DE MALACATE A FUNICULAR

VARITA MÁGICA: DE MALACATE A FUNICULAR

Carlos Arce Macías

Guanajuato es una ciudad que se presta a la trama de novela. Así lo han demostrado escritores de la talla de Carlos Fuentes y Jorge Ibarüengoitia. Sus historias se convierten en leyendas, y con el realismo mágico, toman forma como en la bienvenida de un alcalde con acompañamiento de mariachi, para recibir a las momias (cuerpos áridos) extraviadas en gira artística. La ciudad, plagada de callejones, es la única del mundo donde sus vías públicas desaparecen, de un día a otro, invadidas por vecinos voraces que se apropian de los serpenteantes callejones. La última anécdota es el servicio de transporte entre el callejón de la Constancia y el monumento al Pípila, ubicado en la cúspide del cerro de San Miguel, en donde un malacate industrial, fue convertido en un funicular por obra y gracia del toque de la varita mágica de un Ayuntamiento en crisis, dividido,y desorientado; que sin inmutarse, pone en riesgo la seguridad y vida de los usuarios.

Como muchas historias del pueblo, esta tiene su origen en la visión de la cañada. Esa perspectiva que los guanajuatenses de la capital del estado no logramos sacudirnos, por causa del control político sobre la ciudad, que han constituido una gavilla de personajes deplorables, que se abrogan las opciones de hacer negocios para sí mismos, otorgándose toda clase de privilegios. Uno de ellos, es el dueño de la empresa que opera el “funicular”. Este irresponsable “empresario”, con total negligencia, permitió que el ingenio mecánico fuera desgastándose, al punto de que el 20 de junio de 2015, una de las cabinas se desplomara desde 50 metros de altura, produciendo múltiples fracturas a su única ocupante, una trabajadora de la empresa. Fue una suerte de que la góndola no hubiese llevado un grupo mayor de pasajeros, porque el peso y el vertiginoso descenso, hubiesen sido la combinación perfecta para un evento mortal.

A partir del accidente, el dueño, un político de bastante mala fama en la localidad, presionó a sus compañeros de partido que tienen puesto en el Ayuntamiento, para que le permitiesen volver a operar, lo más rápido posible. El Cabildo respaldado en un estudio de la Universidad de Guanajuato, condescendió para que recientemente el peligroso transporte volviera a funcionar.

El problema al que se enfrenta el gobierno municipal de Guanajuato, es que el permiso que dieron, es para un medio de transportación denominado “Funicular”, cuando en realidad, se trata de un malacate industrial, que indebidamente es usado para transporte de personas.

A nivel mundial existe toda una regulación para que estos mecanismos, de tracción a través de cables, sean usados como medios de transporte de personas. Para ello, deben de obtenerse certificaciones de seguridad basados en estándares (normas oficiales) establecidos para su operación segura.

El mecanismo utilizado para operar el peligroso “funicular” guanajuatense, es un cabrestante eléctrico (malacate), fabricado, en España por la empresa Zitron, ubicada en Gijón, según información del propietario. Dicha empresa se dedica a la manufactura de equipo para minería.

La ley de Metrología y Normalización, que no conocen los miembros del Cabildo capitalino, en su artículo 53 establece, que ante la inexistencia de normas oficiales mexicanas, como es el caso, se requerirá que los productos, en este tema el cabrestante español, cumplan con las normas del país de origen (España). En pocas palabras, el ingenio mecánico debe poseer certificaciones españolas para operar como funicular.

Hay certificaciones de seguridad de la entidad española de acreditación AENOR, que debieran estar cumplidas, ya que existen funiculares en funcionamiento en España, como el de Tibidabo, Montjuic y Vallvidrera en Cataluña, el de Blunes en Asturias y el de Archanda, en el País Vasco. En este caso, se trata de la norma española UNE-EN 12929-1. ¿Dónde están esos certificados para el caso guanajuatense? Silencio del Ayuntamiento.

La diferencia entre un malacate industrial y un funicular, son los sistemas de seguridad que hacen que el funcionamiento del transporte de personas tenga los menores riesgos para los pasajeros, como regulación de la velocidad, frenado, frenado de emergencia, tensión y guiado de los cables, funcionamiento automático, requisitos de seguridad, requisitos de los cables de acero, requisitos de cálculo y de evaluación de riesgos, entre otros. Por eso el costo es substancialmente diferente. Los propios sistemas de un funicular de verdad, hubieran impedido, que el accidente relatado, sucediera.

Y se presenta otro problema: se le da gato por liebre al usuario. No se le advierte al consumidor que esta viajando en un aparato de alto riesgo, casi como deporte extremo, que no ha acreditado las certificaciones de seguridad necesarias para su funcionamiento. El engaño al público, esta a la vista. Las autoridades hacen mutis.

Remate final para constatar la indebida autorización para operar sin certificados de seguridad: sabemos que se pretende construir un teleférico que irá del Parque Bicentenario al monumento de Cristo Rey; pregunta: ¿se le exigirá a la empresa constructora las certificaciones internacionales de seguridad? ¿O se estará a lo que el Ayuntamiento de Silao establezca, a criterio de sus integrantes, para garantizar la salud y vida de los miles de pasajeros que lo usarán? Si se le exige al teleférico certificaciones internacionales, estaremos en un caso claro de asimetría regulatoria e incongruencia, ya que siendo ambos sistemas, medios de transporte movidos por cable, al de Silao si se le requerirán altas especificaciones de seguridad, mientras que al malacate de Guanajuato, por obra y gracia del amiguismo más ramplón, solapador e insensato, se le dejará funcionar sin ellas. Vaya lío.

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UNA INFLUYENTE CARTA, SOBRE LA REFORMA PENAL

 

 

UNA INFLUYENTE CARTA, SOBRE LA REFORMA PENAL

Carlos Arce Macías

Para Miguel Valadéz, mi maestro

 Eugenio Zaffaroni, es un criminólogo y jurista, graduado en la Universidad de Buenos Aires, con estudios de posgrado en el Instituto Max Planck de Alemania, que fue Juez de la Suprema Corte de Argentina. Con una carrera académica y profesional brillantísima, como profesor universitario, consultor de instituciones internacionales como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la ONU, profesor invitado de más de 10 universidades; cuenta con 29 doctorados honoris causa de centros universitarios latinoamericanos y españoles, y es actualmente juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de un jurista de primera línea.

Durante su encargo en la Suprema Corte argentina, cuando corría el año de 2014, el juez Zaffaroni, presidía la comisión encargada de reformar el código penal, que pretendía aumentar las penas de diversos delitos. Y en ese trance se encontraba, cuando recibió una importante carta, que contenía implacables reflexiones a la intención de volver más severos los castigos en la reforma en estudio.

En esta carta se señalaba: “En nuestras sociedades tendemos a pensar que los delitos se resuelven cuando se atrapa y condena al delincuente, pasando de largo ante los desafíos cometidos o sin prestar suficiente atención a la situación en que quedan las víctimas. Pero, sería un error identificar la reparación solo con el castigo, confundir la justicia con la venganza, lo que sólo contribuiría a incrementar la violencia, aunque esté institucionalizada. La experiencia nos dice que el aumento y endurecimiento de las penas con frecuencia no resuelve los problemas sociales ni logra disminuir los índices de delincuencia. Y, además, se pueden generar graves problemas para las sociedades, como son las cárceles superpobladas o los presos detenidos sin condena… En cuántas ocasiones se ha visto al reo expiar su pena objetivamente, cumpliendo la condena pero sin cambiar interiormente ni restablecerse de las heridas de su corazón”.

 Y continuaba la carta: “Si al delincuente no se le ayuda suficientemente, no se le ofrece una oportunidad para que pueda convertirse, termina siendo víctima del sistema. Es necesario hacer justicia, pero la verdadera justicia no se contenta con castigar simplemente al culpable. Hay que avanzar y hacer lo posible por corregir, mejorar y educar al hombre para que madure en todas sus vertientes, de modo que no se desaliente, haga frente al daño causado y logre replantear su vida sin quedar aplastado por el peso de sus miserias”.

 Luego remataba: “Qué bueno que se dieran los pasos necesarios para que el perdón no se quedará únicamente en la esfera privada, sino que alcanzara una verdadera dimensión política e institucional y así crear unas relaciones de convivencia armoniosa. Cuánto bien se obtendría si hubiera un cambio de mentalidad para evitar sufrimientos inútiles, sobre todo entre los más indefensos.

Queridos amigos, vayan adelante en este sentido, pues entiendo que aquí radica la diferencia entre una sociedad incluyente y otra excluyente, que no pone en el centro a la persona humana y prescinde de los restos que ya no Ie sirven”.

 Al final venía la rubrica del remitente: Papa Francisco

Zaffaroni, agradeció gentilmente al Papa su misiva y contestó: “Nuestra región sufre diferentes niveles de violencia que, sean bajos o altos, sólo parecen interesar como objeto de manipulación mediática, en pos de un fin único: agravar penas, inventar tipos penales nuevos frente a cada problema social y, en el fondo, consolidar la idolatría del poder punitivo, cuya ilusoria omnipotencia explotan los políticos inescrupulosos y rinde a los gobiernos, con el consiguiente peligro para las estructuras institucionales democráticas de los Estados”

 El eminente jurista, luchaba solo frente al oficialismo gubernamental.

Ahora que en Guanajuato los poderes del estado, en pleno, han decidido una reforma para acrecentar las penas, y tomando en cuenta que los bastos trabajos de investigación criminológica, a nivel mundial, son concluyentes respecto a la inefectividad de esa medida para controlar el aumento de la delincuencia, los señores legisladores deberían valorar seriamente la trascendencia del aumento de penas que pretenden imponer. Piénsenlo muy bien, ya que quizás el problema se encuentre en el alto grado de impunidad, más del 60% de los delitos, que en nuestro estado no se castigan. El problema no es la ley, sino la ineficacia de las instituciones.

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TALIÓN,venganza o racionalidad

TALIÓN

Carlos Arce Macías

“Ojo por ojo, diente por diente”

 La Ley del Talión es aquella que aplica penas iguales a aquéllas que se han inferido a alguien. Si una persona te ha quebrado un brazo, la ley del talión consiste en quebrárselo también al agresor.

Hammurabi, rey de Babilonia en el 1728 A.C., fue un creador de leyes, que fueron codificadas y publicitadas en las plazas públicas de todo reino a través de monolitos gravados denominados estelas. En el museo del Louvre en París, se puede admirar la Estela de Hammurabi, plagada de inscripciones acadias (lenguaje babilónico) que es la referencia de normas jurídicas más antigua de la historia. Ahí se encuentra el antecedente mas lejano la Ley del Talión, en donde se establecen penas iguales por las lesiones inferidas.

¿Qué es lo que sucede en nuestro interior para decretar penas tan severas? Lo que pasa, es que cerebro humano reacciona de forma exacerbada frente al miedo. Su zona más arcaica, es el denominado cerebro reptiliano, que contiene las claves del instinto de conservación básico, donde se procesa el temor. Ahí se desarrollan los reflejos de ira y coraje, y por supuesto, la respuesta agresiva en contra de atacantes. Es el crisol de las reacciones más elementales que se manifiestan en la conducta humana.

Las emociones, por su parte, radican en otra área, el llamado cerebro límbico, más evolucionado que el anterior. Ahí se producen emociones como la tristeza o la inseguridad. En la interacción cerebral entre la parte reptiliana y la límbica, tienen su génesis reacciones como la furia y la venganza. De esta mezcla de instintos y emociones, surge la Ley del Talión, como una reacción primitiva ante algún tipo de ataque.

La mujer agredida, el padre agraviado, el vecino robado, en todos esos casos, la víctima clama por venganza y castigo. La Ley del Talión fue la respuesta inicial para sancionar el delito. La Sharia, el conjunto de leyes islámicas, aún vigentes en varias naciones, son un ejemplo de la utilización de penas corporales como azotes, lapidación y corte de diversos miembros del cuerpo. Es explicable. Ese sistema responde a la reacción cerebral instintiva, provocada por el miedo, el dolor y la indignación, que nos lleva a clamar por castigos exagerados para los inculpados.

Proponer acciones que respondan al instinto y la emoción, son muy efectivas para ganar el favor de los ciudadanos indignados y atemorizados. También es una táctica muy efectiva para ganar seguidores.

Solo así se explica la propuesta gubernamental, frente al aumento de la inseguridad, para elevar las penas, bajar la edad para el castigo (16 años), intentar neutralizar las fianzas para obtener la libertad, imponer la persecución de oficio para ciertos delitos, etc. Se trata de iniciativas que apuestan por la severidad contra los infractores de las normas básicas de convivencia, permitiendo que prevalezca la parte más primitiva de nuestro cerebro, para idear los medios que resuelvan el problema. La descarga de adrenalina está garantizada, así como la satisfacción inmediata y arcaica de una ciudadanía vengativa .

3400 años después de Hammurabi y sus métodos salvajes de castigo, en pleno Siglo de las Luces, el insigne penalista italiano Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria transforma completamente el derecho penal, partiendo de un análisis sistémico de la situación, proponiendo la racionalización de las penas y prohibiendo los castigos infamantes, así como la pena de muerte. Sugiere la cárcel como castigo, pero también como método de cambio del comportamiento del reo.

Seguramente en la mente del gran penalista, su parte más evolucionada, la corteza cerebral, se impuso, para pensar el tema de los castigos, desde un encuadre racional e inteligente. Habrá pues que repensar el sistema penal y proponer mecanismos de reinserción social y educación de los presos, especialmente los jóvenes, cuya conducta puede modificarse con mayor eficacia. La mejor forma de combatir la delincuencia es evitar la impunidad. La substitución del “ojo por ojo”, por :“el que la hace, la paga”. La Ilustración, ese gran momento de la historia universal, llegó con Beccaria al derecho penal, estableciendo el racionalismo como principio.

Pensar que las penas deban de ser mas severas y largas, intentar eliminar beneficios constitucionales para los convictos y apostar por la rudeza carcelaria es una lúgubre, populista y vengativa política criminal. El paso que se debe de dar, es procesar de manera más sofisticada y racional el problema de la delincuencia y su regeneración social. Eso significa actuar bajo preceptos auténticamente humanistas. Debemos cuidarnos de una reforma penal en Guanajuato, que no este inspirada en la razón, y solo responda a instintos y emociones básicos. No en balde hemos evolucionado.

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SEGURIDAD PÚBLICA, altos costos por cubrir.

 

 SEGURIDAD PÚBLICA, SOLO CON ESFUERZO FISCAL

Carlos Arce Macias

Los malos gobiernos no producen buenas policías. Es algo que los ciudadanos debemos aprender e internalizar. La naturaleza del crimen organizado es la colaboración que le brindan los gobiernos. Malos políticos están involucrados con el, brindándole cobertura y manteniendo las condiciones de seguridad en franca debilidad, para permitir la operación de los grupos delincuenciales sin estorbo alguno.

La corrupción política y gubernamental debe de ser combatida, no solo para que los políticos no se enriquezcan, sino en defensa propia, para lograr la formación de cuerpos policiacos verdaderamente eficaces. Nuestra seguridad, y la de nuestros hijos lo reclaman. La corrupción es el caldo de cultivo ideal para el crimen.

Una de las estrategias más recurrente y peligrosa, armada desde órganos estatales o municipales, incompetentes para asumir la dura función que tienen a su cargo, es la de vender plazas a algún grupo y permitir que este se encargue de “limpiar” la localidad de adversarios, y así dar la impresión de que la seguridad mejora. De ahí las ejecuciones en cascada. Otras veces se trata de conflictos entre los carteles por el control de una ruta o ciudad. Más de lo mismo: ejecuciones por docena.

Lo que queda claro, es que cuando esto sucede, las fuerzas locales encargadas de la seguridad, muestran una debilidad crónica para enfrentar a los delincuentes. Tienen un problema operacional, y eso es evidente a los ojos de los ciudadanos, que sufren balaceras y atentados hasta en los principales centros comerciales de su localidad. Este es un dato alarmante, que revela la ineficiencia de los cuerpos de seguridad, frente a la tranquilidad y parsimonia de los sicarios para ejecutar a cualquier adversario. No hay escudo que valga.

El Gobierno Federal, desconocedor de la realidad y heterogeneidad municipal, ha propulsado la creación de un “mando único”. Algunos alcaldes abrumados por la fuerza mostrada por los delincuentes, han visto en ello la salida a sus problemas, traspasando las responsabilidades del servicio de seguridad al estado. Por su parte, la entidad federativa cree que puede asumir con eficacia un rol constitucionalmente atribuido al municipio. Nada mas falso, será vencido sin duda. No entienden que hay un problema de corrupción en los gobiernos, y que el estado es el menos ajeno a ello. Ante el mando único, los malandros, en lugar de capturar la voluntad de varias corporaciones, solo tendrán que ponerse de acuerdo con una. Mala apuesta.

Por otro lado, los débiles agrupamientos policiacos municipales, dirigidos por malas administraciones, cuyos integrantes están más enfocados a hacer obra pública para recibir moches, o negociar usos de suelo y licencias de funcionamiento con desarrolladores voraces y comerciantes desesperados; no cuentan con las capacidades mínimas para recomponer la situación.

Hay que entender que los presupuestos de los municipios no están diseñados para mantener un cuerpo policiaco profesional, que lleve a cabo labores de inteligencia, y en base a ello, realice las acciones pertinentes para controlar todo brote de inseguridad en su circunscripción. Un policía en Canadá ó Inglaterra gana el equivalente a $50,000 pesos mensuales, más un sinnúmero de prestaciones como seguros, vivienda, guardería y educación para sus hijos. Los policías españoles y australianos cobran al rededor de 42,000 pesos. Como miembros de un servicio profesional, van incrementando beneficios conforme a la antigüedad, así como posibilidades de prejubilaciones desde los 20 años de servicio ininterrumpido.

El equipamiento de las policías debe de ser de última generación, comenzando por los chalecos antibalas, que deben de corresponder a los calibres más comunes a los que se ven expuestos. Los chalecos deben de estar certificados y cumplir con la NOM mexicana respectiva. ¿Ya los habrán revisado?

Algunos datos aislados revelan que el equipo de un policía puede rondar los $50,000 pesos, sin contar con patrullas, camionetas, sistemas de comunicación, capacitación, cursos de actualización, etc. La razón de policías por cada mil habitantes, según páginas oficiales de Estados Unidos, es mayor a 2 policías por cada 1000 habitantes. León por ejemplo, debería contar con 3160 agentes, Guanajuato Capital con 510, y Celaya 936. Se necesita mucho dinero para montar una policía de verdad.

Ningún municipio de nuestro estado ha hecho frente a todos estos requerimientos. Y esto solo se podrá llevar a cabo si se implementa una reforma fiscal, que genere una mayor carga tributaria en el impuesto predial. Es la única forma de comenzar a enfrentar el duro reto que el hampa y los malos gobiernos nos han impuesto. Se trata de reasumir las responsabilidades gubernamentales de mantener la paz pública en cada comuna.

Pero aparecen retos en el camino para lograrlo: el de mejorar el gobierno, evitando la corrupción, y como consecuencia la programación y el gasto eficaz y eficiente del presupuesto público. De otra forma, prevalecerá la resistencia ciudadana a entregar más aportaciones a gobiernos opacos, amateurs, inhábiles y ocurrentes.

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¿Que les pasa a los gobiernos?

¿QUÉ LES PASA A LOS GOBIERNOS?

Carlos Arce Macías

 Seguramente el presidente de la República, considera que el motivo de tanto desencanto social con su gobierno,  solo se debe a que los ciudadanos andamos de mal humor.  Sin embargo, creemos, que la zozobra e intolerancia de la comunidad hacia la forma en como nos están gobernando, tiene motivos más profundos. En esta entrega, apunto algunos.

 En México, a partir de la última década del siglo pasado, se logró consolidar un sistema electoral en donde los votos se cuentan y existe una institución encargada de la certidumbre y regulación electoral. Las cosas parecían ir bien. Pero a partir de las  elecciones del 2006 y  sobre todo del 2012, en la cual una alianza mediática fue capaz de poner en la presidencia a un gobernador de mediano talento y de voraz apetito por los negocios, el ambiente se ha enrarecido a paso veloz. El tránsito hacia un ejercicio democrático más intenso, está estancado.

 El abuso de poder, una mayor cantidad de información política y administrativa, y el uso cotidiano de las redes sociales, han producido nuevos fenómenos, que se expanden en la sociedad, a gran velocidad. Los políticos se han negado a tomar consciencia de estos hechos, y continúan actuando como si nos encontráramos en las últimas décadas del siglo pasado, intentado controlar a la sociedad  a contentillo.

 Y he aquí que los gobiernos de todos los niveles, legalmente elegidos, están perdiendo legitimidad de forma acelerada, por el desgaste que sufren ante los ciudadanos, al conocerse todo tipo de acciones atrabiliarias, mala administración, falla en los servicios públicos, especialmente en seguridad, y el conocimiento de tranzas y abusos de los funcionarios a cargo. En apenas un trimestre, un gobierno recién elegido, puede transitar al averno del desprecio público.

 Y el panorama tiende a peor… para los políticos. Las respuestas legislativas a las develaciones de malos manejos presidenciales, han topado en la profundización de políticas de transparencia, que acabarán haciendo públicos enormes caudales de información. Como ejemplo, la reciente Ley General de Transparencia, impone a los gobiernos  50 obligaciones muy precisas, de datos que deberán hacerse públicos de acuerdo a los formatos que está por aprobar el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Si no se acata la ley, podrá haber sanciones administrativas y multas cuantiosas para el servidor público incumplido.

La apertura de información no tiene reversa, y está evidenciando todo tipo de problemas dentro de las administraciones, comenzando por la corrupción rampante en muchos de sus espacios. Mientras, el flujo de informes, datos y reportes es imparable, a través de las redes sociales. El desgaste es enorme y continuo. Los gobiernos están desconcertados.

 A nivel federal, la granizada ha sido intensa, propiciada por el descaro del grupo  político, proveniente del Estado de México. Confundir la república con una monarquía absolutista, como acontece en esa entidad, fue un craso error. Los costos ha pagar han sido altísimos, y el deterioro de la imagen de nuestro país en el exterior, ha sido inmenso. No entienden que no entienden, como se les ha dicho reiteradamente.

 Los estados, dependiendo de su desarrollo institucional y el comportamiento de su ejecutivo, también presentan el mismo diagnóstico que la Federación… o peor. Los casos de Chihuahua, Coahuila, Sonora y Veracruz, son patéticos. Del chisme provinciano, imposible de corroborar, hemos saltado a los informes precisos del patrimonio de los gobernantes estatales, muy dados a comprar inmuebles ubicados en México o en el extranjero. Hemos conocido también las cuentas panameñas en paraísos fiscales, el abuso en el uso de los aviones oficiales, la construcción de presas particulares y hasta la creación de bancos para beneficio propio.

 Los municipios, con mayores debilidades por su forma de gobierno medieval, poco eficiente y eficaz, también sufren el acoso de la política de transparencia vigente. Sueldos, salarios y prestaciones, son conocidos puntualmente. Las discusiones en el seno de los cabildos, ahora se acompañan con datos presupuestarios oficiales, que confirman subejercicios, o reportes que permiten ubicar los errores en la prestación de los servicios, la ejecución de la obra pública, las amañadas compras gubernamentales, y lo peor, la ineficiencia de los cuerpos policiacos, para frenar la inseguridad en ciudades y pueblos de México.

 Los ciudadanos están de malas. Y no se van a componer. Los políticos deben hacer consciencia de la necesidad de tomar al toro por los cuernos y volcarse en el trabajo de restructuración de la administración pública. Para empezar, se necesita establecer un servicio civil de carrera, que garantice que las cosas se hagan de manera profesional en el gobierno. La otra, es que ante el acceso a la información pública y a los archivos gubernamentales, que impone la nueva legislación, se propongan arreglar las viejas áreas que han sido focos de corrupción: la obra pública y las adquisiciones generales. Seamos claros: ha sido un robadero. Hay que poner coto a esos abusos, porque si no la transparencia devorará rápidamente a los administradores públicos. Sí habrá consecuencias, en aquellas sociedades que hayan evolucionado y tengan organizaciones sociales y empresariales  activas y militantes. Estas, incluso, están desplazando  a los partidos políticos, sumidos en conflictos internos y plagados de intereses inconfesables. Languidecen como  serpientes que devoran su propia cola.

No lo duden: la clave está en la voluntad de cambio del gobierno, para transformarse en una organización verdaderamente profesional e íntegra. Lo otro es el camino al precipicio.

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