HUACHICOL, SEGURIDAD INTERNA Y FISCALÍA

Carlos Arce Macías

Como catarata se han venido los temas de interés, en este cierre de año. Durante la presente semana se agolparon importantes cuestiones que reclaman atención. Intentaremos un rápido acercamiento a cada una de ellas.

HUACHICOL.- Es sabido que el crimen organizado ha encontrado en el robo de gasolina, desde los ductos de PEMEX, el producto más rentable, incluso, que el tráfico y distribución de droga. De esa forma, la gasolina robada impacta de manera directa en el baño de sangre que sufre el país, especialmente Guanajuato, en dónde converge un nodo de distribución importante desde la refinería de Salamanca.

PEMEX y autoridades participan en el crimen organizado, de ahí que su calificativo de “organizado”, presupone el contubernio con autoridades. Se trata de la operación de un gran negocio negro, en el que participan personal de la empresa, huachicoleros y gasolineros. Estos últimos, logran enormes ganancias indebidas, al comercializar gasolina robada, que adquieren al 50% del costo y venden al precio general. Resultado: negocio redondo.

El involucramiento de los empresarios ha quedado a la vista, a manera de ejemplo, para enviar un mensaje al gremio, de que ha sido detectada su complicidad con los huachicoleros, y que deben detener su participación o atenerse a las consecuencias.

La estrategia más efectiva para acabar de forma contundente con el desgarriate, es la conformación de un mercado de hidrocaburos funcional, en el que la competencia, inhiba las malas prácticas generadas en el sector. Sin embargo se empiezan a detectar maniobras para evitar dicha competencia, desde el propio PEMEX, discriminando el suministro de gasolinas a las nuevas empresas entrantes al mercado, que han decidido a actuar de manera leal con los consumidores. Por lo pronto, desde la terminal de abastecimiento de Irapuato, se privilegia a las estaciones de servicio que aún detentan la franquicia PEMEX, en detrimento de las gasolineras de grupos empresariales distintos a la corporación estatal, obligándolos a suspender el servicio temporalmente, por causa de desabasto de gasolina, premeditado y doloso.

El combate a la huachicoleada fracasará, si las autoridades no obligan a PEMEX, a cumplir los términos de la reforma energética, con el fin de construir un mercado eficiente de gasolinas, en beneficio de los ciudadanos. ¡Cuidado!

SEGURIDAD INTERNA.- La presión gobernamental para aprobar las incursiones del ejército en las calles en labores que no le corresponden, estalló en los últimos días, forzando la aprobación, en la Cámara de Diputados, de la nueva Ley de Seguridad Interior.

La iniciativa, que pasará al Senado, presenta gravísimas deficiencias y contraviene derechos humanos. En el centro del debate, está la habilitación de las fuerzas armadas, para realizar una función para la cual no están preparadas: la seguridad. El encargo del ejercito es la defensa del país, frente a potenciales agresiones externas. Los soldados están entrenados para guerrear y matar enemigos, no para cuidar a los ciudadanos del crimen. Esa acción corresponde a las policías.

Por eso vuelvo a recordar la sentencia del jurisconsulto Ponciano Arriaga, constituyente en 1857: “Cuidar de la paz y seguridad pública, administrar la justicia y la hacienda, reprimir los crímenes y delitos, en fin, gobernar la sociedad, son atribuciones  de la autoridad que obra en nombre de la ley; la ley es expresión de la voluntad popular y los funcionarios militares nada tienen que hacer, por sí y ante sí, si  no son requeridos, mandados o autorizados por las potestades civiles en todos los negocios que no tengan  íntima y directa conexión con la disciplina de obediencia que es su primitiva ley”.

Mala idea, dotar de condiciones de discrecionalidad al Ejército y a la Marina, para realizar actividades propias de los civiles, la historia documenta el peligro de ubicar a los militares, tan cerca del poder político. Eso no es bueno ni correcto.

Quizás por ello, la mayoría de los diputados federales de Guanajuato, se abstuvieron de votar a favor la perniciosa iniciativa; pero también revelaron la influencia sobre ellos del gobernador del estado, que seguramente envió línea para no votar en contra del proyecto, y así parar la intentona militarizante. Insisto: queda a la vista la sumisión de los representantes populares, que deberían velar, antes que nada,  por los intereses de los ciudadanos, que por respaldar incondicionalmente la línea dictada desde el Ejecutivo estatal. Desnudemos la cuestión: diputados medrosos, sin fuerza propia, que dependen de la designación interna de los partidos, que rompe la dependencia con las bases militantes. A los electores se les prefiere repartir cachuchas, gallinas, tinacos y láminas, a garantizarles buenas leyes. Así estamos.

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN.- Y hablando de diputados, pasemos a los agobios de nuestros representantes estatales, metidos en un callejón sin salida, por haber fallado en el diseño de una ley fundamental para combatir de manera eficiente y eficaz la corrupción galopante, que coloniza nuestra sociedad.

La reelección hay que ponerla por delante. Se equivocaron, y permitieron el tránsito por el Legislativo, de una mala ley que acota el espacio de elegibilidad para los candidatos a ser fiscales anticorrupción. Solo los funcionarios que se han desempeñado como subprocuradores o ministerios públicos, fraguados dentro de la Procuraduría de Justicia del Estado y bajo la influencia del “Señor Procurador”, son elegibles para el cargo. Así lo determina la ley.

Bajo la nueva legislación aprobada, se torna imposible, el buen funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción. Los diputados armaron su propia jaula, se metieron en ella, pusieron el candado y están a punto de arrojar la llave fuera de su alcance. Necesitan patear el tablero, ser disruptivos, reconocer a plenitud su equivocación y convertir con ello, en improcesable políticamente el nombramiento del próximo fiscal.

Iniciar una reforma exprés, que modifique las condiciones actuales de elegibilidad, se hace urgente, para evitar pagar, a través de la negativa a su reelección, los costos de sus errores legislativos. Es el precio de la falta de concentración en los temas que son de su ámbito, y en lugar de ello, estar enfocados a la gestoría de obras, construcción de canchas deportivas, giras con el gobernador para inauguraciones y descuentos de casetas de peaje. A quedar bien con el Ejecutivo, pues, en lugar de convertirse en el filtro, que garantice la calidad de la legislación, como lo mandata el sistema republicano.  Ese es el problema, conste que se los advertimos a tiempo.

@carce55

1 comentario en “HUACHICOL, SEGURIDAD INTERNA Y FISCALÍA

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