EL PRIMER SERVICIO PÚBLICO

EL PRIMER SERVICIO PÚBLICO

Carlos Arce Macías

¿Se han puesto ha pensar en alguna ocasión cual es el primer servicio público que se le debería prestar a una comunidad? Reflexionen un poco y saquen conclusiones de cual es ese servicio, tan pero tan imprescindible, que debería de primar sobre cualquier otro. ¿Lo tienen?

A los que llegaron a la conclusión de que el servicio de auxilio y de emergencia es el primer servicio que debe de ofrecerse a una sociedad, mis congratulaciones, han acertado.

La posibilidad de la muerte, el dolor intolerable, la angustia por lo imprevisto, la ignorancia de los primeros auxilios, son situaciones que nos merodean continuamente. Un accidente cualquiera, un evento cardiovascular, un apéndice inflamado, una parturienta en apuros, un brazo roto, un esguince jugando fut bol, son incidentes que suceden a diario en nuestro entorno. Las personas pueden morir si no son atendidas oportunamente, o su vida puede cambiar fulminantemente si no reciben los cuidados necesarios.

En México, increíblemente no existe una instancia gubernamental que atienda esta clase de emergencias. Dependemos los mexicanos, casi exclusivamente, de las estoicas labores de los cuerpos de auxilio, formados por voluntarios, tanto de la Cruz Roja, como de los Bomberos.

Particularmente la Cruz Roja, la organización humanitaria fundada por Henry Dunant, ante el aumento de poder de fuego de los ejércitos confrontados en la batalla de Solferino (1859), entre franceses y piamonteses contra austriacos, en donde quedaron más de 40 mil soldados heridos y muertos; ha dedicado en nuestro país enormes esfuerzos para proporcionar auxilio en las emergencias.

Esta labor, no es precisamente la principal acción de la Cruz Roja, promotora de los famosos acuerdos de Ginebra (1864), para pactar la posibilidad de asistir a los soldados caídos en las confrontaciones entre ejércitos. También dedica gran parte de sus desvelos a asistir a los desplazados por los conflictos armados, a los refugiados que huyen de la violencia y sobre todo al cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, vigente a través de los acuerdos de Ginebra, signados entre las naciones en 1949.

En todos los países avanzados, los gobiernos, especialmente los ámbitos más cercanos a los ciudadanos, como lo son el municipio o los condados, han asumido la función de auxilio para situaciones de emergencia. Así los presupuestos públicos son aplicados, con prioridad, a este vital servicio. Por lo general no se escatima en los gastos gubernamentales que deben de efectuarse por salvar alguna vida, o bien asistiendo a víctimas de toda clase de fenómenos naturales, casos fortuitos o delitos. La emergencia siempre es prioritaria.

Ahora bien, analicemos nuestro pequeño mundo estatal y municipal. Salvo una pequeña dirección de Protección Civil, casi toda la actividad se encuentra concentrada en el voluntariado de la Cruz Roja. Durante décadas mis padres colaboraron apasionadamente con la organización, trabajando con denuedo para conseguir patrocinios, donaciones y ayudando a dirigir correctamente sus afanes. Lo que recuerdo, era su continuo malestar por los abusos que de cuando en cuando se cometían en contra de la benemérita corporación. La transparencia y una contabilidad confiable, nunca han sido su prioridad. Deben de apostar por ella.

Por otra parte, solventar tanta carencia y las presiones de una actividad urbana a la alza, así como monitorear los miles de traslados carreteros, que se hacen todos los días por caminos cada vez más congestionados, han impreso a la vetusta formación humanitaria una carga excesiva e imposible de realizar con la sola intermediación de la buena voluntad.

Los guanajuatenses aportamos en promedio $2.00 pesos por año a la Cruz Roja. El voteo que se realiza durante la tradicional colecta anual, apenas capta 2 millones de pesos. Por otros medios, se logra ingresar 10 millones. Con estas migajas, sobreviven 24 delegaciones municipales que atienden a 46 municipios. El presupuesto es insuficiente, el gobierno estatal aporta aproximadamente 8 millones de pesos al año y los municipio donan sumas variables, pero insuficientes para solventar el funcionamiento de un servicio eficiente y efectivo. Somos unos irresponsables todos, que reconocemos nuestra desidia hasta que nos vemos en alguna terrible encrucijada.

Vayamos a Estados Unido. Allá no encontraremos a la Cruz Roja operando en sus condados. Hallaremos el famoso número telefónico 911, el de las emergencias, y verificaremos que si se utiliza, en menos de 5 minutos, una ambulancia y su equipo de paramédicos, estará auxiliando a la víctima convocante. Se trata de un servicio gubernamental muy bien organizado y dependiente del financiamiento público.

Dejemos de hacernos tontos, y busquemos que nuestros diputados reformen la Constitución del Estado, a fin de incluir como servicio público, el servicio de auxilio a emergencias. Seguramente los guanajuatenses lo agradecerán, más que el reparto de uniformes escolares, despensas o computadoras súbitamente caducas. Esa sería una gran acción, que permitiría a la Cruz Roja de Guanajuato dedicarse a otro tipo de acciones humanitarias.

Buenas ambulancias, paramédicos profesionales y vidas a salvo, gracias a la oportunidad de un servicio bien organizado y profesional, es lo que la sociedad requiere, no demagogia. Va la vida en ello.

Twitter: @carce55

 

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El PAN, frente a su dilema

EL PAN FRENTE A SU DILEMA

Carlos Arce Macías

El Partido Acción Nacional, ha sido concebido como una escuela de democracia por sus fundadores. Este fin, es previo, incluso, a la participación política y electoral de la organización con el objeto de obtener el poder. La primer acción del PAN, es la educación de la ciudadanía para la democracia.

En congruencia con su esencia, Acción Nacional debería establecer en sus procesos internos, condiciones absolutamente democráticas, a fin de preparar a sus militantes en el funcionamiento práctico de la democracia. Así, debe de entrenar a sus miembros en el debate de las ideas, y la confrontación de estas, sin que ello signifique lastimadura o lesión entre los sustentantes. Dentro de la democracia se discute, y se gana o se pierde, pero nunca se gana siempre ni se pierde todo el tiempo. Con paciencia, se puede enseñar a los ciudadanos a aceptar la derrota y la victoria ajena, y a los victoriosos a ser humildes en el triunfo. Se debe desterrar el gen egoísta.

Hay que aprender a utilizar la técnica del debate, sustentada en la lógica y la identificación de los sofismas, para de esa forma poder desarmar los argumentos del contendiente. Las tesis deben de ser rápidamente analizadas, para pulsarlas en el discurso con el fin de apoyarlas o descartarlas. El reto de la democracia, como buena herencia del período clásico, es que hay que pensar. Por eso es la mente, sus conexiones cerebrales y la velocidad de las mismas, las que hay que ejercitar continuamente.

Ser miembro de un partido político como el PAN, conformado por cuadros de militantes que se pretenderían bien formados y no de masas, como es el caso de otras formaciones políticas, devela el origen universitario de sus fundadores y la sofisticación intelectual a la que aspiraban. Su concepción fue la de poner la técnica al servicio de la política, la ciencia, alumbrando el camino del desarrollo del país.

Inmersos en estos postulados, la conformación de su dirigencia y la elección de sus candidatos, precisaría aprobar el tamiz de un proceso electivo verdaderamente ejemplar. Debería llamar a asombro, la conducta de los miembros del partido albiazul, en todo comicio interno para definir a su dirigencia y designar a sus postulantes a cargos públicos. Elecciones contratadas al INE para garantizar la imparcialidad, y el uso de tecnología de punta en ese campo, como el voto electrónico, que permite el conocimiento, en tiempo real, de los resultados electorales.

Todo esto, después de haber sostenido innumerables debates en todo tipo de foros y diversidad de auditorios, en el sano ejercicio de confrontar tesis, como contemporáneos gladiadores. Hay que recordar que son las ideas, las que mueven a la humanidad. Nadie en el PAN, evidenciando la buena fe que debería de guiar su conducta, evitaría la ocasión de entablar una buena discusión entre colegas. Finalmente son las ideas la substancia de la democracia.

Sin embargo, todo este modelo ideal, depende de un instrumento fundamental sobre el que bascula todo el proceso comicial interno: el padrón de miembros. Sin un padrón confiable, que permita a cada militante poseer una credencial con fotografía, datos biométricos y chip, que la haga inalterable; sin un listado de electores internos con fotografía y datos precisos; las elecciones intrapartidistas, no podrán realizarse con certidumbre y confianza.

Y es por la vulnerabilidad del padrón, por lo que todo el sueño democrático comienza a derrumbarse en el PAN. Un dirigente nacional, que aspira a una candidatura inmediata a la presidencia de la República, tendrá mil razones para manipular y controlar el padrón de miembros, que le permita lograr su aspiración. Gobernadores obsesionados con la misma candidatura, no dudarán en “invertir” dineros públicos en afiliar masivamente a ciudadanos comprometidos a votar por ellos, mediante dádivas. Quien controla la afiliación y el padrón, es dueño de la elección.

Por eso, resulta crucial para Acción Nacional, la prueba piloto que se lleva a cabo en Silao, Gto. para convalidar que solo quedarán reinscritos, aquellos miembros genuinamente panistas, y no zombis programados a votar a contentillo de un impúdico politicastro.

Habrá que estar al pendiente de cómo es depurado ese listado, y el municipio de Silao, se convierte en ejemplo nacional, para acreditar solo una verdad: si alguien es realmente panista. Si esto no se logra, depurando un universo de 800 miembros activos, muchos de ellos inscritos fraudulentamente, el sueño democrático nunca se hará realidad; y el PAN se seguirá confundiendo con la masa de partidos, sin verdadera vida democrática. Al tiempo.

Publicado en AM León el domingo 17 de Julio.

Twitter:@carce55

 

GUANAJUATO, AYUNTAMIENTO EN CRISIS

GUANAJUATO, AYUNTAMIENTO EN CRISIS

Carlos Arce Macías

La capital del estado esta pasando momentos políticos difíciles. Su gobierno local, particularmente su Ayuntamiento, se encuentra pasmado, ante la imposibilidad de imponer el orden elemental, que una ciudad requiere, para poder desarrollarse armónicamente.

Los políticos improvisados, piensan que ejercer el cargo es una continuación de la campaña electoral. Por eso son tan felices cuando son convocados a alguna inauguración o entrega de cacharros a los menesterosos, posibles electores en una futura elección. Confunden frecuentemente su función, y consideran que la sonrisa, el apretón de manos y los golpecitos en la espalda en señal de aprobación, es la normalidad en el gobierno.

Ha sido una mala costumbre de los guanajuatense capitalinos, no enfrentar ninguna situación conflictiva. Es preferible dejar los problemas en el abandono, esperando que solos se vayan arreglando, como por arte de magia. Los habitantes de la capital del estado, desconocen lo que es un gobierno de alta intensidad, dedicado a ordenar la ciudad y poner las cosas en su lugar. A cambio de ello, el objetivo ha sido la obra pública, que da dividendos personales a funcionarios corruptos. Esa ha sido la marca de la casa, en tanto todos los demás servicios se descuidan.

El caso más emblemático de la mala conducción gubernamental es la colección de conflictos que acumula el actual Ayuntamiento: la recolección de basura, el transporte público, la escasez de agua, el ordenamiento territorial, las invasiones, la saturación vehicular, el deterioro de la imagen urbana… ¡bueno, hasta el más baladí, el ordenamiento de las mesas y sillas instaladas en vías públicas! Como al perro viejo, al Ayuntamiento capitalino se le han juntado todas las pulgas.

Una cuestión tan sencilla, como debería ser imponer el orden a los permisionarios que colocan una extensión de sus locales comerciales en calles y plazas, ha sumido al Cabildo local en el peor de los pantanos. Mientras más se mueven más se hunden. Y es que el liderazgo está fallando, y no hay luces que marquen el rumbo correcto, porque la gran mayoría de sus miembros, arribaron al puesto, pensando en la patrocinio de intereses particulares y propios, y los beneficios para su peculio.

Pero eso se está acabando aquí en Guanajuato Capital y en todo México. La ciudadanía está harta y de mal humor. No se quiere tolerar una acción impropia más. Exigimos cumplimiento normativo y orden en la ciudad. Y eso tiene su precio. Ya no se puede quedar bien con todos, y por eso una corporación, acostumbrada a la lenidad en el actuar gubernamental, se encuentra perpleja ante la exigencia de una autoridad federal seria y responsable, para que terminen los injustificados privilegios a un sector económico, que siempre ha recibido condiciones amables, tolerantes e incluso ilegales, por parte del Ayuntamiento.

Hoy los cantineros y algunos restauranteros se presentan indignados, a reclamar la cabeza de quién osa retar al Ayuntamiento para que ponga en ordenen la casa. No entienden lo que está pasando. Solo se trata de acabar con la impunidad ¡Cumplan con las reglas vigentes, es todo!

El actual Ayuntamiento, en su ánimo beneficiador del gremio restaurantero, ha llegado al punto de dejarlos operar sin permiso y sin pago alguno. Jauja para cualquier comerciante, siempre y cuando sean cuates. ¡La economía de compadres imponiéndose a plenitud!

Pensamos que Guanajuato, como ciudad turística, requiere del espacio público para la instalación de restaurantes al aire libre, a fin de que los visitantes disfruten el entorno de encanto, que envuelve a la ciudad. Pero a su vez, su condición de Patrimonio de la Humanidad, necesita de un cuidado y orden estricto para que lo anterior pueda ocurrir equilibradamente. También, el ocupar áreas públicas escasas y por lo tanto valiosas, conlleva a que los negocios compartan una parte substancial de sus ganancias con el municipio.

Todo esto se puede conseguir con una regulación adecuada, bajo una condición: que los integrantes del ayuntamiento operen como defensores de los intereses generales de la ciudadanía, y no como abogados de un sector empresarial mal acostumbrado a la prebenda y el amiguismo. Los buenos empresarios, y comienza a haberlos en Guanajuato, no temen a la competencia ni a acatar la ley. Compiten en buena lid. Esa nueva casta, debe de separarse de quienes invocan privilegios y trato diferenciado, a cambio de apoyos electorales otorgados.

La peor torpeza que pudieron cometer los desvergonzados dirigentes de la CANIRAC capitalina fue pedir la cabeza del delegado del INAH, por atreverse a reclamar el respeto a leyes y reglamentos que se han incumplido. Ese paso debe de tener un alto costo, ante el agotamiento de la paciencia ciudadana. Sus permisos de instalación de mesas y sillas en las calles vencieron desde hace años, y por lo tanto no están vigentes, no tienen fichas para negociar.

Si el Ayuntamiento quiere enviar una señal alentadora a sus gobernados, deberá ser rígido y contundente para regular bien este caso, eliminando los evidentes abusos que se han tolerado, imponiendo el orden. Esto sería la base para iniciar el acomodo de temas mucho más retadores, graves y complicados. Pero si el Ayuntamiento no puede con el desafío presente, mala cosa nos espera. Seguiremos en crisis.

Artículo publicado en AM León el 10/07/2016

Twitter: @carce55

 

DIPUTADOS DE A 100, ¿como mejorar?

DIPUTADOS DE A 100

Carlos Arce Macías

Vuelve a ponerse en el ojo del huracán la Legislatura guanajuatense, al aparecer en un sesudo e interesante estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)*, el dato de que son los diputados que mas sueldo perciben en el país, $177,425.00 pesos mensuales por cabeza. Con esa sola información basta para generar el escándalo, en una población cuyo salario promedio mensual es de $7,000 pesos. Por esa misma razón, muchos políticos se resisten a hacer públicas sus declaraciones 3 de 3, más allá de las conclusiones respecto al origen de su patrimonio, el simple conocimiento de sus haberes, propiciará el enojo y la indignación de un grueso de la población sumida en la carencia.

Sin embargo, en el caso de los legisladores de Guanajuato, se paga el precio de la transparencia con que se ha conducido la LXIII legislatura, hay que reconocerlo, y conste que he sido su crítico. Ahí, a diferencia de otros congresos estatales, están explicitadas todas las precepciones de los diputados, y eso los posiciona en el primer lugar. Hay que aclarar, que estamos ante ingresos brutos, por lo que habría que deducir impuestos y aportaciones partidistas, para obtener la percepción neta que queda en $96,000 pesos aproximadamente.

Otras legislaturas estatales, como la del Estado de México, esconden mañosamente las percepciones reales de sus integrantes. El trafique de beneficios inconfesables, materiales de construcción para repartir, obras estatales a cada diputado, etc., reivindican la mala fama de los gobernantes y diputados del Estado de México, salvo escasísimas excepciones. Es una zahúrda aquello.

No existe mejor forma de blindar la separación de poderes, que la transparencia en el manejo del poder legislativo. Ellos deben de poner el ejemplo. Los diputados mal pagados, generalmente son presa de un Ejecutivo tramposo, que ofrece compensaciones bajo la mesa, a fin de controlar a los legisladores. No caigamos en el garlito de pagar poco a los representantes populares. Eso normalmente solo funciona para quién desea capturarlos.

También vale la pena hacer una consideración sobre el estudio del IMCO; el presupuesto del legislativo guanajuatense está exacerbado por la construcción de la nueva sede legislativa, cuyo costo y contrataciones deben de quedar sólidamente justificados, para verificar que no haya habido tráfico de influencias. En caso contrario, hay que perseguir a los corruptos.

Hay que hacer un reconocimiento al IMCO, por su esfuerzo para presentar con claridad un estudio que por fin, permite comparar a los congresos entre si. Los números y la asimetría de costos y presupuestos, manifiestan el desorden que impera en nuestro país y la sujeción que muchas legislaturas sufren a manos de los gobernadores, así como su relajada actividad fiscalizadora.

Pero regreso a mi insistencia, el legislativo debe de ser repensado. No puede continuar actuando como lo hace, sujeto a las ocurrencias más pueriles de sus legisladores más irresponsables. Pero la culpa es de los partidos políticos que postulan perfiles inadecuados, no obstante ser el filtro que, en teoría, permite solo el paso a las mejores candidaturas disponibles. Ante la posibilidad de reelección hay que evaluarlos con lupa.

Más allá de los mecanismos de mejora regulatoria que deben de implementarse cuanto antes, como sujetar todas las iniciativas a una manifestación de impacto regulatorio, se deben de transformar otros elementos del Congreso, como lo son las comisiones. Veamos como trabaja una comisión legislativa en Estados Unidos: la preside el diputado más viejo y con mas experiencia, independientemente de su filiación partidista, y tienen el poder de citar a funcionarios de otros poderes para desahogar interrogatorios en audiencias públicas. Esas comisiones legislativas, están dotadas de extensas facultades para explorar y analizar la conducción de su temática, y para verificar la eficiencia y eficacia de la aplicación del gasto público en su ámbito de competencia.

Fíjense bien, ahí radica la rendición de cuentas institucional. Los Congresos están diseñados para que los demás poderes y los municipios le rindan cuentas de su desempeño, especialmente el presupuestario. De tal forma que el monitoreo y evaluación deben de sublimarse, para controlar en esos aspectos a los otros poderes y ámbitos de gobierno. Adecuaciones a estos instrumentos, concretamente al artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Guanajuato, son necesarios e infundirían nuevos bríos al trabajo de los legisladores.

Esta sola modificación, para que cada comisión tomara decisiones, sin pasar por el filtro de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, propiciaría una involucramiento inédito del Congreso en la conducción del los gobiernos locales y estatal. También obligaría a los legisladores a agudizar sus capacidades de análisis para la rendición de cuentas. Por eso las legislaturas cada día legislan menos y controlan más las actividades gubernamentales. Solo así la república empezaría a andar y los legisladores guanajuatenses verdaderamente desquitarían el salario. Serían representantes de a 100.

Twitter: @carce55

Artículo publicado en AM León el 3/07/2016

 

 

DIPUTADOS DE A 100, ¿como mejorar?

DIPUTADOS DE A 100

Carlos Arce Macías

Vuelve a ponerse en el ojo del huracán la Legislatura guanajuatense, al aparecer en un sesudo e interesante estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el dato de que son los diputados que mas sueldo perciben en el país, $177,425.00 pesos mensuales por cabeza. Con esa sola información basta para generar el escándalo, en una población cuyo salario promedio mensual es de $7,000 pesos. Por esa misma razón, muchos políticos se resisten a hacer públicas sus declaraciones 3 de 3, más allá de las conclusiones respecto al origen de su patrimonio, el simple conocimiento de sus haberes, propiciará el enojo y la indignación de un grueso de la población sumida en la carencia.

Sin embargo, en el caso de los legisladores de Guanajuato, se paga el precio de la transparencia con que se ha conducido la LXIII legislatura, hay que reconocerlo, y conste que he sido su crítico. Ahí, a diferencia de otros congresos estatales, están explicitadas todas las percepciones de los diputados, y eso los posiciona en el primer lugar. Hay que aclarar, que estamos ante ingresos brutos, por lo que habría que deducir impuestos y aportaciones partidistas, para obtener la percepción neta que queda en $96,000 pesos aproximadamente.

Otras legislaturas estatales, como la del Estado de México, esconden mañosamente las percepciones reales de sus integrantes. El trafique de beneficios inconfesables, materiales de construcción para repartir, obras estatales a cada diputado, etc., reivindican la mala fama de los gobernantes y diputados del Estado de México, salvo escasísimas excepciones. Es una zahúrda aquello.

No existe mejor forma de blindar la separación de poderes, que la transparencia en el manejo del poder legislativo. Ellos deben de poner el ejemplo. Los diputados mal pagados, generalmente son presa de un Ejecutivo tramposo, que ofrece compensaciones bajo la mesa, a fin de controlar a los legisladores. No caigamos en el garlito de pagar poco a los representantes populares. Eso normalmente solo funciona para quién desea capturarlos.

También vale la pena hacer una consideración sobre el estudio del IMCO; el presupuesto del legislativo guanajuatense está exacerbado por la construcción de la nueva sede legislativa, cuyo costo y contrataciones deben de quedar sólidamente justificados, para verificar que no haya habido tráfico de influencias. En caso contrario, hay que perseguir a los corruptos.

Hay que hacer un reconocimiento al IMCO, por su esfuerzo para presentar con claridad un estudio que por fin, permite comparar a los congresos entre si. Los números y la asimetría de costos y presupuestos, manifiestan el desorden que impera en nuestro país y la sujeción que muchas legislaturas sufren a manos de los gobernadores, así como su relajada actividad fiscalizadora.

Pero regreso a mi insistencia, el legislativo debe de ser repensado. No puede continuar actuando como lo hace, sujeto a las ocurrencias más pueriles de sus legisladores más irresponsables. Pero la culpa es de los partidos políticos que postulan perfiles inadecuados, no obstante ser el filtro que, en teoría, permite solo el paso a las mejores candidaturas disponibles. Ante la posibilidad de reelección hay que evaluarlos con lupa.

Más allá de los mecanismos de mejora regulatoria que deben de implementarse cuanto antes, como sujetar todas las iniciativas a una manifestación de impacto regulatorio, se deben de transformar otros elementos del Congreso, como lo son las comisiones. Veamos como trabaja una comisión legislativa en Estados Unidos: la preside el diputado más viejo y con mas experiencia, independientemente de su filiación partidista, y tienen el poder de citar a funcionarios de otros poderes para desahogar interrogatorios en audiencias públicas. Esas comisiones legislativas, están dotadas de extensas facultades para explorar y analizar la conducción de su temática, y para verificar la eficiencia y eficacia de la aplicación del gasto público en su ámbito de competencia.

Fíjense bien, ahí radica la rendición de cuentas institucional. Los Congresos están diseñados para que los demás poderes y los municipios le rindan cuentas de su desempeño, especialmente el presupuestario. De tal forma que el monitoreo y evaluación deben de sublimarse, para controlar en esos aspectos a los otros poderes y ámbitos de gobierno. Adecuaciones a estos instrumentos, concretamente al artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Guanajuato, son necesarios e infundirían nuevos bríos al trabajo de los legisladores.

Esta sola modificación, para que cada comisión tomara decisiones, sin pasar por el filtro de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, propiciaría una involucramiento inédito del Congreso en la conducción del los gobiernos locales y estatal. También obligaría a los legisladores a agudizar sus capacidades de análisis para la rendición de cuentas. Por eso las legislaturas cada día legislan menos y controlan más las actividades gubernamentales. Solo así la república empezaría a andar y los legisladores guanajuatenses verdaderamente desquitarían el salario. Serían representantes de a 100.

Twitter: @carce55

Artículo publicado en AM León, el 3/07/16

Presentación Estudio completo del IMCO: