CAPUFE, EL ENEMIGO
Carlos Arce Macías
La Ciudad de México está bloqueada en su acceso y salida hacia el norte, en su comunicación con Querétaro. La supercarretera 57, también denominada como la vía del Tratado de Libre Comercio, por ser el punto más cómodo y cercano entre la frontera con los Estados Unidos y la capital del país; es administrada por un organismo estatal descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes intitulado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, mejor conocido por los ciudadanos como CAPUFE.
El organismo fue fundado en 1958, unos meses antes de entrar en operación la carretera 57 en su tramo México-Querétaro. El encargo de la descentralizada es la construcción y administración de carreteras de cuota. La idea de tener vías de comunicación de altas especificaciones, consiste en un servicio que aumente considerablemente la seguridad en los viajes. También que propicie el ahorro de tiempo, y evite el desgaste innecesario a los vehículos, permitiendo un manejo menos estresante y mas fluido, que impida el cansancio. Por supuesto, este servicio tiene una contraprestación, que debe de ser pagada en una caseta de cobro, al principio o al final de la autopista.
La red de carreteras nacionales, que comenzó en la época cardenista, trataba de conectar diversas ciudades y pueblos, como opción al sistema porfiriano del ferrocarril. Su prioridad era la interconexión del mayor número de comunidades, por lo cual, una ruta presentaba largos trayectos, así como el paso forzoso por diversos pueblos y ciudades. Estas son las llamadas carreteras libres, por las cuales el usuario no debe de hacer pago alguno.
El declive de los ferrocarriles durante la segunda mitad del siglo XX, propició la construcción de carreteras de largos trayectos que evadieran la entrada a centros urbanos, evitaran la presencia de ganado en la cinta asfáltica, tuvieran trazos para velocidades superiores a los 100 km por hora, y se diera por lo tanto un ahorro considerable en tiempo y gasto de combustible. Así nació, entre otras la famosa carretera 57.
De esta forma, una supercarretera debe de garantizar condiciones específicas de servicio: tiempo de recorrido, seguridad en el trayecto, servicios de emergencia eficientes, gasolineras, balizamiento (pintura) y señalamiento, seguro, cobertura de telefonía celular, y un buen estado del asfalto o concreto. Por ello nos cobran a los automovilistas $140.00 pesos por recorrer 107 km entre Tepotzotlán y Palmillas, garantizándonos un tiempo de recorrido de 58 minutos, de acuerdo al programa “Traza Tu Ruta” de la SCT, que puede ser consultado en la propia página de esa secretaría.
Con una prudente tolerancia en cuanto a la velocidad y tiempo en que se haga el recorrido, pagamos aproximadamente a $2.50 el minuto de traslado. Hasta aquí, todo bien. Pero el problema surge cuando la empresa cobra y no cumple con el servicio. Hace dos semanas, el tramo lo viajé en ¡4 horas! Y aparte me cobraron los 140.00 pesos. CAPUFE debería informar de los graves problemas de tráfico que presenta su “supercarretera”, empezando por las largas filas para pagar en las casetas de cuota, que deben de ser tomadas en cuenta a la hora de prever el tiempo de viaje. Ya lo he comentado en otras ocasiones, la Secretaría de Comunicaciones debería de confeccionar, a instancia de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), una Norma Oficial Mexicana de Supercarreteras, que establezca las bases para la prestación del servicio, y en su caso la eliminación del cobro, o incluso, la reparación de daños y perjuicios por las fallas presentadas en los servicios.
El presidente Peña ha destacado la “justicia cotidiana”, como uno de sus empeños fundamentales. Los injustos cobros a los consumidores por parte de CAPUFE, por servicios no prestados, dan pauta para modificar substancialmente la operación del organismo descentralizado, aún ante la resistencia de la voraz Secretaría de Hacienda, y la conveniencia de cobrar por el peaje, bajo cualquier circunstancia, incluso no habiendo cumplido las condiciones contractuales a los ciudadanos.
Si esta situación no se modifica, podría intentarse una acción colectiva de los consumidores en contra de su enemigo: CAPUFE. Seguramente la evidente injusticia debería obligar a modificar su conducta al gobierno de Peña Nieto.
Pero también la situación se agrava a niveles indescriptibles, ante el atorón producido por los eternos trabajos de remodelación en la principal carretera del país. Ahora abundan los robos a transportistas, así como los asaltos y violaciones a pasajeros en autobuses foráneos. Y lo indignante es que nadie parece preocupado por ello en el gobierno federal. Benito Neme, el compadre del presidente y director de CAPUFE, duerme tranquilo.
Sin embargo los mexicanos hemos aprendido a conocer las acciones de los funcionarios peñistas, la obra pública es su objetivo. Y nada mejor que una costosa y mal planeada intervención, constante, larga y complicada en la carretera 57, para sacar provecho del tradicional modelo de operación corrupta que tanto gusta al grupo en el poder, recordemos los casos Higa y OHL. El asunto es hacer obra para obtener el moche, las consecuencias no importan.
Twitter: @carce55