Carlos Arce Macías
Recientemente, el gobierno estatal, para ahorrar problemas al municipio de Guanajuato Capital, y sobre todo para tratar de evitarles el fincamiento de responsabilidades a sus negligentes funcionarios, decidió otorgarles un adelanto de participaciones para que puedieran liquidar una pesada deuda, originada en actos claramente ilegales.
Dentro del sistema de cártel de partidos, que se ha conformado en nuestro país, a los guanajuatenses de la capital, el Partido Acción Nacional nos ha impuesto una pesada carga, al permitir a sus dirigentes locales negociar el municipio, para cederlo a una parte del PRI, la menos belicosa, más complaciente y acomodaticia, y así lograr una feliz y larga convivencia sin sobresaltos políticos, beneficiándose todos de un gobierno botín denominado: Guanajuato Capital.
Pero la cohabitación ha resultado tan perniciosa, que en 2010, una de las peores administraciones municipales que haya padecido Guanajuato, intentó permitir la comercialización de las áreas verdes que rodean los cerros más emblemáticos del entorno: los Picachos y La Bufa. La ciudadanía se rebeló e impidió la transgresión, basada en un pingüe negocio, ya convenido entre el ayuntamiento y los recientes propietarios de los terrenos al pie de riscos y montañas. La firme oposición ciudadana, llevó a la realización de un plebiscito que perdió el gobierno municipal, ante el pasmo de gobernador panista del estado, que nunca criticó ni frenó al corrupto gobierno capitalino, quizás para no evidenciar su larga cola de irregularidades y negocios turbios. Pura corrupción.
El siguiente gobierno tricolor, avizoraba una mejora substancial. Sin embargo, todo quedó en promesas y el desencanto fue mayor. La voracidad por la obra pública, solventada en moches, la destrucción implacable y feroz de varios de los jardines más tradicionales de la ciudad, el odio por los árboles y la propensión para transformar todo espacio publico en zona de changarros para venta de fritangas, acabó transformando el trienio en un remedo de gobierno, compuesto por vivales ávidos por capturar las rentas municipales.
Ahora la actual intendencia municipal, victoriosa en una elección, nuevamente convenida para encumbrar a un panista como legislador estatal, a costa de entregar el municipio otra vez al PRI; ha ido desmoronándose de forma acelerada, y es tal la desorganización interna y el enfrentamiento en el seno del Cabildo capitalino, que ha originado un exacerbado estrés en el alcalde que ha acabado por postrarlo en un hospital, en varias ocasiones.
Como explicaba al inicio, la última desventura que ha protagonizado nuestra opaca administración, es la necesidad de cubrir un pago de 60 millones de pesos adeudados al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por no haber pagado el impuesto sobre la renta de los trabajadores del municipio desde 2012. El ayuntamiento capitalino, acabó con los dedos contra la puerta, al ser embargado por el gobierno Federal, bajo la amenaza de ser intervenidas, también, sus cuentas bancarias.
Toda posibilidad de mejora administrativa y de servicios públicos hacia el futuro, ha quedado cancelada por el imprevisto pago, motivado por la irresponsabilidad de varias administraciones, incluido el interinato en 2012, del actual presidente municipal. Muy mustio, no ha querido informar con puntualidad del adeudo y el enorme daño patrimonial provocado a la capital del estado, a fin de intentar pasar desapercibida su negligencia.
En los informes trimestrales de la cuenta pública, en el apartado de “pasivos”, no está reportada la deuda al SAT. Ocultaron información. Son responsables, y por lo tanto sujetos al establecimiento de responsabilidades que pudieran ser no solo administrativas, sino también del orden penal: los ayuntamientos de los períodos 2009-2012, 2012-2015 y 2015-2018, encabezados por Nicéforo Guerrero, Edgar Castro (interino), Luis Gutiérrez y Edgar Castro. También los diferentes contralores municipales que no aplicaron correctivo alguno, por el no pago de los impuestos federales, e incluso, el órgano superior de fiscalización, dependiente del Congreso del Estado, y supervisado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, que no detectó las anomalías cometidas por las distintas administraciones municipales.
Pero sorprendentemente, nos hemos encontrado con una bonhomía y candidez inusitada de parte del ejecutivo estatal, para entregar, rápidamente y sin explicaciones de por medio, ¡60 millones de pesos! al municipio de Guanajuato, para que liquide sus agobiantes deudas. Algo muy sospechoso está sucediendo entre el gobierno del estado y el municipio. No resulta normal, en un juego democrático, tal liberalidad para prestar dinero a supuestos adversarios políticos, cuando estos han evidenciado una negligencia extraordinaria en el cumplimiento de sus deberes.
El gobierno estatal, está permitiendo la impunidad de diversos funcionarios municipales, mientras se crea en el Congreso el sistema anticorrupción de Guanajuato. Una terrible paradoja, que avizora el nulo compromiso para combatir a los corruptos, así como la lenidad en el ejercicio de la ética pública. El ejecutivo estatal debió haber exigido, antes de entregar los 60 millones de pesos, la total transparencia de la deuda, así como el inicio de procedimientos para fincar responsabilidades a los omisos y negligentes funcionarios, que dañaron el erario del municipio. Eso no le importó a la autoridad estatal, prefirió aparecer, muy sonriente en una foto, con el asustado y estresado alcalde capitalino. La nula exigencia con la rendición de cuentas, para otorgar el auxilio solicitado, seguramente abrirá el paso a la tradicional impunidad mexicana, una vez más. El pacto de impunidad quedó a la vista.
P.D: Información de última hora: Declara el síndico del Ayuntamiento de Guanajuato, que existe un déficit por 30 millones de pesos para poder solventar los compromisos del presente año. ¡Ahí les hablan, gobierno del estado, necesitarán otro préstamo!
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