DE CÓMO DEGRADAR EL QUEHACER POLÍTICO

Carlos Arce Macías
 Así no. Haciendo trampa, y utilizando recursos públicos para posicionar y promocionar una candidatura, no es el camino para lograr que un incondicional se convierta en gobernador de Guanajuato. Eso tiene un nombre: corrupción. Y también es un delito: peculado.

 El gobierno panista de Guanajuato, en sus estratos estatal y municipal, fue sorprendido en flagrancia, el pasado jueves por el diario AM, utilizando a funcionarios para promover al precandidato oficial Diego Sinhué Rodríguez, en comunidades y colonias del municipio de Celaya; utilizando vehículos oficiales y el tiempo de los empleados públicos. Todo bajo la batuta de un conocido “operador” de campañas, el venezolano Pedro Silva Agudelo, especialista en “Detección y Movilización Electoral”. Este personaje ha trabajado para Acción Nacional en las recientes campañas de Aguascalientes y Nayarit. Aparentemente se trata del levantamiento de una encuesta inofensiva, pero tras de ella se vislumbra el engranaje del mecanismo de detección de votantes, cuyos nombres y perfiles se vaciarán a una gran base de datos, desde donde se irá planteando la estrategia electoral, en una operación fincada en técnicas de big data. Teniendo definido el perfil de las personas, es mas o menos sencillo convencerlas por quién votar, ya que recibirán los mensajes específicos, de acuerdo a su perfil. Promesas a la carta.

Por medio de esta nueva tecnología, que cruza una enorme cantidad de datos de los posibles electores (Big Data), se puede trabajar una elección con gran posibilidad de ganarla. Eso hizo el PRI del Estado de México, controlando y aplicando sus recursos de la manera mas eficiente bajo la guía de la empresa líder en esta técnica: Cambridge Analytica. Pero finalmente se trata de un “big engaño”, es el arte de engatuzar, diciéndole a cada quién lo que le plazca, para lograr su voto, perdiendo la perspectiva ideológica de la elección, y el contexto de los problemas generales de una sociedad. Incentivados los consumidores de promesas políticas de esa manera, no votarán por la consecución de ideales comunes, sino por intereses específicos y egoístas de cada quién, trasmutados, de ciudadanos a viles consumidores de promesas. Es un retroceso civilizatorio, al opacar la conciencia colectiva, que constituye la infraestructura de la sociedad, y la base del proceso democrático y los principios de justicia social y solidaridad; para soterrar todo bajo la conveniencia particular. Así se degrada la política y se desalienta la generación de ideas valiosas. Por eso estamos como estamos.

 Por otro lado, los partidos pueden gastar su dinero en estos recursos que permiten el control de la elección, por medio del manejo de datos de los electores, no hay problema. Pero hacerlo desde el gobierno, utilizando recursos públicos, está prohibido y penado. ¿No lo entienden? Esta y otras inocentes encuestitas, ordenadas por la secretaría que dirige el propio precandidato, constituirán una enorme base de datos, sobre la que se sostendrá su precandidatura al interior del PAN, y la campaña del PAN para la gubernatura 2018.

 La estridente revelación periodística del AM, pone al descubierto el ilegal uso de recursos públicos por parte del gobierno. A los panistas que en su tiempo enfrentamos el peso de la acción estatal para imponer candidatos priístas en Guanajuato, nos duele y enoja esta conducta oprobiosa y reprobable. Es hacer trampa y competir en piso disparejo, con todos los recursos del ejecutivo del estado, a favor del delfín escogido.

 Esta situación, no solo agravia a los demás partidos opositores al PAN, sino que cancela la competencia interna, impidiendo el surgimiento de otras opciones, y liquidando a cualquier posible contendiente. Los verdaderos panistas tenemos la obligación de denunciar y combatir estos hechos, eliminándolos de la operación cotidiana de la política local. No permitamos esta descarada chapuza y apostemos por la democracia.

 La dolosa decisión de imponer una competencia desleal y tramposa a la vida política de Guanajuato, atenta contra una sociedad democrática y republicana, a la cual le ha costado un gran esfuerzo, ubicarse como un estado de avanzada en el país. No estamos dispuestos los guanajuatenses a echar por la borda nuestra historia.

 Pero la temeraria acción maquinada en Celaya, también desnuda a aquél político que ha sucumbido a la ambición por el poder, y que decidió utilizar todos los medios, incluso los ilegales, para intentar conseguirlo. Si así empieza, ¿se imaginan como terminaría su sexenio? Es la repetición, en el Bajío, de la historia de los Duartes, Borge y Padrés. La corrupción en pleno, pues.

Twitter: @carce55

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MITIGAR LA INDIGNACIÓN

  Carlos Arce Macías

 Guanajuato es una ciudad muy especial por su herencia cultural y arquitectónica. Siendo una localidad única en el mundo, ha sido catalogada como “Patrimonio Cultural de la Humanidad”. Esto lo debería saber puntualmente el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Guanajuato, Arq. David Jiménez Guillén, porque de ello depende el buen desempeño de su cargo.

 También debe de conocer el novel delegado, que en la ciudad de Guanajuato, nos quedamos bien acostumbrados, a presenciar desde la delegación del INAH, una furiosa defensa del patrimonio de Guanajuato y su entorno, especialmente en el cuidado y respeto por su arquitectura y por el tipo de construcciones que pueden erigirse en la ciudad y sus vecindarios. Don Sergio Tovar, el anterior delegado, fue un firme funcionario, que se resistió a permitir que los intereses particulares, primaran sobre los de la comunidad, proveyendo el cumplimiento estricto de la norma. Los guanajuatenses, que estamos siendo gobernados por un ayuntamiento sumamente débil, vimos con agrado como la autoridad federal, ponía freno al libertinaje de los abusivos, frente a la pasividad del gobierno local.

 Estas reflexiones se suscitan por las recientes declaraciones en torno al conflicto con el Hotel Casa Colorada, que ha emitido el Arq. Jiménez Guillen, dejando entrever una sospechosa actitud, que hace temer lo peor, a los grupos ciudadanos dedicados a la protección de la ciudad. El hotel, contra toda norma, decidió edificar en el cerro de San Miguel, un largo y exuberante bloque de concreto que alojará 40 habitaciones, alterando la sensible imagen urbana de la ciudad patrimonio de la humanidad. La delegación del INAH fue implacable y suspendió la obra, ordenando la demolición de la ilegal construcción. Hasta ahí todo bueno.

 Pero he aquí, que como acostumbramos en México, el agua turbia se mueve por las cañerías, tocando con su humedad las débiles voluntades burocráticas del funcionariato federal, al cual se le advierte una inusitada lenidad frente al problema de la indebida construcción hotelera. Nos advierte Jiménez Guillén que ahora, el agresivo y feo edificio, podrá ser “mitigado” mediante la siembra de arbolitos o con pintura que lo camuflagee con el cerro. Todo lo decidirán de común acuerdo, en México, con los dueños afectados, que violentando las normas que rigen la construcción en la ciudad, por sus pistolas, así nomás, construyeron lo que quisieron. Sus intereses primero, Guanajuato al final.

 El asunto es muy delicado, porque es un caso simbólico para la capital del estado. Permitir una construcción ilegal, y pactar una “mitigación”, como es el caso, hará permisible el mismo criterio para comenzar a construir en las laderas del Cerro del Hormiguero y La Bufa. Si el emblemático cerro de San Miguel, vigilante de todo el casco urbano, y que hospeda la efigie del El Pípila, puede ser mancillado por promotores hoteleros foráneos, sin misericordia para con la egregia ciudad; con mayor razón podrá, a partir de este hecho, ser promovida la expansión de la mancha urbana sobre los mitológicos crestones del sur de la ciudad. La Bufa estará en peligro inminente.

 Sépanlo Doña María Cristina García Cepeda y Don Diego Prieto, Secretaria de Cultura y director del INAH: el Festival Cervantino está muy cerca, y el enojo de los guanajuatenses puede manifestarse aprovechando el evento internacional, para hacer saber al mundo, que en materia de protección a Guanajuato, la impunidad impera sobre la aplicación de la ley, de ser el caso. El INAH debe asumir, a plenitud, su función protectora. No exigimos más.

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REELECCIÓN PARA DUMMIES

 Carlos Arce Macías

 El secretario de Desarrollo Social y Humano del estado, y adelantadísimo precandidato del PAN, Diego Rodríguez, ha decidido trastocar delicadísimas piezas políticas, del tablero electoral del 2018. Con total desparpajo, destapó a Éctor Jaime Ramírez Barba como candidato a alcalde de León, sin aparentemente darse cuenta de las serias consecuencias que esto trae para su partido.

 El temporal que el actual gobierno municipal de León ha tenido que sortear, tras heredar una administración caótica y desordenada, ha sido muy complicado para el alcalde Héctor López Santillana. Muchas críticas se pueden enderezar en su contra, especialmente en el tema de seguridad, pero no se debe de olvidar, que la conducción de un municipio, se hace desde un cuerpo colegiado: el ayuntamiento.

 Durante las campañas electorales de 2015, lancé una crítica directa al órgano electoral guanajuatense, por permitir a los partidos políticos que publicitaran los comicios municipales, como “elección de presidentes municipales”, y no “de Ayuntamientos”, como constitucionalmente habría de hacerse. Ningunearon la observación, y todos los partidos continuaron promocionando alegremente a sus candidatos a alcaldes, como si de eso se tratara la elección local. Error.

 El tiempo me ha concedido la razón; hoy se deben pagar las consecuencias del desatino, al focalizarse las críticas, por la ineficacia gubernamental, únicamente en los presidentes. Y eso es injusto, ya que el gobierno municipal es compartido, y las responsabilidades se distribuyen entre sus miembros. Estamos viviendo la gran estupidez de utilizar un modelo feudal, proveniente de la edad media española, y pensado para gobernar villorios de 5,000 habitantes, como nuestro modelo de gobierno de grandes ciudades, de más de millón y medio de residentes como es León. Un verdadero despropósito.

 Y por ese motivo no se encuentra la salida al gobierno municipal en México. Y ahora los paganos de la dificultad de gobernar las grandes urbes, son los alcaldes, que carecen de las atribuciones ejecutivas necesarias para responsabilizarse de la eficiencia y eficacia del gobierno. Y este problema, resulta especialmente significativo en Guanajuato, única entidad con un sistema de ciudades intermedias, que no encuentran la clave para ser gobernadas bien.

 Así las cosas, y sin considerar estas andanzas por los áridos parajes de la administración pública municipal, el novel secretario e intranquilo precandidato, decide anular de la posibilidad de la reelección al actual presidente municipal leonés. Grave torpeza, aparte de la majadería implícita en el hecho. Pero así son estos jóvenes políticos, soberbios y descuidados en las formas.

 La ignorancia y desconocimiento de las nuevas dinámicas que imprime a la política la posibilidad de reelección, han fabricado un pantano para el PAN. El solo hecho de descartar al actual presidente municipal de León de la contienda, significa el reconocimiento del fracaso de la administración panista que conduce los destinos del municipio más poblado del estado. Y eso se convertirá en parque para la oposición, que festinaría el naufragio del actual gobierno, para llevar agua a su molino. La eficiencia de un partido político, a partir de ahora, se medirá a través de las reelecciones que logren sus militantes.

 Y paso ahora a lo mas escabroso del arrebato del secretario Sinuhe Rodríguez: la propuesta de que Éctor Ramírez Barba, sea el candidato ungido para buscar la presidencia municipal de León. Lo mismo, retirar de la posible reelección al diputado Ramírez, conlleva un gravísimo error. Uno de los elementos que busca la posibilidad de reelección de los diputados, consiste en fortalecer al Congreso, a través de la repetición en el cargo de diputado. Así obtendríamos los guanajuatenses representantes más vigorosos frente a los demás poderes. En pocas palabras, es una de las pocas posibilidades que tenemos, de lograr el ansiado equilibrio de poderes. Contar con un diputado experimentado y conocedor de los temas del legislativo, frente a un nuevo gobernador bisoño, asignaría muchas posibilidades para configurar una cámara de diputados más poderosa y generadora de una política más agresiva de rendición de cuentas sobre el ejecutivo.

 Regresando al tema municipal; si lograra la reelección en su posición de alcalde Héctor López Santillana, daría un paso adelante para consolidar su importante pero limitado poder dentro del ayuntamiento. De esta manera, el nuevo gobernador tendría frente a sí, a un político revitalizado y maduro, difícil de doblegar desde el poder estatal. Los gobernadores siempre han sido las estrellitas del microcosmos estadual, porque nunca hasta ahora han tenido frente a sí a políticos con el poderío de la reelección a cuestas. Esa es otra historia que no conocemos.

 Pero pensándolo bien, quizás el impaciente suspirante a gobernador, no ha sido tan irreflexivo, y el precipitado destape, se deba a una bien armada maniobra para eliminar cualquier vestigio de amenaza, sobre una gubernatura muy vulnerable. No quiere que nadie le haga sombra, ni que los municipios adquieran mayor fortaleza, y menos que el Congreso le exija cuentas puntuales. Eso sería muy malo para Guanajuato.

Twitter: @carce55

60 MILLONES

  Carlos Arce Macías

 Recientemente, el gobierno estatal, para ahorrar problemas al municipio de Guanajuato Capital, y sobre todo para tratar de evitarles el fincamiento de responsabilidades a sus negligentes funcionarios, decidió otorgarles un adelanto de participaciones para que puedieran liquidar una pesada deuda, originada en actos claramente ilegales.

 Dentro del sistema de cártel de partidos, que se ha conformado en nuestro país, a los guanajuatenses de la capital, el Partido Acción Nacional nos ha impuesto una pesada carga, al permitir a sus dirigentes locales negociar el municipio, para cederlo a una parte del PRI, la menos belicosa, más complaciente y acomodaticia, y así lograr una feliz y larga convivencia sin sobresaltos políticos, beneficiándose todos de un gobierno botín denominado: Guanajuato Capital.

 Pero la cohabitación ha resultado tan perniciosa, que en 2010, una de las peores administraciones municipales que haya padecido Guanajuato, intentó permitir la comercialización de las áreas verdes que rodean los cerros más emblemáticos del entorno: los Picachos y La Bufa. La ciudadanía se rebeló e impidió la transgresión, basada en un pingüe negocio, ya convenido entre el ayuntamiento y los recientes propietarios de los terrenos al pie de riscos y montañas. La firme oposición ciudadana, llevó a la realización de un plebiscito que perdió el gobierno municipal, ante el pasmo de gobernador panista del estado, que nunca criticó ni frenó al corrupto gobierno capitalino, quizás para no evidenciar su larga cola de irregularidades y negocios turbios. Pura corrupción.

 El siguiente gobierno tricolor, avizoraba una mejora substancial. Sin embargo, todo quedó en promesas y el desencanto fue mayor. La voracidad por la obra pública, solventada en moches, la destrucción implacable y feroz de varios de los jardines más tradicionales de la ciudad, el odio por los árboles y la propensión para transformar todo espacio publico en zona de changarros para venta de fritangas, acabó transformando el trienio en un remedo de gobierno, compuesto por vivales ávidos por capturar las rentas municipales.

 Ahora la actual intendencia municipal, victoriosa en una elección, nuevamente convenida para encumbrar a un panista como legislador estatal, a costa de entregar el municipio otra vez al PRI; ha ido desmoronándose de forma acelerada, y es tal la desorganización interna y el enfrentamiento en el seno del Cabildo capitalino, que ha originado un exacerbado estrés en el alcalde que ha acabado por postrarlo en un hospital, en varias ocasiones.

 Como explicaba al inicio, la última desventura que ha protagonizado nuestra opaca administración, es la necesidad de cubrir un pago de 60 millones de pesos adeudados al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por no haber pagado el impuesto sobre la renta de los trabajadores del municipio desde 2012. El ayuntamiento capitalino, acabó con los dedos contra la puerta, al ser embargado por el gobierno Federal, bajo la amenaza de ser intervenidas, también, sus cuentas bancarias.

 Toda posibilidad de mejora administrativa y de servicios públicos hacia el futuro, ha quedado cancelada por el imprevisto pago, motivado por la irresponsabilidad de varias administraciones, incluido el interinato en 2012, del actual presidente municipal. Muy mustio, no ha querido informar con puntualidad del adeudo y el enorme daño patrimonial provocado a la capital del estado, a fin de intentar pasar desapercibida su negligencia.

 En los informes trimestrales de la cuenta pública, en el apartado de “pasivos”, no está reportada la deuda al SAT. Ocultaron información. Son responsables, y por lo tanto sujetos al establecimiento de responsabilidades que pudieran ser no solo administrativas, sino también del orden penal: los ayuntamientos de los períodos 2009-2012, 2012-2015 y 2015-2018, encabezados por Nicéforo Guerrero, Edgar Castro (interino), Luis Gutiérrez y Edgar Castro. También los diferentes contralores municipales que no aplicaron correctivo alguno, por el no pago de los impuestos federales, e incluso, el órgano superior de fiscalización, dependiente del Congreso del Estado, y supervisado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, que no detectó las anomalías cometidas por las distintas administraciones municipales.

Pero sorprendentemente, nos hemos encontrado con una bonhomía y candidez inusitada de parte del ejecutivo estatal, para entregar, rápidamente y sin explicaciones de por medio, ¡60 millones de pesos! al municipio de Guanajuato, para que liquide sus agobiantes deudas. Algo muy sospechoso está sucediendo entre el gobierno del estado y el municipio. No resulta normal, en un juego democrático, tal liberalidad para prestar dinero a supuestos adversarios políticos, cuando estos han evidenciado una negligencia extraordinaria en el cumplimiento de sus deberes.

 El gobierno estatal, está permitiendo la impunidad de diversos funcionarios municipales, mientras se crea en el Congreso el sistema anticorrupción de Guanajuato. Una terrible paradoja, que avizora el nulo compromiso para combatir a los corruptos, así como la lenidad en el ejercicio de la ética pública. El ejecutivo estatal debió haber exigido, antes de entregar los 60 millones de pesos, la total transparencia de la deuda, así como el inicio de procedimientos para fincar responsabilidades a los omisos y negligentes funcionarios, que dañaron el erario del municipio. Eso no le importó a la autoridad estatal, prefirió aparecer, muy sonriente en una foto, con el asustado y estresado alcalde capitalino. La nula exigencia con la rendición de cuentas, para otorgar el auxilio solicitado, seguramente abrirá el paso a la tradicional impunidad mexicana, una vez más. El pacto de impunidad quedó a la vista.

 P.D: Información de última hora: Declara el síndico del Ayuntamiento de Guanajuato, que existe un déficit por 30 millones de pesos para poder solventar los compromisos del presente año. ¡Ahí les hablan, gobierno del estado, necesitarán otro préstamo!

Twitter: @carce55