Carlos Arce Macías
Esta semana ha entrado en vigor la nueva normatividad estatal, para iniciar la puesta en marcha del sistema guanajuatense anticorrupción. El poder legislativo, identificó a partir de la reforma nacional, los dispositivos legales que debían ser reformados, así como el diseño de una nueva legislación, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. Hecho el trabajo, adoptando una posición conservadora, y evitando innovaciones que posicionaran al estado más allá de lo que la reforma central aconsejaba, ha llegado el momento de accionar las reglas recién expedidas.
El reto no es sencillo. Se trata de combatir uno de los sistemas mejor aceitados y coordinados que resquebraja a la sociedad mexicana: la corrupción. El mecanismo funciona como relojito, prácticamente en todos los rincones del país, y alcanza los diversos ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal. Funcionarios públicos, empresarios y ciudadanos comunes, se ven inmersos en esta práctica degradante, día a día.
Precisamente por esas razones, el desarrollo e implementación de los órganos anticorrupción deben estar bajo el escrutinio social, para identificar de inmediato cualquier desvío de los fines que se les ha encargado cumplir. La arquitectura legal que se escogió, resulta muy barroca, plagada de comités y comisiones, necesitados de una puntual coordinación, en la que conviven ciudadanos y funcionarios. No estará fácil la tarea, si no se cuenta con una certidumbre común a todos: la voluntad de combatir la maldición que vive el país, llamada corrupción, tope donde tope, y descartando cualquier indicio de impunidad.
La labor es titánica, y mas, si no se ha cumplido con la designación del fiscal anticorrupción, como es el caso, la única pieza del sistema, cuya función depende de un solo individuo. Este es el personaje encargado de poner a los corruptos tras las rejas. Y vale prevenir, resultaría impensable mantener al actual director general de la persecución de delitos cometidos por servidores públicos, cuyo gris perfil, se encuentra muy lejos de asemejarse a un feroz cancerbero, implacable persecutor de corruptos, que es lo que ahora necesitamos.
Paradójicamente, el destino parece cebarse sobre Guanajuato. Si no fuera suficiente el desafío constructivo que impone la reforma aprobada, precisamente al iniciar su vigencia, se producen dos casos paradigmáticos en cuestión de corrupción: la develación periodística de que el secretario estatal de Desarrollo Social y Humano, hacía mal uso de los recursos a su disposición, para promover su candidatura a gobernador; y el de un funcionario de la secretaría de Desarrollo Económico, que desde hace tiempo, pactaba el pago de “moches” con los beneficiarios de apoyos federales, tramitados por la secretaría en cuestión.
El primer caso, presenta enormes complejidades, sobre todo de índole político, tanto para el ejecutivo estatal, como para todo su equipo. La delación periodística provocó la inmediata separación del cargo del implicado, así como de parte de su grupo promotor. Y si no estuviera de estreno el sistema anticorrupción, las cosas no pasarían de tener esas someras consecuencias. Más ahora, la investigación sobre los hechos debe de ir a fondo, si no se quiere evidenciar la falta de voluntad para combatir la corrupción, convirtiendo de inicio, la propuesta de anticorrupción guanajuatense en una deplorable caricatura.
La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, es la encargada de recabar los datos del hecho denunciado, de manera puntual y meticulosa por el diario AM de León. Hay identificación de participantes, fotos de los autos oficiales utilizados, número de involucrados y testimonios del modus operandi de los encuestadores para promover al secretario involucrado. Seguramente, -ni nos atrevemos a dudar-, se ha llamado a testificar a los reporteros y se han solicitado mas videos, fotografías y detalles del evento, incluyendo la declaración del ahora ex secretario y sus ad láteres. La investigación debe de contener los relatos referentes a los hechos, de las autoridades municipales y sus respectivas contralorías, sobre la participación de diversos funcionarios locales, de los cuales no se entiende su involucramiento en el levantamiento de una supuesta encuesta en Celaya. Integrar al expediente la opinión del propio secretario de gobierno, sobre la participación de un subsecretario y funcionarios de esa dependencia, esto será vital para la indagatoria de la Secretaría de la Transparencia. De toda esta evidencia, y si se comprueban los hechos publicados por el diario leonés, se deberá rendir parte al Tribunal Administrativo para que imponga las sanciones administrativas correspondientes, a la vez que se haga la denuncia de carácter penal, a fin de que un nuevo fiscal, agresivamente inquisitivo, capaz y de profunda convicción anticorruptiva, inicie la cacería de los presuntos culpables de delitos contra la administración pública. Si se manda esta clara señal, quisiéramos ver quién será el temerario funcionario que en el futuro ose utilizar los presupuestos de los guanajuatenses para fabricarse una candidatura.
El otro asunto, pone en la mira del nuevo sistema, la vieja maña del “moche”, tan utilizada por los diputados federales de la LXII Legislatura, de un sinnúmero de constructores, así como de funcionarios públicos, convertidos en facilitadores de trámites en colusión con empresarios. La ocasión se pinta propicia para que el novel mecanismo, ponga coto a la perversa utilización de esta mala maña. De nuevo, la exigencia de una verdadera investigación, deberá aclarar no solo la culpabilidad del funcionario acusado, sino de la posible existencia de una red de complicidades, y por primera vez, incoar a los particulares, beneficiarios de la tranza, en la causa penal que se inicie, luego de la necesaria investigación, a fondo, de la Secretaría de la Transparencia.
En conclusión, el nuevo sistema anticorrupción, no puede debutar sembrando dudas. No hay espacio para investigaciones laxas, desganadas y superficiales, realizadas solo para solventar una dolosa impunidad, en beneficio de funcionarios “amigos”. Los romanos tenían una frase durísima: “fiat iustitia et ruat caelum” (hágase justicia, aunque se caiga cielo); así debe de ser el estreno de la política pública de anticorrupción en Guanajuato, ir hasta el fondo de los casos, “aunque se caiga el cielo”.
@carce55
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