ECONOMÍA DE CUATES

Carlos Arce Macías

 Turbulenta semana para Ricardo Anaya, publicitadísimo presidente de un partido político, y conocido por muchos mexicanos, a través de 1.4 millones de spots televisivos, utilizados para promover su imagen; y así, rodeado de sus “operadores incondicionales”, tratar de lograr la candidatura a la presidencia de la República.

 Un periódico de fama progobiernista, publicó un extenso y minucioso reportaje sobre el rápido aumento de la riqueza de la familia política del dirigente partidista. Los resultados que nos presentan, son que, coincidentemente con los 14 años de vida pública del joven Anaya, su familia cercana pasó de poseer un patrimonio de 6 inmuebles con valor de 21 millones de pesos, a 33 propiedades con un monto (supongo que catastral) de 308 millones.

 En el reportaje, solo se evidencia el desenvolvimiento del patrimonio de esta familia queretana. No hay acusaciones, solo información, que se deja maliciosamente a la opinión de los habitantes del zoológico político para que despedacen al autopublicitado dirigente.

 Por principio hay que poner en claro, que salvo que se pudiese comprobar trafico de influencias o uso de información privilegiada, estamos ante un caso de crecimiento patrimonial, aparentemente basado en una inteligente toma de decisiones, para comprar terrenos que luego pudiesen ser susceptibles de especulación inmobiliaria, transformándolos, en plazas comerciales, bodegas, hoteles, restaurantes y fraccionamientos residenciales.

 A la actividad, primero discreta a través de cuatro sociedades, desarrollada por esta familia de exitosos empresarios, correspondió luego la constitución de 17 empresas dedicadas a los siguientes giros: comercialización, arrendamiento, desarrollo inmobiliario, construcción, explotación de hoteles y de restaurantes. Una gama importante de actividades empresariales propias de una ciudad en explosivo crecimiento, como ha sido el caso de Querétaro en los últimos veinte años.

 Más la sobrerreacción del político, a la información propagada, resultó singular. Dirigentes y mandatarios de su partido, se aprestaron diligentemente a protestar por el artero ataque enderezado en contra de Ricardo. “Es una infamia”, espetó ante los medios, acusando al periódico de presentar, como propia, una investigación realizada por el gobierno para desprestigiarlo. El escándalo tomó, como lo esperarían sus adversarios, notoriedad declarativa, erosionando profundamente la cuidada imagen del joven dirigente partidario.

 Ahora bien, el relato periodístico, resulta ser la crónica normal, del desempeño de muchos políticos mexicanos, pertenecientes a todos los partidos. Consiste en lo que los economistas han denominado como “Crony Economy”, o economía de cuates. Esta se basa en la complicidad entre políticos y empresarios, para favorecerse mutuamente, eliminando los riesgos y el cumplimiento de la complicada tramitología de muchos proyectos empresariales convenencieramente apoyados “desde arriba”. El gran movimiento progresista, encabezado por Teodoro Roosvelt, a finales del siglo XIX en Estados Unidos, tuvo entre otros objetivos, demoler este sistema que permitió la operación de poderosos monopolios, y en las comunidades más pequeñas, el afianzamiento de oligarquías citadinas dueñas de la política y la economía del lugar, que impedían la expansión de los mercados y la mejor distribución del ingreso.

 El relato del desarrollo exitoso de empresas en México, no se explica, generalmente, sin el toque mágico de la política. Ahí está Slim, beneficiado con la venta de un monopolio por Salinas de Gortari. Pero en lo local, también se tejen historias de éxito, gracias a la divina intermediación de políticos, que desde puestos estratégicos y utilizando sus influencias, logran remover con facilidad las barreras de entrada a los mercados, normalmente bloqueados para los ciudadanos comunes y corrientes: licencias de alcoholes, usos de suelo, permisos de construcción, licencias de anuncio, aprobaciones de traza, permisos de venta, extensiones de horarios, etc.

 Por lo tanto, el reto que tiene México, no es regresar al estatismo y socialismo ineficiente de los años 70 del siglo pasado, sino el tránsito, hacia un capitalismo funcional, basado en el artículo 28 de la Constitución, que decreta la competencia leal y la libre concurrencia a los mercados para los ciudadanos. El ejemplo del joven Anaya, sirve para demostrar que las políticas de desregulación económica y mejora regulatoria, deben de ser llevadas hasta sus últimas consecuencias, especialmente en las ciudades mexicanas, con la finalidad de evitar la “concentración de éxitos empresariales” en unas cuantas manos, gracias a las amables recomendaciones de parientes, cuates o patrocinadores, posicionados en un puesto político; todo ello sin olvidar, que quienes han sublimado este método, elevándolo a la altura del arte, ha sido la tribu de políticos originarios de Atlacomulco, en el Estado de México. Frente a ellos, palidecen los queretanos y cualquier otro grupo de mexicanos. Son los amos y detentadores del grueso de la economía de cuates.

 Finalmente, resulta penoso, que sobre todo los jóvenes que empiezan a acceder a puestos destacados de la política, tanto a niveles nacionales como locales, no entiendan algo muy sencillo: a la política no se va a hacer negocios, ni para ellos, ni para sus familiares. Solo se va a servir, acatando el mandato establecido en leyes. Así de fácil y así de difícil.

@carce55

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ANTICORRUPCIÓN, GRAN ESTRENO

Carlos Arce Macías
 Esta semana ha entrado en vigor la nueva normatividad estatal, para iniciar la puesta en marcha del sistema guanajuatense anticorrupción. El poder legislativo, identificó a partir de la reforma nacional, los dispositivos legales que debían ser reformados, así como el diseño de una nueva legislación, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. Hecho el trabajo, adoptando una posición conservadora, y evitando innovaciones que posicionaran al estado más allá de lo que la reforma central aconsejaba, ha llegado el momento de accionar las reglas recién expedidas.

 El reto no es sencillo. Se trata de combatir uno de los sistemas mejor aceitados y coordinados que resquebraja a la sociedad mexicana: la corrupción. El mecanismo funciona como relojito, prácticamente en todos los rincones del país, y alcanza los diversos ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal. Funcionarios públicos, empresarios y ciudadanos comunes, se ven inmersos en esta práctica degradante, día a día.

 Precisamente por esas razones, el desarrollo e implementación de los órganos anticorrupción deben estar bajo el escrutinio social, para identificar de inmediato cualquier desvío de los fines que se les ha encargado cumplir. La arquitectura legal que se escogió, resulta muy barroca, plagada de comités y comisiones, necesitados de una puntual coordinación, en la que conviven ciudadanos y funcionarios. No estará fácil la tarea, si no se cuenta con una certidumbre común a todos: la voluntad de combatir la maldición que vive el país, llamada corrupción, tope donde tope, y descartando cualquier indicio de impunidad.

 La labor es titánica, y mas, si no se ha cumplido con la designación del fiscal anticorrupción, como es el caso, la única pieza del sistema, cuya función depende de un solo individuo. Este es el personaje encargado de poner a los corruptos tras las rejas. Y vale prevenir, resultaría impensable mantener al actual director general de la persecución de delitos cometidos por servidores públicos, cuyo gris perfil, se encuentra muy lejos de asemejarse a un feroz cancerbero, implacable persecutor de corruptos, que es lo que ahora necesitamos.

 Paradójicamente, el destino parece cebarse sobre Guanajuato. Si no fuera suficiente el desafío constructivo que impone la reforma aprobada, precisamente al iniciar su vigencia, se producen dos casos paradigmáticos en cuestión de corrupción: la develación periodística de que el secretario estatal de Desarrollo Social y Humano, hacía mal uso de los recursos a su disposición, para promover su candidatura a gobernador; y el de un funcionario de la secretaría de Desarrollo Económico, que desde hace tiempo, pactaba el pago de “moches” con los beneficiarios de apoyos federales, tramitados por la secretaría en cuestión.

 El primer caso, presenta enormes complejidades, sobre todo de índole político, tanto para el ejecutivo estatal, como para todo su equipo. La delación periodística provocó la inmediata separación del cargo del implicado, así como de parte de su grupo promotor. Y si no estuviera de estreno el sistema anticorrupción, las cosas no pasarían de tener esas someras consecuencias. Más ahora, la investigación sobre los hechos debe de ir a fondo, si no se quiere evidenciar la falta de voluntad para combatir la corrupción, convirtiendo de inicio, la propuesta de anticorrupción guanajuatense en una deplorable caricatura.

 La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, es la encargada de recabar los datos del hecho denunciado, de manera puntual y meticulosa por el diario AM de León. Hay identificación de participantes, fotos de los autos oficiales utilizados, número de involucrados y testimonios del modus operandi de los encuestadores para promover al secretario involucrado. Seguramente, -ni nos atrevemos a dudar-, se ha llamado a testificar a los reporteros y se han solicitado mas videos, fotografías y detalles del evento, incluyendo la declaración del ahora ex secretario y sus ad láteres. La investigación debe de contener los relatos referentes a los hechos, de las autoridades municipales y sus respectivas contralorías, sobre la participación de diversos funcionarios locales, de los cuales no se entiende su involucramiento en el levantamiento de una supuesta encuesta en Celaya. Integrar al expediente la opinión del propio secretario de gobierno, sobre la participación de un subsecretario y funcionarios de esa dependencia, esto será vital para la indagatoria de la Secretaría de la Transparencia. De toda esta evidencia, y si se comprueban los hechos publicados por el diario leonés, se deberá rendir parte al Tribunal Administrativo para que imponga las sanciones administrativas correspondientes, a la vez que se haga la denuncia de carácter penal, a fin de que un nuevo fiscal, agresivamente inquisitivo, capaz y de profunda convicción anticorruptiva, inicie la cacería de los presuntos culpables de delitos contra la administración pública. Si se manda esta clara señal, quisiéramos ver quién será el temerario funcionario que en el futuro ose utilizar los presupuestos de los guanajuatenses para fabricarse una candidatura.

 El otro asunto, pone en la mira del nuevo sistema, la vieja maña del “moche”, tan utilizada por los diputados federales de la LXII Legislatura, de un sinnúmero de constructores, así como de funcionarios públicos, convertidos en facilitadores de trámites en colusión con empresarios. La ocasión se pinta propicia para que el novel mecanismo, ponga coto a la perversa utilización de esta mala maña. De nuevo, la exigencia de una verdadera investigación, deberá aclarar no solo la culpabilidad del funcionario acusado, sino de la posible existencia de una red de complicidades, y por primera vez, incoar a los particulares, beneficiarios de la tranza, en la causa penal que se inicie, luego de la necesaria investigación, a fondo, de la Secretaría de la Transparencia.

 En conclusión, el nuevo sistema anticorrupción, no puede debutar sembrando dudas. No hay espacio para investigaciones laxas, desganadas y superficiales, realizadas solo para solventar una dolosa impunidad, en beneficio de funcionarios “amigos”. Los romanos tenían una frase durísima: “fiat iustitia et ruat caelum” (hágase justicia, aunque se caiga cielo); así debe de ser el estreno de la política pública de anticorrupción en Guanajuato, ir hasta el fondo de los casos, “aunque se caiga el cielo”.

@carce55 

 

EL AGUA Y EL ACEITE

Carlos Arce Macías

 Para mis queridos compañeros de la vetusta

generación 74´de la Escuela de Derecho de la UG

 Hace unas semanas, Andrés Manuel López Obrador, persistente candidato a la presidencia de México, realizó una gira a Chile. Ahí se entrevistó por 15 minutos con la señora Bachelet, presidenta de ese país, y se retrató en el Palacio de la Moneda, sede del gobierno chileno, bajo el retrato de Salvador Allende, el sacrificado presidente marxista, que murió en el ataque a la sede presidencial en septiembre de 1973, ante el golpe militar orquestado por la CIA y los militares chilenos, encabezados por Augusto Pinochet.

 López Obrador se declaró admirador de la figura de Allende, a quién erigió como apóstol de la democracia, equiparable a Francisco Madero. También celebró que “ahora se esté restableciendo”, durante el actual gobierno, la vida democrática en el país. Remató su declaración lisonjeando a Michele Bachelet, a quién considera el tabasqueño, la artífice del retorno a las libertades en Chile.

 Una semana después, el 4 de agosto en Chihuahua, fue convocado por el hiperactivo gobernador de esa entidad, Javier Corral un encuentro para discutir la conformación de un “Frente Amplio”, en donde participaron políticos y ciudadanos pertenecientes a diversas generaciones y posiciones políticas. Allí concurrieron tanto Cuauhtémoc Cárdenas como Gustavo Madero, Jorge Castañeda y Alejandra Barrales, Clara Jusidman, Ricardo Anaya, Emilio Álvarez Icaza, Agustín Basave, Santiago Creel, Guadalupe Acosta Naranjo, Alfredo Figueroa y Fernando Elizondo, quién destacó con un brillante posicionamiento.

 Ante ese significativo hecho político, desencadenado en Chihuahua, al proponerse un cambio de régimen, las interpretaciones y criticas se esparcieron por los medios de comunicación y las redes sociales, opinando algunos, que el acercamiento inicial entre PAN, PRD y distintas tendencias políticas que se dejaron sentir en el encuentro, eran equivalente a “juntar el agua con el aceite”, algo inconcebible en política, una verdadera contrahechura.

 Sin embargo, el estrecho y larguísimo país que es Chile, ubicado entre el mar Pacífico y la escarpada cordillera de Los Andes, nos proporciona la formula para combinar agua y aceite de forma virtuosa. Paso a proporcionar la información.

 Luego de la victoria del izquierdista partido de Unidad Popular (UP) en 1970 con el 36% de los votos (sic), Salvador Allende intentó un cambio radical en cuanto a la política y la economía del país, impulsando una agenda de corte nacionalista, estatista y de gasto desenfrenado. Al cabo de tres años, dejó a Chile con control de cambios, un marcado sobreendeudamiento, y una inflación del 606%. El país había decrecido el 5.5% en solo tres años. El caldo de cultivo para el golpe de estado, quedó perfilado, ante la muchedumbre de enfurecidas amas de casa, golpeando cacerolas en manifestaciones callejeras.

 De 1973 a 1990, la república andina padeció la feroz dictadura de Augusto Pinochet. Los derechos humanos fueron nulificados y violentados por la mano de hierro del autócrata. El camino de retorno a la democracia fue más complicado que escalar el Aconcagua. Muchos chilenos se vieron forzados a abandonar su país a causa de la persecución política. De aquéllas épocas, conocí a algunos verdaderamente extraordinarios, que encontraron cobijo en México.

 El drama chileno ocurrió bajo la combinación de dos tragedias: el forzar la imposición de una ideología diametralmente opuesta, sin contar con una mayoría suficiente que la respaldara; y la reacción a esa imprudencia con otra peor, inscrita en el contexto de la guerra fría y el acercamiento entre Cuba y Chile, retando la seguridad hemisférica de Estados Unidos, y propiciando un cruento golpe de estado, así como la imposición de una brutal dictadura que gobernó por 17 años.

 Sin embargo, se hizo la luz, y con ella la solución a esa infeliz circunstancia, mediante la construcción de un acuerdo político entre las fuerzas más disímbolas de la vida pública chilena: los partidos Demócrata Cristiano (derecha), Socialista (Izquierda), Por la Democracia (Izquierda) y Radical (Humanismo Laico), entre otros muchos. Juntos ganaron el plebiscito por el “No”, y vencieron a “Democracia y Progreso”, la coalición partidaria de fuerte raigambre pinochetista, durante las elecciones de 1990.

 La Concertación, restableció la democracia a plenitud en el país, mejoró la vida política a través del dialogo y entendimiento entre actores de diversa ideología, que aprendieron a ser tolerantes los unos con los otros, construyendo programas compatibles para todos. Gobernaron a Chile durante 20 años, con personajes de una gran calidad política: Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michele Bachelet.

 Pero el despegue inicial, requirió del talento de un líder con un rasgo a destacar: sus profundos conocimientos de derecho constitucional y administrativo, profesor universitario de estas materias, secretario del Instituto de Estudios Legislativos, y de la Comisión de la Suprema Corte de Justicia, así como director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ese fue Patricio Aylwin.

 Como conclusión podemos afirmar, tres cosas: la primera, que imponer una nueva ideología a un pueblo y mecanismos radicalmente distintos a una economía, sin el apoyo político y electoral suficiente, conducen al desastre. Segundo, que resulta aconsejable que el talento destacable del conductor de un experimento político cuya apuesta sea un cambio de régimen, recaiga en un profundo conocedor de la ingeniería jurídica. Tres, que para evitar dramas y tragedias, aceleremos la historia anticipando el desastre, con la construcción de una Concertación que nos evite el caos y la ruina. Queda como colofón, que en política nada es imposible, hasta el agua y el aceite se juntan.

 @carce55

EL DELFÍN

Carlos Arce Macías
 Cuando a un gobernante le interesa que el poder quede en manos de un incondicional, a este se le llama delfín. El nombre tiene su historia, deviene del medievo francés. Desde 1349, el heredero al trono de Francia lleva el título de delfín, debido a su nombramiento como Conde de Vienne, región del este de Francia, cuyo escudo de armas porta dos delfines. Así nació la tradición de enunciar al sucesor del rey francés como delfín. Posteriormente se extendió el sustantivo, para enunciar al personaje, que se pretende imponer como sucesor a un cargo.

 Pero la diferencia entre la ruta nobiliaria de los reyes de Francia, con la voluntad de un gobernante civil, es dramática. En el régimen monárquico, la sucesión del poder se da por vía hereditaria. El hijo del rey, recibe por lo tanto el delfinado de Vienne, solo por el hecho de ser el primogénito y primero en la línea de sucesión al trono. Mientras que en un gobierno republicano, la decisión de nombrar un delfín, significa el rompimiento de las normas democráticas para el traspaso del poder. La asignación del puesto se realiza mediante procesos de competencia dentro de un sistema de partidos políticos. Mientras esto sucede, los gobernantes deben mantenerse al margen de ello, para no alterar indebidamente la contienda.

 Los partidos son la fuente de candidaturas para detentar el poder. A ellos corresponde hacer que los ciudadanos virtuosos, comprometidos, con verdadero espíritu de servicio y talento, sean propuestos para los cargos de representación popular y para los del ejecutivo. Y ahí radica el problema que ahora padecemos.

 Si el sistema de partidos políticos mexicanos actual, fuera el vigente en Inglaterra en 1940, los británicos nunca hubieran encontrado un Winston Churchill que liderara la guerra contra el nazismo. Hitler hubiera vencido con facilidad. Los partidos políticos se han trasmutado en las instituciones más resistentes a la atracción de talento, aunque esa es su principal misión. Si fueran empresas, estarían en quiebra.

 Los partidos han recorrido un trance evolutivo de la camarilla inicial, a los partidos de masas, luego a los partidos atrapa-todo (catch all), para finalmente convertirse en partidos cártel. De los grupos de interés cerrado, la organización partidista se transformó en “partidos de masas” desde mediados del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX. Guiados por una ideología (el socialismo por ejemplo), se tejía una gran red, que teniendo como base utopías y sistemas para organizar mejor a la sociedad y acceder a niveles superiores de vida, capturaba así adeptos, que finalmente terminarían votando las candidaturas que su partido postulara. La ideología definía el voto.

Pero las cosas cambiaron. A partir de los años 50´s del siglo pasado, surgieron los partidos atrapa-todo. La dinámica electoral (americanizada) se sustentó en el candidato, y no en los programas o postulados ideológicos. La propuesta de campaña se manufacturaba buscando promesas que beneficiaran a todos los sectores: empresarios, amas de casa, jóvenes, jubilados, trabajadores, etc. Para todos habría una esperanza particular de mejora. De esta manera, la sociedad entera cabría en un supuesto programa que repartiría beneficios indiscriminadamente.

 Los partidos se fortalecen en la disputa democrática, sofisticando cada vez más sus tácticas, y obligando al estado a entregarles mayores presupuestos. Al llegar a este punto, los partidos adquieren la capacidad de sobrevivencia más allá de sus éxitos electorales, ya que sus presupuestos se los permite, controlando importantes zonas de gobierno, así como la asignación de recursos. La sobrevivencia conjunta de todo el aparato partidario queda garantizada, y con ello, el cártel queda constituido.

 La principal característica de los partidos cártel, consiste en que no requieren de la participación entusiasta de los ciudadanos. Tampoco necesitan de sus aportaciones, dinero y negocios les sobran. Todos, en mayor o menor medida tienen acceso al gobierno, y se distribuyen sus zonas de influencia por acuerdos internos. Lo que necesiten, simplemente lo compran: votos, organización, sistemas, etc.. El poder es suyo, en tanto que la democracia queda infelizmente cancelada.

 Por eso, estando así las cosas, alrededor de los partidos, se congregan las ambiciones, muchas veces patológicas, de personajes que no tendrían cabida en otro tipo de organizaciones. Son los tripulantes de los presupuestos y de la distribución de beneficios personales y grupales. En tanto, los buenos ciudadanos, por salud, recato y previsión, no se acercan a estos tugurios.

 Y ese es el problema que ahora enfrentamos. Como lograr que los partidos políticos postulen ciudadanos serios y responsables a los puestos públicos, y que garanticen un buen gobierno, que no sea botín de unos cuantos. Exijamos, pues, que el gobernante no se involucre en el nombramiento de un delfín en previsión de una competencia leal y pareja; y votemos solo candidatos potables, libres de sospecha de corrupción. Porque queremos democracia, no autoritarismo.

@carce55