¿QUÉ LES PASA A LOS GOBIERNOS?
Carlos Arce Macías
Seguramente el presidente de la República, considera que el motivo de tanto desencanto social con su gobierno, solo se debe a que los ciudadanos andamos de mal humor. Sin embargo, creemos, que la zozobra e intolerancia de la comunidad hacia la forma en como nos están gobernando, tiene motivos más profundos. En esta entrega, apunto algunos.
En México, a partir de la última década del siglo pasado, se logró consolidar un sistema electoral en donde los votos se cuentan y existe una institución encargada de la certidumbre y regulación electoral. Las cosas parecían ir bien. Pero a partir de las elecciones del 2006 y sobre todo del 2012, en la cual una alianza mediática fue capaz de poner en la presidencia a un gobernador de mediano talento y de voraz apetito por los negocios, el ambiente se ha enrarecido a paso veloz. El tránsito hacia un ejercicio democrático más intenso, está estancado.
El abuso de poder, una mayor cantidad de información política y administrativa, y el uso cotidiano de las redes sociales, han producido nuevos fenómenos, que se expanden en la sociedad, a gran velocidad. Los políticos se han negado a tomar consciencia de estos hechos, y continúan actuando como si nos encontráramos en las últimas décadas del siglo pasado, intentado controlar a la sociedad a contentillo.
Y he aquí que los gobiernos de todos los niveles, legalmente elegidos, están perdiendo legitimidad de forma acelerada, por el desgaste que sufren ante los ciudadanos, al conocerse todo tipo de acciones atrabiliarias, mala administración, falla en los servicios públicos, especialmente en seguridad, y el conocimiento de tranzas y abusos de los funcionarios a cargo. En apenas un trimestre, un gobierno recién elegido, puede transitar al averno del desprecio público.
Y el panorama tiende a peor… para los políticos. Las respuestas legislativas a las develaciones de malos manejos presidenciales, han topado en la profundización de políticas de transparencia, que acabarán haciendo públicos enormes caudales de información. Como ejemplo, la reciente Ley General de Transparencia, impone a los gobiernos 50 obligaciones muy precisas, de datos que deberán hacerse públicos de acuerdo a los formatos que está por aprobar el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Si no se acata la ley, podrá haber sanciones administrativas y multas cuantiosas para el servidor público incumplido.
La apertura de información no tiene reversa, y está evidenciando todo tipo de problemas dentro de las administraciones, comenzando por la corrupción rampante en muchos de sus espacios. Mientras, el flujo de informes, datos y reportes es imparable, a través de las redes sociales. El desgaste es enorme y continuo. Los gobiernos están desconcertados.
A nivel federal, la granizada ha sido intensa, propiciada por el descaro del grupo político, proveniente del Estado de México. Confundir la república con una monarquía absolutista, como acontece en esa entidad, fue un craso error. Los costos ha pagar han sido altísimos, y el deterioro de la imagen de nuestro país en el exterior, ha sido inmenso. No entienden que no entienden, como se les ha dicho reiteradamente.
Los estados, dependiendo de su desarrollo institucional y el comportamiento de su ejecutivo, también presentan el mismo diagnóstico que la Federación… o peor. Los casos de Chihuahua, Coahuila, Sonora y Veracruz, son patéticos. Del chisme provinciano, imposible de corroborar, hemos saltado a los informes precisos del patrimonio de los gobernantes estatales, muy dados a comprar inmuebles ubicados en México o en el extranjero. Hemos conocido también las cuentas panameñas en paraísos fiscales, el abuso en el uso de los aviones oficiales, la construcción de presas particulares y hasta la creación de bancos para beneficio propio.
Los municipios, con mayores debilidades por su forma de gobierno medieval, poco eficiente y eficaz, también sufren el acoso de la política de transparencia vigente. Sueldos, salarios y prestaciones, son conocidos puntualmente. Las discusiones en el seno de los cabildos, ahora se acompañan con datos presupuestarios oficiales, que confirman subejercicios, o reportes que permiten ubicar los errores en la prestación de los servicios, la ejecución de la obra pública, las amañadas compras gubernamentales, y lo peor, la ineficiencia de los cuerpos policiacos, para frenar la inseguridad en ciudades y pueblos de México.
Los ciudadanos están de malas. Y no se van a componer. Los políticos deben hacer consciencia de la necesidad de tomar al toro por los cuernos y volcarse en el trabajo de restructuración de la administración pública. Para empezar, se necesita establecer un servicio civil de carrera, que garantice que las cosas se hagan de manera profesional en el gobierno. La otra, es que ante el acceso a la información pública y a los archivos gubernamentales, que impone la nueva legislación, se propongan arreglar las viejas áreas que han sido focos de corrupción: la obra pública y las adquisiciones generales. Seamos claros: ha sido un robadero. Hay que poner coto a esos abusos, porque si no la transparencia devorará rápidamente a los administradores públicos. Sí habrá consecuencias, en aquellas sociedades que hayan evolucionado y tengan organizaciones sociales y empresariales activas y militantes. Estas, incluso, están desplazando a los partidos políticos, sumidos en conflictos internos y plagados de intereses inconfesables. Languidecen como serpientes que devoran su propia cola.
No lo duden: la clave está en la voluntad de cambio del gobierno, para transformarse en una organización verdaderamente profesional e íntegra. Lo otro es el camino al precipicio.
Twitter: @carce55
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