Carlos Arce Macías
Comienza la temporada electoral, en que se renovarán miles de cargos públicos, incluyendo la presidencia de la República. Los cuerpos electorales, pomposamente denominados Organismos Públicos Locales (OPLES), serán los encargados de hacer cumplir la puntual normatividad estatal, en el caso de las elecciones para gobernador, diputados estatales y ayuntamientos. Tendrán que procurar una muy atenta y puntillosa administración y supervisión de los próximos comicios, que auguran alta conflictividad.
Lo hemos repetido en múltiples ocasiones, y lo seguiremos haciendo: a diferencia de los estados y la federación, en los que existe un diseño de división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), en el caso de los municipios, no se da tal separación, sino que son gobernados por un ente unitario y colectivo denominado ayuntamiento.
Esta significativa diferencia, nos conduce a reflexionar sobre las responsabilidades de los gobernantes. Va un ejemplo acerca de esta problemática: ¿quién es el responsable de la seguridad pública en los estados y la federación? La respuesta no se presta a dudas: los gobernadores y el presidente de la República, que son los titulares del poder ejecutivos en ambos ámbitos de gobierno. ¿Pero quién responde por la seguridad pública en los municipios? El primer personaje que viene a la mente de los ciudadanos y los medios de comunicación es el alcalde, y yerran, porque siendo un gobierno dirigido por una junta de representantes de la ciudadanía, es el ayuntamiento, en su conjunto, quién finalmente debe rendir cuentas de los resultados de esta función.
Dentro de un ayuntamiento se presentan diversos niveles de responsabilidad entre los miembros del cabildo, analicemos: un miembro de esta junta, que no pertenece a la comisión de seguridad, y que ve esta cuestión solo en las votaciones llevadas al pleno, sólo enfrenta una responsabilidad relativa. La cuestión cambia, entre los miembros que constituyen la Comisión de Seguridad, quienes tienen línea directa con los asuntos más importantes sobre la paz pública de su localidad. Y por último el alcalde, que al ostentar el puesto de ser quién preside el ayuntamiento, carga sobre sus hombros el compromiso de dar resultados en la lucha frente a los criminales que asuelan su municipio.
Así, cuando se incrimina a un alcalde, imputándolo como el directo responsable de los asuntos de seguridad de la comunidad, habría también que enderezar, directamente, las críticas y los obuses, en contra de los miembros del cuerpo edilicio que conforman la Comisión de Seguridad y especialmente sobre quiénes presiden este cuerpo gubernativo. Porque resulta muy cómodo, endilgarle todos los problemas y fracasos en la sensible materia de la seguridad al presidente municipal, cuando es todo el ayuntamiento, en diversos grados, el responsable.
Luego viene el asunto de la reelección, y se empieza a barajar la posibilidad de la postulación de diversos regidores, síndicos y alcaldes, para repetir en el cargo. En la situación actual, se descalifica, especialmente por los problemas de seguridad pública a muchos presidentes municipales. Opinamos, que casi en el mismo nivel de responsabilidad, deberían señalarse a los demás miembros del ayuntamiento, pero especialmente a los síndicos y regidores que integran la Comisión de Seguridad de un municipio.
¿Y qué ha provoca esta confusión? La respuesta está en el hecho de que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEGG), convertido en OPLE por las recientes reformas constitucionales y legales, permitió, en la pasada contienda local en Guanajuato, que los partidos políticos engañaran a la ciudadanía, permitiendo la promoción de la elección de ayuntamientos, como una simple elección de alcaldes.
En el pecado llevaron la penitencia los presidentes municipales, tan conspicuos y felices por la publicidad lograda en spots y carteleras, borrando de la publicidad al resto de los miembros del ayuntamiento. Pero ahora padecen las críticas feroces de la ciudadanía, que está desesperada por el incremento de la criminalidad en su entorno vital. En la soledad de su despacho, muchos alcaldes ven con agobio la falta de acompañamiento de su cabildo. Otros se mortifican ante la crítica de sus pares, que reclaman airadamente la rectificación de planes y programas, en el seno del ayuntamiento. La verdad es que la responsabilidad es de todos los ediles, con excepción de los que han sido críticos propositivos, y sus voces han sido despreciadas y ninguneadas por sus pares. Esos salvan cara.
Finalmente, mal hará el OPLE guanajuatense, si permite que los partidos políticos continúen publicitando la contienda municipal, como si se tratara de la de gobernador o presidente de la República. No es una elección de alcaldes, sino de ayuntamientos. ¿O el candidato a presidente municipal se comprometerá, el solito, a arreglar el rudo e intrincado asunto de la seguridad pública en su municipio? El órgano electoral, de no actuar en consecuencia, y disciplinar a los partidos políticos para que no engañen a los ciudadanos, puede volver a equivocarse otra vez. Sería un mal inicio.
@carce55
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