POLICÍA O MILICIA

Carlos Arce Macías

 El temporal político guanajuatense se avizora intenso y con vendavales, ha comenzado con la fractura entre organizaciones ciudadanas y gobierno, ante la decisión del gobernador Miguel Márquez, de retirar fondos estatales para fortalecer a los cuerpos de seguridad pública municipales, y reasignarlos para la construcción de un cuartel que será ubicado en Irapuato, desde donde operará una brigada militar, asignada por el Ejército mexicano a tareas de vigilancia. El cuerpo de policía militar, conformado por 3200 elementos, constará de 4 batallones. De acuerdo con la Ley Orgánica del Ejército y fuerza Aérea Mexicana, en su numeral 109, solo debería realizar labores en el ámbito interno del ejército.

Para Gustavo Rodríguez Junquera, nuevo Secretario de Gobierno, se trata de una insidiosa travesura del destino, que lo ubica en una bifurcación peligrosa: su compromiso con los derechos humanos, a cuya defensa ha dedicado su vida profesional, y su nuevo encargo, al mando de la operación política en el estado. La trampa esta armada, y tendrá que obrar con mucha pericia para no quedar atrapado en ella.

La ansiedad empieza a crecer dentro del ámbito de los encargados de la seguridad pública en Guanajuato. Las estadísticas rebelan aumentos dramáticos en el número de delitos. Las principales ciudades, pero especialmente León, están atemorizadas por el despliegue imparable de la criminalidad. Los dos influyentes funcionarios a cargo de la preservación de la paz pública, que venían actuando con seguridad, desenfado y hasta cierto dejo de soberbia, de pronto se han quedado sin respuestas. Su arma estratégica, el proyecto “Escudo”, les hace agua por todos lados, en tanto los cárteles se asientan a lo largo y ancho del territorio estatal.

Por su parte, la mayoría de los ayuntamientos, hacen mutis a su responsabilidad constitucional de ser los garantes de la seguridad pública. Temerosos de las presiones de los grupos delincuenciales, prefieren aceptar el mando único de facto, que el estado les ha propuesto, que asumir a plenitud su responsabilidad.
 Destaco el caso de León, en donde organizaciones civiles y autoridad local, han trabajado juntas, desde las dos últimas administraciones, a fin de caminar en el sentido correcto: fortalecer a la institución policiaca, mejorando sensiblemente las condiciones operativas de la policía municipal. Se sabe, que la única salida de una comunidad amedrentada por los criminales, consiste en tomar en sus manos la responsabilidad de conformar una policía muy profesional, que logre controlar el fenómeno delictivo dentro de su comuna. Es sabido por los expertos, que desde fuera, nunca llegará la solución.

 En la problemática que nos acosa hay una gran falla conceptual, que no se ha identificado cabalmente. Se trata de la necesaria categorización municipal. Porque resulta que los municipios, tratados constitucionalmente de manera igualitaria, no son iguales. La realidad nos presenta pueblos, ciudades intermedias y metrópolis. Cada categoría requiere, en el tema de seguridad, una receta diferente. Pero a todos se les pretende tratar por igual. Idealmente, por ejemplo, León, Irapuato y Celaya, son ciudades que deben poseer, sin excusas ni pretextos, policías cualificados, con capacidades para prevenir y combatir todo tipo de delitos del orden común, y desplegar sofisticados servicios de inteligencia. Esa es su función.

 Las ciudades intermedias, como Salamanca, Acámbaro, Guanajuato, San Miguel, etc., deben de contar con fuerzas disuasivas contra el crimen, bien organizadas, pero que seguramente requerirán del auxilio ocasional de los cuerpos policiacos estatales.

 Muchos pueblos, como Coroneo, Ocampo, Xichú, deberán mantener su policía tradicional, dedicada a funciones muy elementales, y por lo tanto, las fuerzas estatales deberán organizar su despliegue en esos sitios, para evitar el asentamiento de delincuentes en esos municipios. El principio de subsidiariedad debe aplicarse… y el mando estatal, en consecuencia, solo implementarse en las pequeñas localidades.

 Pero también, se debe de definir una cuestión fundamental del combate a los malhechores y la protección de los ciudadanos: que estas deben de estar a cargo de una fuerza civil y no militar. Este es un principio fundante de la función, en apego a las recomendaciones de las mas altas autoridades del tema. Así lo decreta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al analizar sendos casos de Perú y México; al tiempo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda severamente: “Dado que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno”(CIDH, Justicia e Inclusión Social: los desafíos a la justicia en Guatemala, 2003, párrafo 113. Y como referente jurisprudencial: Corte IDH, casos Cantoral Benavides vs. Perú y Fernández Ortega y otros vs. México).

 Por si esto no fuese suficiente para encontrar respuesta sólida a la pretensión de militarizar la seguridad pública en nuestro estado, el viernes, el periódico Reforma, consignó la noticia: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló a México por ignorar sus recomendaciones de retirar las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública”. Lo anterior basado en la reciente publicación del Informe Anual 2016, en el que se denuncia la desatención de nuestro país.

 A contrapelo de las indicaciones de las instituciones garantes del Pacto de San José, tratado internacional que es derecho vigente en nuestro país, el gobierno de Guanajuato, teniendo como segundo de abordo a un abogado especializado en la política de protección a los derechos humanos, decide, ante su incapacidad manifiesta, militarizar la seguridad pública, al tiempo que reduce su apoyo al fortalecimiento de las fuerzas policiacas civiles. El gobernador Márquez y el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, optan por enfrentar a las más conspicuas autoridades continentales, encargadas de la defensa de los derechos humanos. Un borrascoso temporal se cierne sobre el exprocurador de los derechos humanos en Guanajuato, novel secretario de gobierno. Paradojas de la vida.

Twitter: @carce55

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ELECCIÓN EN CAMARILLA

Carlos Arce Macías

 Existe un fenómeno en la vida interna de los partidos, que ha ido desarrollándose y sofisticando desde hace varios lustros en el interior de las distintas formaciones partidarias. Se trata de la conformación de camarillas compuestas por militantes que buscan puestos de elección popular, y que se amalgaman para conformar una fuerza política interna, de tal magnitud, que acaba imponiéndose a cualquier proyecto diverso que intente obtener los mismos puestos en disputa. Se trata de una elección en camarilla.

Pongamos un ejemplo teórico, que nada tenga que ver con la realidad, para evitar herir susceptibilidades. Imaginémonos que en una entidad federativa van a llevarse a cabo comicios generales, que involucran gubernatura, diputaciones estatales y ayuntamientos. Lo normal, democráticamente hablando, sería atender cada una de esas candidaturas en su ratio, es decir en aquellas virtudes y capacidades que cada candidato debe poseer, para desempeñar, mejor que otros, el cargo al que se aspira. De esa forma, las coordenadas para cada elección en lo particular, se deberían mover en el terreno de las capacidades individuales; y la selección interna de los partidos debería pasar por una estricta evaluación de los precandidatos, teniendo como referencia su idoneidad para el puesto. Esta mecánica es la que filtraría las candidaturas, excluyendo a los poco capacitados, o claramente inviables. Estamos ante el hígado de la política, que debería funcionar para hacer llegar a los puestos públicos, a los militantes del partido mejor evaluados. Así debe de funcionar, desde el crisol doméstico de la vida partidaria, la democracia.

 Pero como sabemos por experiencia, algunas veces, la mano del diablo se presenta para trastocar los ánimos de honorabilidad. Esto sucede, cuando en esa entidad federativa hipotética puesta como ejemplo, un personaje, con ciertos respaldos y potencia política, empieza, casi siempre anticipadamente, a manifestar sus ánimos por la gubernatura, exhibiendo el supuesto respaldo del gobernador en turno. Las fuerzas políticas al interior del partido, se comienzan a alborotar. La apuesta por las futuras candidaturas, se desata, y de inmediato tenemos la conformación de una camarilla política, en busca de todos los puestos a disputarse en la elección general y el reparto de posiciones dentro del futuro gobierno.

 Describo pormenorizadamente: el impaciente precandidato a gobernador, acuerda con los políticos aspirantes al cargo de diputados, en los diversos distritos, apoyo mutuo. Casi siempre se trata de recursos por parte del futuro candidato a gobernador, versus la operación electoral en el distrito de que se trate, que le puedan aportar los diputados en proceso de reelección o nuevos candidatos. De esa forma, en la camarilla se impone un pacto de apoyo electoral, que esconde, por lo general, apoyos ocultos. Se vuelven cómplices de campaña. Esta misma lógica, se extiende a la conformación de los ayuntamientos, con la alianza entre el precandidato a gobernador y los aspirantes a alcaldes, síndicos y regidores. Todos en paquete.

 Y hasta aquí las cosas parecen funcionar a las mil maravillas, cuando se trata de lograr el control de la sucesión para el gobernador en funciones. Pero no se advierte el serio daño que está por ocasionarse a la democracia en el estado, al permitir que dentro del partido se imponga este perverso juego.

 Veamos: el compromiso con el funcionamiento democrático debe de consolidarse con hechos y no con discursos vacíos. Ser demócrata, en estos tiempos, conlleva riesgos, y exige valentía e inteligencia. Accionar a favor de la democracia requiere de una apuesta por la virtud, en cada nombramiento a puestos públicos, y apoyo político al líder de su partido, para lanzar a los mejores candidatos, los que de manera óptima puedan representar y hacer valer esa representación, en la contienda electoral.

 Por eso, permitir la constitución de camarillas electorales, es prefigurar un pacto político, sobre el que se constituye el criticadísimo “pacto de impunidad”. Los personajes que se involucran en la formación de estas camarillas, conforman un grupo de interés, un factótum, una asociación, que degrada y elimina la democracia interna de un partido.

 Al permitir conformarse este tipo de pandilla, algo que se suscita, inescrupulosamente, son los acuerdo de intercambio de puestos, que los miembros de estas camarillas realizan con otros partidos, para repartirse las posiciones electivas en algunas zonas, a cambio de asegurar el triunfo de sus candidaturas. Un estercolero al final de cuentas.

 Pero más allá del fraude a la democracia, el mayor peligro se presenta en el ámbito institucional de la rendición de cuentas: el Congreso estatal. En esa entidad federativa ficticia a la cual nos hemos estado refiriendo, el mecanismo de rendición de cuentas, quedaría cancelado, ante una elección en camarilla. El funcionamiento del pacto de impunidad y de respaldo incondicional, se establecería desde la afiliación al grupúsculo, y todo disenso al apoyo automático al nuevo gobernante, se convertiría en traición. A la vez, se quebraría la separación de poderes y con ello el funcionamiento republicano del Estado.

 En el patético caso de Veracruz y su raterísimo ex gobernador, se desnuda esta situación. Los compromisos inconfesables de estas camarillas, establecieron el respaldo y la aprobación mecánica de propuestas, iniciativas, presupuestos y aprobación de endeudamiento, sin que los diputados respingaran. Junto con Javier Duarte, los que deben de acompañarlo en la celda son todos los diputados que lo relevaron de la obligación de rendir cuentas. Así de contundente.

 Por eso, la única defensa de los ciudadanos, frente a un fenómeno de esta naturaleza, sería no votar por ningún candidato participante en un acuerdo de esta naturaleza. Primero la democracia, y luego los partidos. No hay opción.

Twitter: @carce55

2018 Y EL EJEMPLO VENEZOLANO

Carlos Arce Macías

 La izquierda latinoamericana, de acuerdo con los estudios recientemente realizados (Hugo Pipitone, La Esperanza y el Delirio), se conformó con las peores ideas pizcadas entre las corrientes más extravagantes del socialismo. Destaca sobre todo el estalinismo, y sus fieles seguidores, los castristas. Estas izquierdas, entre ellas gran parte de la mexicana, han intentado imitar, hasta el delirio, al comandante tropical, y sobre todo el férreo dominio ejercido sobre el pueblo cubano. Se trata de un izquierdismo que se hace seductor, solo como respuesta a la soberbia norteamericana y a su constante deseo de regir sobre toda la región, a cualquier costo, aliados, incluso, a las peores causas.

 Octavio Paz, denominaba a esta clase de izquierda “el helado paraíso policiaco”, y el canadiense Saul Bellow, también premio Nobel de literatura, calificó al izquierdismo radical como la “comunidad penitenciaria”. Esta casta de políticos, son alérgicos a los procesos democráticos; se asumen como justicieros, que de llegar al poder, reivindican el derecho de premiar o castigar a aquéllos que su personal juicio decida. Activan la guillotina política a contentillo.

 Otra de sus características, es que desde el poder reforman la constitución vigente, para continuar en el cargo por varios períodos, con el fin de continuar imponiendo su justiciero camino. Aparte, intentan conducir la economía a punta de necios voluntarismos y ocurrencias, provocando un deterioro, profundo y continuo. Algunos han asentado su poderío en la formación de violentos grupos porriles, para amedrentar a cualquier organización opositora. Un puñado de países de América del Sur, han sufrido estos procesos.

 El caso más estridente de este fenómeno, ha sido Venezuela. El país se ha venido a pique de una forma estrepitosa, y la izquierda chavista ha ido degradándose, en conjunto con los militares, al punto de amenazar así a la oposición: “Se nos irá la vida, pero antes se les van las vidas a los traidores que traicionan la patria de Bolivar y Chávez”, Diosdado Cabello, jefe militar bolivariano. La amenaza está pues, cernida sobre todo aquél que ose oponerse al proyecto de Nicolás Maduro y su control sobre el país.

 Y es que ese izquierdismo tropical, es mesiánico; y por lo tanto repele cualquier tipo de matiz democrático. Es esencialmente unipersonal y autoritario. La más reciente locura ha sido desaparecer la Asamblea Nacional. Es muy molesto tener oposición y escuchar voces disidentes. ¡Al diablo!

 Ante estas circunstancias, conviene estar muy atentos a los programas y temperamento del más adelantado de nuestros candidatos a presidente de la república para el año 2018, ya que ha dejado en claro, que la democracia no es su mayor interés.

 Nos preocupa por eso, la similitud del caso de Venezuela con México. La patria de Bolivar, venía desde los mediados del siglo XX, funcionando dentro de un sistema democrático, cimentado en un sólido bipartidismo; convenido en el acuerdo llamado de Punto Fijo, en donde los partidos Acción Democrática (AD) y Comité de Organización Política Independiente (COPEI), se convirtieron en los protagonistas de la vida política venezolana, con dirigentes como Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera, Luis Herrera Campis y Arístides Calvani, entre otros. Pero para principios del siglo XXI, el ambiente se tornaba muy difícil para la democracia del país. La corrupción había sentado sus reales entre la clase política, y todos los partidos aparecían tocados por ese mal. Los ciudadanos estaban hartos. Se identificaban delitos, pero nunca había culpables. Fueron cuarenta años de un sistema político rentista, en el que los beneficios se repartían entre connotados empresarios y los politicastros, en tanto las cargas negativas eran asumidas por el pueblo, en una economía en declive acelerado, y sin futuro a la vista.

 Para 1998, el Polo Patriótico, una naciente agrupación, liderada por un militar golpista, Hugo Chávez; ganaba la elección, con lo votos de ciudadanos hastiados de los corruptos y desesperados por encontrar, en “algo diferente”, la salida a las continuas crisis y sobre endeudamientos que se padecían. Así pasaron de lo malo a lo peor, al entregarse a las manos del chavismo. Hoy no hay medicinas, ni papel sanitario en el país; tampoco democracia.

 Los tradicionales partidos políticos, como el socialdemócrata AD ó el democristiano COPEI, son solo una pálida sombra de lo que fueron en el siglo XX. Hoy AD, suma el 7% de los votos, en tanto COPEI captó solo el 5%. La enseñanza histórica consiste en que el hartazgo popular puede destruir todo un sistema político a causa de la corrupción, pero que el ánimo democrático, corre también el riesgo de ser suplantado por un autoritarismo mesiánico, que resulte mucho peor.

 
La política basada en el rentismo, en la economía de compadres, es la base de la corrupción, que nos corroe, ¡sépanlo! Por eso acaba agraviando a todos. Una definición de política pública que propicie una economía funcional, requiere de accesos abiertos, para todos, a los mercados y un fomento apasionado de la competencia. Eso nunca pasó en Venezuela, la economía se desmoronó y Chávez se les apareció.
 En México, a diferencia de Venezuela, se establecieron zonas competitivas en su economía, gracias al Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), esto ha permitido que ciertas áreas funcionen bien; mientras que el rentismo y la protección de intereses ha prevalecido en todo lo demás, sustentando la corrupción galopante que nos lacera, profundizando la desigualdad. Estas son las condiciones que debemos de cambiar a fin de compartir los beneficios que genera el país, con todos sus habitantes. Por eso el objetivo del buen gobierno es diversificar y no concentrar la economía en unas cuantas manos. Se deben de combatir este tipo de concentraciones de negocios y abrirlos a la competencia. Ojalá lo entiendan los gobernantes mexicanos, y dejen de diseña negocios, desde el gobierno, para repartirlos entre ellos y sus cuates. Si no lo hacen, se nos va aparecer nuestro Chávez, no lo duden.

Twitter: @carce55