POLICÍA O MILICIA

Carlos Arce Macías

 El temporal político guanajuatense se avizora intenso y con vendavales, ha comenzado con la fractura entre organizaciones ciudadanas y gobierno, ante la decisión del gobernador Miguel Márquez, de retirar fondos estatales para fortalecer a los cuerpos de seguridad pública municipales, y reasignarlos para la construcción de un cuartel que será ubicado en Irapuato, desde donde operará una brigada militar, asignada por el Ejército mexicano a tareas de vigilancia. El cuerpo de policía militar, conformado por 3200 elementos, constará de 4 batallones. De acuerdo con la Ley Orgánica del Ejército y fuerza Aérea Mexicana, en su numeral 109, solo debería realizar labores en el ámbito interno del ejército.


Para Gustavo Rodríguez Junquera, nuevo Secretario de Gobierno, se trata de una insidiosa travesura del destino, que lo ubica en una bifurcación peligrosa: su compromiso con los derechos humanos, a cuya defensa ha dedicado su vida profesional, y su nuevo encargo, al mando de la operación política en el estado. La trampa esta armada, y tendrá que obrar con mucha pericia para no quedar atrapado en ella.

La ansiedad empieza a crecer dentro del ámbito de los encargados de la seguridad pública en Guanajuato. Las estadísticas rebelan aumentos dramáticos en el número de delitos. Las principales ciudades, pero especialmente León, están atemorizadas por el despliegue imparable de la criminalidad. Los dos influyentes funcionarios a cargo de la preservación de la paz pública, que venían actuando con seguridad, desenfado y hasta cierto dejo de soberbia, de pronto se han quedado sin respuestas. Su arma estratégica, el proyecto “Escudo”, les hace agua por todos lados, en tanto los cárteles se asientan a lo largo y ancho del territorio estatal.


Por su parte, la mayoría de los ayuntamientos, hacen mutis a su responsabilidad constitucional de ser los garantes de la seguridad pública. Temerosos de las presiones de los grupos delincuenciales, prefieren aceptar el mando único de facto, que el estado les ha propuesto, que asumir a plenitud su responsabilidad.
 Destaco el caso de León, en donde organizaciones civiles y autoridad local, han trabajado juntas, desde las dos últimas administraciones, a fin de caminar en el sentido correcto: fortalecer a la institución policiaca, mejorando sensiblemente las condiciones operativas de la policía municipal. Se sabe, que la única salida de una comunidad amedrentada por los criminales, consiste en tomar en sus manos la responsabilidad de conformar una policía muy profesional, que logre controlar el fenómeno delictivo dentro de su comuna. Es sabido por los expertos, que desde fuera, nunca llegará la solución.

 En la problemática que nos acosa hay una gran falla conceptual, que no se ha identificado cabalmente. Se trata de la necesaria categorización municipal. Porque resulta que los municipios, tratados constitucionalmente de manera igualitaria, no son iguales. La realidad nos presenta pueblos, ciudades intermedias y metrópolis. Cada categoría requiere, en el tema de seguridad, una receta diferente. Pero a todos se les pretende tratar por igual. Idealmente, por ejemplo, León, Irapuato y Celaya, son ciudades que deben poseer, sin excusas ni pretextos, policías cualificados, con capacidades para prevenir y combatir todo tipo de delitos del orden común, y desplegar sofisticados servicios de inteligencia. Esa es su función.


 Las ciudades intermedias, como Salamanca, Acámbaro, Guanajuato, San Miguel, etc., deben de contar con fuerzas disuasivas contra el crimen, bien organizadas, pero que seguramente requerirán del auxilio ocasional de los cuerpos policiacos estatales.

 Muchos pueblos, como Coroneo, Ocampo, Xichú, deberán mantener su policía tradicional, dedicada a funciones muy elementales, y por lo tanto, las fuerzas estatales deberán organizar su despliegue en esos sitios, para evitar el asentamiento de delincuentes en esos municipios. El principio de subsidiariedad debe aplicarse… y el mando estatal, en consecuencia, solo implementarse en las pequeñas localidades.

 Pero también, se debe de definir una cuestión fundamental del combate a los malhechores y la protección de los ciudadanos: que estas deben de estar a cargo de una fuerza civil y no militar. Este es un principio fundante de la función, en apego a las recomendaciones de las mas altas autoridades del tema. Así lo decreta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al analizar sendos casos de Perú y México; al tiempo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda severamente: “Dado que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno”(CIDH, Justicia e Inclusión Social: los desafíos a la justicia en Guatemala, 2003, párrafo 113. Y como referente jurisprudencial: Corte IDH, casos Cantoral Benavides vs. Perú y Fernández Ortega y otros vs. México).

 Por si esto no fuese suficiente para encontrar respuesta sólida a la pretensión de militarizar la seguridad pública en nuestro estado, el viernes, el periódico Reforma, consignó la noticia: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló a México por ignorar sus recomendaciones de retirar las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública”. Lo anterior basado en la reciente publicación del Informe Anual 2016, en el que se denuncia la desatención de nuestro país.


 A contrapelo de las indicaciones de las instituciones garantes del Pacto de San José, tratado internacional que es derecho vigente en nuestro país, el gobierno de Guanajuato, teniendo como segundo de abordo a un abogado especializado en la política de protección a los derechos humanos, decide, ante su incapacidad manifiesta, militarizar la seguridad pública, al tiempo que reduce su apoyo al fortalecimiento de las fuerzas policiacas civiles. El gobernador Márquez y el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, optan por enfrentar a las más conspicuas autoridades continentales, encargadas de la defensa de los derechos humanos. Un borrascoso temporal se cierne sobre el exprocurador de los derechos humanos en Guanajuato, novel secretario de gobierno. Paradojas de la vida.


Twitter: @carce55

1 comentario en “POLICÍA O MILICIA

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