “senior” en el Banco Mundial (WB), una larga trayectoria en el servicio público, destacándose como director del IMSS y de PEMEX. Pero acaba de cometer un error… solo uno. Decidió incumplir tres convenios de apoyo al Gobierno de Chihuahua, como reacción a la investigación judicial sobre triangulación de dinero público, para apoyo del PRI Nacional. Es un hecho inusitado, que rompe el llamado “pacto de impunidad”, entre la clase política del país. Este asunto abre un boquete debajo de la línea de flotación de la campaña a la presidencia del candidato del PRI. Frente a frente, el gobernador Javier Corral, de apasionado y contundente discurso y olfato político sensibilizado por  una larga carrera parlamentaria, está aplastando años de estudios en el extranjero, sesudas tesis doctorales, innumerables cursos de especialización y currículums… y quizás una fulgurante candidatura, planeada desde hace años. La política se hace en la calle con los ciudadanos, no desde las aulas y entre sesudos académicos. Y la política es cruel.

Texto publicado en AM LEÓN 21/1/2018

@carce55

MAPEANDO LA RED DE CORRUPCIÓN

Carlos Arce Macías

Cuando uno de los nuevos funcionarios del gobierno de Chihuahua inquirió a los mandos directivos de la administración del ex gobernador César Duarte, por qué habían maquinado de forma tan grotesca y descarada la extracción de dinero público, con el fin de surtir las arcas del PRI nacional, uno de ellos respondió:

– Porque nunca pensamos que pudiésemos perder la elección, y con ello el gobierno.

Llamo la atención sobre esta respuesta clarificadora que nos permite encontrar la punta de la hebra de la extensa red de corrupción que ahoga al país y desalienta profundamente a la ciudadanía. Debemos halar la hebra y seguirla para encontrar formas, razones y motivos, que sustentan este torcido sistema corruptivo, que ha capturado a casi toda la clase política mexicana. Pocos se salvan.

Para comenzar el recuenta, hay que puntualizar que solo el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral y toda su complejísima y costosa maquinaria de organización y fiscalización, no se enteran ni perciben, que todos los partidos condicionan y compran votos. Así mismo, negocian apoyos de medios de comunicación y encuestadores, disfrazando como simples opiniones, extensas y costosísimas campañas propagandísticas. Tanto dinero corre por la economía nacional, que el propio Banco de México, detecta sexenalmente, el incremento inaudito de dinero en efectivo, en el mercado interno. La transa se realiza en las narices de los encargados de organizar, supuestamente, elecciones limpias y sin trampas. Fingen no ver ni oír, ni darse cuenta de nada. Es un hecho innegable: no hay elecciones limpias en el país.

¿De dónde sale esta absurda cantidad de dinero para invertir en elecciones? La respuesta es simple, y se acredita con los descubrimientos en las recientes investigaciones de la Fiscalía General de Chihuahua, y el testimonio de diversos ex funcionarios, ya sentenciados, que revelaron el “modus operandi” de la corrupción electoral: se obtiene de las arcas gubernamentales, a través de dos métodos: empresas prestadoras de servicios, denominadas en el argot corporativo como “fantasmas”; y la contratación de obra pública, a precios inflados (30%), mediante compañías que se prestan a trasladar parte del importe, denominado “moche”, a los políticos que los recomiendan para ser contratados. No tengan duda, así es, y sucede bajo nuestras narices, todos los días.

Pero los más grave y pernicioso, es que el asunto no para en la parte electoral, sino que se traslada al ámbito de toda la vida pública, y afecta al conjunto del sistema político. Trataré de desglosar el efecto de la trampa electoral, sustentada en la galopante y extendida corrupción gubernamental, que roba dinero público y lo traslada a los partidos políticos, para ser gastado en las elecciones. Bajo este efecto, en el interior de los partidos, se identifica un  desplazamiento de aquellos militantes que se resisten a aceptar y ejecutar prácticas corruptas. Los políticos, educados bajo estrictos estándares éticos, quedan automáticamente desplazados por la operación de grupos partidarios, que sin escrúpulo alguno, utilizan parte de los dineros mal habidos, para comprar voluntades y ganar posiciones dentro de su instituto político. En pocas palabras, los corruptos señorean los partidos, son competitivos y pueden ganar elecciones, tanto internas como externas; mientras los militantes honestos, pierden sus cargos y candidaturas, siendo desplazados y segregados. Ya en el extremo del modelo, se suprimen las prácticas democráticas y se establecen métodos de designación por acuerdo de las cúpulas dirigentes.

Ahora bien, el éxito de la operación político-electoral, a través del robo ilimitado de dinero público, depende de dos cuestiones fundamentales: no perder la elección y conservar el poder, para mantener encubiertos los distintos latrocinios; o bien, si acaso se pierde, estrechar y solidificar un “pacto de impunidad” con los ganadores, que no evidencie desvío alguno, y conserve la simulada pureza de los derrotados. Así, en caso de perder o ganar, diferentes partidos políticos, conseguirán seguir esquilmando los presupuestos ad infinitum.

En el ámbito económico, la riqueza se concentra en la estructura cupular. Solo obtienen ventajas y mercados exclusivos, las oligarquías que pactan con los poderosos y se convierten en sus recaudadores de recursos sucios y lavadores de dinero. Se consolida la llamada “economía de compadres”, que cancela la competencia y el libre acceso a los mercados. La regulación se expide en beneficio de unos cuantos. La riqueza se concentra en pocas manos, liquidando la instauración de un capitalismo funcional, benéfico para todos.

Esta atroz maquinaria corruptiva, ha sumido al país entero en la más desoladora desesperanza, prohijando una clase política absolutamente carente de virtudes públicas, comenzando por la honestidad y la decencia. Así no podemos progresar.

Por eso resulta tan importante la batalla de Chihuahua. El gobernador Javier Corral, y sus funcionarios encargados de identificar y combatir la corrupción, han roto, violentamente, el “pacto de impunidad”, documentando, en procesos judiciales, la mecánica del delito, y exhibiendo la criminal operación desde los partidos políticos para trampear elecciones. La extradición de César Duarte, se convierte en tema fundamental para profundizar las pesquisas, y desnudar la profundidad y extensión de toda la red de corrupción. Por eso la virulenta reacción del gobierno federal contra Corral. Su lucha es solitaria, pero digna. El resto de los gobernadores de oposición prefieren el silencio. Son cobardes o tienen la cola larga.

No creemos desde esta atalaya, que ninguna organización política que mantenga posiciones de gobierno, se salve. Casi todos roban dinero del erario, y contadísimos son los que actúan con honestidad. Los pillos han colonizado a los partidos, y es la única forma que conocen de “hacer política”. Son unos tramposos.

Por lo pronto, con los datos que contamos por el momento, hemos concluido el mapa. Apoyen a Corral, nos conviene.

Columna editorial publicada en AM LEÓN, el 15/1/2018

@carce55

LOS FANTASMAS DE LA CORRUPCIÓN

Carlos Arce Macías

El 1 de febrero de 2017, el abogado fiscalista Luis Manuel Perez de Acha, publicó en la revista “Nexos” un interesante texto denominado “Los Cárteles de la Corrupción”, en dónde se evidencia la estructuración de un eficiente sistema para defraudar al fisco por medio de empresas ficticias. Pero también aprovecha para denunciar con singular claridad: “las empresas fantasma también se emplean para cometer actos de corrupción y financiar campañas políticas. Al igual que sucede con la evasión fiscal, todas esas actividades se instrumentan a través de estructuras sofisticadas y bien organizadas, en las que no solo participan funcionarios públicos, sino también empresarios, asesores profesionales, notarios y ejecutivos bancarios. Se trata de verdaderos cárteles a la manera del narcotráfico”.

El texto del experimentado fiscalista, tiene como antecedente la escandalosa revelación del sitio “Animal Político”, que desde el 21 de mayo de 2016, había denunciado “Las empresas fantasmas de Veracruz”, que no es otra cosa, que uno de los más importantes mecanismos para extraer el dinero público y utilizarlo para colmar las alforjas personales y los llamados “cochinitos” para campañas políticas. El gobierno de Javier Duarte, había desplegado esa estrategia mediante la creación de 21 empresas “fantasmas”.

Al transcurso de los meses, se conoció que en Chihuahua, tras el cambio de gobierno y la ascensión a la gubernatura de Javier Corral, se iniciaba la persecución de exfuncionarios del sexenio del gobernador César Duarte, los cuales habían devastado los fondos estatales. Se comenzaron investigaciones para dar con los responsables de los delitos, que contribuyeron a vaciar las arcas del estado norteño.

El nuevo gobierno chihuahuense fue paciente, y poco a poco acumuló en los expedientes de las indagatorias, una importante variedad de pruebas, incluidos los testimonios de secretarios y subsecretarios de la anterior administración, que en conjunto configuraron la reina de las pruebas: la indicial, que vincula todos los hechos para conocer la verdad: el delito de peculado agravado, en perjuicio del pueblo de Chihuahua .

Con las órdenes de aprehensión libradas, varios funcionarios cayeron en prisión, incluyendo al exsenador Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, alias “La Coneja”, secretario adjunto del PRI con Manlio Fabio Beltrones y presunto operador del mecanismo para extraer dinero público, enviado para programas a Chihuahua desde la Secretaría de Hacienda, para luego extraer esas sumas, por medio de empresas “fantasma” creadas para fingir prestación de servicios inexistentes, tal como lo había descrito Perez de Acha en su artículo de la revista “Nexos”. Así el PRI se agenció 246 millones de pesos del estado. En las pesquisas se supo que este “modus operandi” era conocido como “Operación Zafiro” (New York Times y Proceso 23/12/2017) e incluía aparte de Chihuahua, tácticas similares en Nayarit, Quintana Roo, Aguascalientes, Veracruz y Tamaulipas, entre otras entidades estatales. Se trataba de conformar una bolsa de más de ¡1500 millones de

pesos!

Así, el año de 2018, pinta pésimo para el PRI. Todos los mexicanos intuimos el uso de dinero público para pagar la operación de acarreo y compra de votos que realiza a escala multitudinaria el Revolucionario Institucional, cada vez que hay elecciones. Sin embargo, esta certeza nunca se había probado fehacientemente. Hoy, gracias al puntilloso trabajo de la Fiscalía General de Chihuahua, contamos con los datos pormenorizados para mapear con precisión milimétrica la ruta del peculado articulado desde el PRI nacional, para abastecerse de millonadas de pesos, y así enfrentar con ventajas a sus adversarios. Las pruebas llegaron por fin al conocimiento de todos.

“El PRI Gate”, desvela para el nuevo sistema nacional Anticorrupción todo un tema, pero también pone en jaque al PRI, a la Secretaría de Hacienda, de donde proviene su candidato, y en general a todo el aparato federal. Enciende las alarmas en el Instituto Nacional Electoral (INE), especialmente ante el inoportuno nombramiento, en el área de fiscalización, de Lizandro Núñez Picazo, un personaje cercano a la Secretaría de Hacienda. Pero en realidad, este estruendoso peculado, debe exacerbar los ánimos de todos los buenos ciudadanos mexicanos, que deseamos la operación plena de la república, federalista y con separación de poderes real, así como el reinado de la democracia como forma de expresión de la voluntad de los ciudadanos.

Trampear las elecciones, robándose el dinero de los contribuyentes a través de empresas “fantasmas” constituidas para tal fin, y luego triangularlo al PRI, es una de las agresiones más groseras e indignas de un grupo de torvos gobernantes, en contra de todos los ciudadanos, no únicamente de los chihuahuenses.

Especialmente, a César Augusto Peniche, fiscal de Chihuahua, debemos de agradecerle la oportunidad que está brindando a los mexicanos, de conocer con detalle la trama del delito cometido por los priístas. Al gobernador Corral, habrá que reconocerle la valentía de plantar cara a la corrupción ¡por fin alguien lo hace!, exponiéndose a toda clase de embates. Ese es el tipo de conducción política que requiere nuestro país, para emerger del lodazal en que lo tiene hundido, la clase política más depredadora que haya padecido México, en muchos años. Esperamos que este sea el principio del fin a la impunidad.

@carce55

Editorial publicado en AM LEÓN el 7/1/2018