LEGISLAR BIEN, algunas claves

LEGISLAR BIEN

Carlos Arce Macías

La función legislativa es muy complicada. La conducción de la sociedad hacia situaciones mejores a las que ahora compartimos, requieren de suma de talentos y virtudes personales, que conformen una fuerza de acción suficiente para vencer las resistencias al cambio. Y para lograrlo, el trabajo legislativo es fundamental. Por eso, es obligación de los diputados, imprimirle racionalidad a las leyes que se procesen, de tal manera, que beneficien a la colectividad y eviten situaciones y conductas contrarias a la sociedad en su conjunto. Son representantes de todos los guanajuatenses, no de intereses empresariales, comerciales, gremiales o individuales.

Hacer leyes, sancionar iniciativas que les sean enviadas por los otros poderes, aprobar el presupuesto del estado, fiscalizar sus cuentas públicas y las de los municipios, son las principales atribuciones, de las 34 asignadas constitucionalmente a la Cámara. ¿Cómo les puede quedar tiempo a los diputados para gestorías? El tamaño de las obligaciones que tienen encima, es abrumador, no hay tiempo para distracciones.

Su principal compromiso, legislar bien, debe de ser cumplido a cabalidad. Y eso requiere de un ambiente diferente al que ahora se vive en el Congreso guanajuatense. Hacer leyes en el siglo XXI, significa poseer grupos interdisciplinarios para el análisis holístico de las normas. Me pregunto: ¿cuántos economistas, ingenieros industriales, sociólogos y antropólogos tiene contratados la Legislatura? ¿Cómo analizan las iniciativas? ¿Qué metodologías e indicadores utilizan? ¿Cómo pulsan laos problemas de nuestra sociedad?

Contestar estas preguntas será difícil. Su actividad debe buscar interrelacionarse con grupos académicos nacionales y sobre todo estatales, que brinden información valiosa para el conocimiento profundo de las realidades que se intentan regular. Los alemanes, por ejemplo, usan desde hace lustros a la sociología jurídica como un radar social, para identificar fenómenos societales que deban ser normados. Intentan tapar el pozo antes de que el niño se ahogue.

Y no solamente se trata de imponer nuevas normas y congestionar a la sociedad de reglas innecesarias que únicamente beneficien a unos cuantos. La función legislativa, también debe de eliminar legislación, como en algún caso ya lo ha hecho esta legislatura. Eso está muy bien. Pero lo que hay que realizar son auditorías regulatorias a las legislaciones de mayor impacto, que identifiquen las normas absurdas, incongruentes y mal redactadas, para expulsarlas del marco normativo. Un chorro de trabajo para todas las comisiones.

Otra medida que pondría en una situación de ventaja a Guanajuato, sobre las demás legislaturas, sería la decisión del Congreso de exigir por ley, para toda iniciativa propia o de los demás poderes y ayuntamientos, una Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR). Y no estaría mal que el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCE), interesado en la calidad de la legislación que se aprueba en nuestro estado, así como las demás asociaciones ciudadanas de la región, exijan este mecanismo, desarrollado para garantizar estándares óptimos para la regulación que se va emitiendo. La MIR es un estudio técnico que obliga a racionalizar la codificación que tratan de imponernos, explicitando sus antecedentes, datos económicos, circunstancias sociales, referentes legales nacionales e internacionales, y obliga a fijar con precisión el objetivo regulatorio. Es “manifestación” porque la deben firmar los responsables del proyecto, a fin de conocer a quién o quienes se deben los beneficios o perjuicios que produzca la ley, es por lo tanto un instrumento de rendición de cuentas. Sin MIR no hay discusión seria de propuestas legislativas, no hay datos que contrastar, objetivos por discutir, experiencias para debatir… nada. Solo un posicionamiento aburrido y débil de cada fracción parlamentaria, que a nadie interesa.

El Congreso puede acudir a la experiencia internacional, para un asesoramiento a fin de implementar la MIR de manera generalizada para su análisis legislativo. Es algo totalmente novedoso en México a nivel de un poder legislativo estatal. Seguramente en esos espacios encontrará interés, y el conocimiento pleno del mecanismo de control de calidad que debemos exigir.

Ahora bien, para implementar todo esto, se requiere de personal de alto perfil, que es costoso, y por lo tanto, de un aumento de gasto corriente. La nuevas inclusiones deben de responder a perfiles muy bien calificados, y no a distribución de posiciones como cuota partidaria o para cuates. Hay que formar un pequeño grupo técnico especializado en análisis económico, administrativo y social, que garantice la calidad de nuestras leyes. Y se debe de disponer de fondos para contratar algunos proyectos de investigación. Eso cuesta, pero cuesta más, muchísimo más una mala ley.

También es urgente concluir el nuevo edificio del Congreso. El costo de oportunidad, no se ha considerado en las duras críticas lanzadas en contra de este gasto. Ya está ahí. Se necesitan estas nuevas instalaciones que contarán con espacios modernos y cómodos para trabajar y sostener reuniones, y, espero, con los sistemas informáticos de última generación, que permitan trabajos de procesamiento sofisticado de datos.

Queda todo el universo de la fiscalización y la discusión del presupuesto por repensar, pero de eso hablaré en otra entrega. Por lo pronto insisto: la posibilidad de la reelección viene, y con ella la necesidad del seguimiento puntual del trabajo de nuestros diputados. ¡Bien el CCE de León! Lo deberían de imitar más organizaciones civiles.

Twitter: @carce55

Abgeordnete der Unions-Fraktion heben am 27.06.2013 im Bundestag in Berlin für eine Abstimmung die Hand. In seiner vorletzten Sitzung vor der Sommerpause hat der Bundestag einen Rekord aufgestellt. Die Plenarsitzung dauerte fast 16 Stunden und ging bis in den frühen Freitagmorgen. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++(c) dpa – Bildfunk+++ Publikationsname / Publikationsnummer / E-Tag TT.MM.JJJJ (optional)

Reichstag Kupel mittel, Berlin, Germany

Anuncio publicitario

AYUNTAMIENTO, otra forma de gobernar

AYUNTAMIENTO, PANTERAS Y LOBOS

Carlos Arce Macías

Conste que en su momento, desde este espacio editorial lo advertí: la elección de un gobierno municipal, consiste en una votación para elegir un Ayuntamiento, no un Presidente Municipal.

Durante las campañas electorales, desde el IEEG, contestaron mis críticas afirmando que era intrascendente que los partidos políticos solo anunciaran y publicitarán el cargo de presidente municipal. Ahora, la cultura política de los guanajuatenses hace agua, y el caso de León pone en evidencia el yerro de la autoridad electoral, al no obligar a los partidos a presentar sus planillas postuladas para conformar el Ayuntamiento. Creen que el presidente municipal es el que manda y gobierna exclusivamente.

Reitero por centésima vez, el municipio se dirige por una junta de gobierno, denominada Ayuntamiento. El presidente municipal, es un personaje destacado de esa junta, pero no es el equivalente ni al gobernador, ni al presidente de la República, pero en chiquito. En los municipios, el mando del ejecutivo, es compartido, a través de comisiones, con los síndicos y regidores.

Una forma de explicarlo es la siguiente. Si nos trasladáramos al mundo de los animales (zoología), convendría observar a las panteras. Estos felinos acechan a sus presas desde la soledad de su escondite, esperan el momento propicio y atacan. De la misma forma, cual panteras, los ejecutivos de los gobiernos federal y estatal funcionan de manera individual y por separado, tienen la facultad de mando unipersonal.

En el gobierno municipal, el caso es diferente. Este está compuesto de lobos, que acorralan a su presa actuando en manada, con funciones definidas dentro del grupo, pero siempre sujetos a la colectividad. Dependen del conjunto y de sus movimientos coordinados para cazar. Creo que este es un buen ejemplo que explica la diferencia entre el gobierno dividido (federal y estatal) y el gobierno por concejo (municipal).

La sujeción al agrupamiento, significa un modo de actuar y resolver los problemas públicos y de funcionamiento interior, totalmente diferentes al proceder del solitario poder ejecutivo de los otros niveles de gobierno. Mecánicas, rutinas y conductas de los integrantes de un ayuntamiento, son por lógica diferentes a las del gobierno unipersonal.

Para León, los principales partidos políticos, se supone, enviaron a sus mejores elementos a sus planillas de miembros del ayuntamiento que fueron votadas en la última elección. Ese fue el caso del PAN, que integró a personalidades destacadas de la ciudad. El resultado combinado, ha sido la conformación de un Cabildo que sería un lujo para cualquier ciudad importante de México. Panistas y opositores, poseen muy buenos perfiles que debieran garantizar un correcto desempeño del gobierno local. Los opositores harán su trabajo de desgaste y critica sobre las decisiones de la mayoría, apoyando exclusivamente propuestas muy trascendentes para la localidad.

Por su parte, el grupo panista, compuesto por presidente, síndicos y regidores, deben de coordinarse para dirigir con sensatez y asertividad los destinos de la mayor ciudad del estado de Guanajuato. Pero esto no quiere decir, que estén sujetos a unanimidades obligatorias. Como junta gubernamental, las discusiones son válidas. Lo que pasa es que la pobre tradición democrática mexicana, no esta acostumbrada al debate serio de los asuntos, sino a los acuerdos discretos y herméticos entre sus miembros. Hay que exigir la discusión de propuestas en el seno de los ayuntamientos. Los planteamientos que ahí surjan, serán muy enriquecedores.

La exigencia de una conducción dictatorial por parte del presidente municipal, es absurda. No posee las facultades para ello, insisto, no es un gobernadorcito. Héctor López Santillana es un coordinador del Ayuntamiento, un facilitador de acuerdos y resoluciones que se toman en su seno, no es un tirano que pueda imponer su designio. La ignorancia de muchos, la mala fe de otros, la critica lógica y mordaz de los opositores, tratan de vendernos una imagen equivocada de la función edilicia. Los debates y puntos de vista dentro de esta junta, deben transformarse en normalidad, aunque no sea sencillo de digerir para algunos, por falta de ejercicio democrático. Pero hay que dar un paso adelante.

Es el Ayuntamiento, el lugar óptimo para el debate y la propuesta, que debe de ser el origen de la vida política, intensa y participativa. Es ahí en dónde debemos centrar nuestras expectativas. ¿Les infunde temor la controversia entre los síndicos Medina y Ayala por la política de seguridad pública que debe de instaurarse en León? ¿De verdad? A mi me parece interesantísimo el tema, e invitaría a que fueran más explícitos en sus posiciones, debatieran, pero eso sí, llegaran a resultados, bajo la guía de López Santillana, y conjuntamente con todo el Ayuntamiento, para instaurar una política pública sólida y consensada en el municipio. Eso no se debe arreglar en lo obscurito.

Abundo; díganme si no vale la pena una buena e inteligente discusión sobre dos modelos de seguridad municipal: uno, el de un mando único de facto, propiciado desde el gobierno estatal; y otro el de un mando policiaco propio, definido, instrumentado y operado principalmente por el gobierno local, asumiendo sus responsabilidades. No son cuestiones fáciles de resolver, pero los ciudadanos tienen derecho a ser informados, a través de las discusiones dentro del Ayuntamiento, de la problemática de seguridad y sus posibles soluciones.

Finalmente, sería un error, convocar a una prudencia mal entendida a políticos que deben de hacer gala de inteligencia. No nos encontramos en las obscuras épocas de alineación al designio partidista. Hay que enriquecer la vida política local, construir ciudadanía con ejemplos de debates serios e inclusivos, y actuar civilizadamente. Así se hace ciudad.

Twitter: @carce55

 

MOVILIDAD, UNA LEY CONTRA LA LIBERTAD

MOVILIDAD: TRÁMITES, CORRUPCIÓN Y ATAQUE A LA LIBERTAD

Carlos Arce Macías

En la pasada entrega editorial, traté el tema de la nueva ley de movilidad y la facilidad con que fue aprobada en nuestro Congreso, no obstante sus evidentes carencias técnicas y de diseño. Esto en desdoro de la división de Poderes, básica para toda democracia funcional.

Paso ahora a relatar mi experiencia, al realizar la revisión puntual de la ley. Advierto que en todos los años que llevo ejerciendo el Derecho, no había visto un documento tan pésimamente manufacturado, como la iniciativa enviada desde el Ejecutivo.

La ley votada unánimemente por 34 diputados, fusionó la Ley de Movilidad con la de Tránsito y Transporte, obsequiándonos un compendio de 275 artículos cargados de obligaciones. También se hicieron reformas al Código Penal del Estado y a la Ley del Sistema de Seguridad Pública. Los ánimos modificatorios estaban exacerbados.

Enumeraré mis principales críticas a la ley:

1.- Es una normatividad que no fija con claridad su objetivo regulatorio, porque este trata de ser encubierto. Explico: del énfasis que se utiliza, mencionando, decenas de veces, la expresión “servicio especial ejecutivo”, se descubre el verdadero objetivo de la reforma: establecer controles discrecionales sobre Uber, para la protección de ciertos intereses del sector, impidiendo la libre contratación entre particulares de un servicio eficiente e innovador. De esa forma se pretende limitar nuestra libertad, de eso no hay duda.

2.- Sin embargo, no pararon ahí. Ingeniosamente, decidieron crear un exótico Instituto de Movilidad, amo y señor de todo cuanto ocurra en el mundo de la movilidad y el transporte en Guanajuato. El esperpento institucional concentra todo tipo de atribuciones, 33 para ser exactos, a partir de las cuales diseña, colabora, provee, regula, expide, opina, recomienda, concilia, protege, analiza, crea, modifica, gestiona, fomenta, genera, dicta, instrumenta, determina, incentiva, conforma, etc. Se ha creado un órgano omnipotente, hiperconcentrado, unipersonal, y alejado totalmente de las buenas prácticas regulatorias, que recomiendan el establecimiento de mandatos muy claros y que no se contrapongan entre sí. Como ejemplo, regular y promover, son verbos que no se llevan ya que implican decisiones que se contraponen.

3.- Paso a otra curiosidad administrativa. Se ha diseñado un Instituto sin un consejo general. Es normal que esta clase de entes públicos, funcionen, teniendo como guía, una junta plural que asegure la adopción de políticas públicas pertinentes. En contraposición a ello, tenemos una especie de comisario soviético, que reúne en sus manos toda clase de atribuciones y discrecionalidades. Solo se prevén comisiones de trabajo, que congregan a todos los representantes de los poderes fácticos del sector. Así, la captura regulatoria, está asegurada, y con ella la corrupción generalizada.

4.- La nueva regulación crea nuevos registros: el Registro de Concesiones y Permisos del Transporte, y el de Licencias e Infracciones; lo curioso, es que a contrapelo de la política de transparencia en boga, no son públicos. Opacidad a la vista.

5.- El Instituto se ubica, violando la Constitución, sobre los ayuntamientos. El artículo 12 es inadmisible, ya que sitúa al Cabildo como un simple ejecutante de sus revisiones y opiniones. La controversia constitucional será el medio para corregir el entuerto.

6.- Continuando con la nueva relación que se establece entre el gobierno local y el Instituto, la nueva normatividad, en su artículo 14, obliga a los ayuntamientos a destinar a las nuevas ocurrencias “recursos económicos prioritarios en términos reales de sus respectivos presupuestos de egresos”. ¿Cuánto acabará costando “en términos reales” a los municipios la genial idea? Nunca hicieron las cuentas nuestros diputados.

7.- Presenta confusiones conceptuales al declarar el “servicio especial ejecutivo” (esencialmente Uber) de interés público. Consistiendo en un contrato entre particulares, que puede perfectamente ser tutelado por PROFECO, no se identifica el interés público en un servicio de lujo, prestado a “ejecutivos”. La descripción del servicio es tan aberrante que resulta discriminatoria. Los taxis para los pobres, el servicio ejecutivo para los ricos. No se les vaya ocurrir a los taxistas mejorar sus unidades. ¡Ridículo y mal conceptualizado!

8.- La nueva regulación esta sembrada de decenas de trámites, basados en la discrecionalidad de los funcionarios para poderlos resolver, habilitándolos para dictar toda clase de medidas administrativas. Se trata del caldo de cultivo ideal para la corrupción de por sí rampante en ese sector. Cuando muy pronto se analice el costo regulatorio, que los diputados han puesto sobre aquéllos ciudadanos que osen intentar actividades en el ramo del transporte, se verá con precisión, los cientos de millones de pesos que nos costarán las irracionales medidas impuestas por el Legislativo.

9.- La iniciativa presenta vicio de origen. De conformidad con la Ley de Mejora Regulatoria del Estado, el Ejecutivo estaba obligado a cumplir con lo indicado por el artículo 31, que obliga a elaborar una Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR); que entre otros estudios, exige la evaluación costo-beneficio de la regulación. Esto, a fin de constatar que no salga mas caro el caldo que las albóndigas. Advierto: pretextar que la iniciativa esta exenta de MIR, sería la negación de la política de mejora regulatoria en Guanajuato.

10.- La nueva ley, no es enfática en promover la instauración de horarios de carga y descarga en las ciudades, pero sospechosamente si impide, de tajo, el manejo de paquetería por parte de los servicios de “transporte ejecutivo”. De esta forma, los transportistas de carga quedan protegidos con esta medida. El conflicto de interés del diputado encargado del trámite del nuevo ordenamiento, se revela con nitidéz.

11.- Llegamos a los artículos transitorios, que casi siempre contienen sorpresas. El Décimo Octavo, estipula un amplio programa de regularización para todos los que se ostenten como concesionarios (piratas). ¡Vergonzoso!

12.- La cereza del pastel, es la reforma al Código Penal del Estado para incluir el nuevo capitulo de “Delitos en materia de Transporte Público”. Ahí se enderezan baterías en contra de Uber y taxistas, pero exceptúan a los concesionarios de ruta fija (camiones urbanos). Esos no existen. La reforma penal nos obliga a reflexionar si las conductas delictuosas revisten una peligrosidad digna de la privación de la libertad. En momentos tan críticos en cuestión de seguridad para nuestro estado, resulta injustificado distraer activos policiacos, ministerios públicos y jueces, en castigar conductas que pueden corregirse con remedios administrativos. ¿Es una buena política de seguridad, meter a la cárcel a taxistas y conductores? ¿Vamos a gastar el presupuesto y a usar los activos institucionales en ello? Parece que perdieron la razón.

Al final, rematamos con una perla legislativa, la ley en comento, contiene un imperativo categórico de crear módulos para la atención “a mujeres violentadas en el servicio”. Mala perspectiva para las féminas. Pero contarán con su ventanilla de atención. ¡Bienvenidas a bordo!

Estas son sólo algunas de muchas observaciones al texto recientemente aprobado. Reconozco, eso sí, un avance: la instauración de la obligación para los propietarios de vehículos de poseer un seguro vehicular. Eso es correcto.

La herencia que nos deja esta nueva legislación, es de coto a nuestra libertad, trámites costosos y amplias posibilidades de corrupción. Por eso debemos ser más exigentes con nuestros legisladores. El mecanismo ya lo tenemos, y es la posibilidad de reelección. Insisto, hay que usarlo.

@carce55

 

 

¿DIVISIÓN DE PODERES? Algo anda mal

 

REELECCIÓN, MOVILIDAD Y MONTESQUIEU

Carlos Arce Macías

 

“No existe tiranía peor que la ejercida a la

sombra de las leyes y con apariencia de justicia”.

Montesquieu.

 Charles Louise de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu, ha sido uno de los más profundos pensadores sobre las instituciones políticas. Sus ideas, provenientes del estudio de la Revolución Gloriosa (1688), que instauró en Inglaterra la monarquía parlamentaria, en contraste con el absolutismo imperante en la Francia de Luis XIV, tuvieron un impacto decisivo en los padres de la independencia norteamericana.

Miembro connotado de lo que identificamos como La Ilustración, Montesquieu, dedicó su vida a observar y reflexionar sobre la forma que tenían las diferentes naciones para gobernarse. Concluyó que la más inteligente, sería la recién adoptada por los ingleses, consistente en el acotamiento del soberano, por otros dos poderes, el legislativo y el judicial. El poder controlando al poder.

Esta visión, fue en parte producto de la moral protestante imperante en Gran Bretaña, que consideraba al hombre como un ser concupiscente, y por ello, necesario de que se controlaran sus actos volitivos. En el caso del rey, por medio de instituciones que no fueran fácilmente capturadas por el monarca. El protestantismo no incluye el mecanismo de la confesión y perdón de los pecados del catolicismo, porque se basa en la línea directa que cada individuo establece con el Creador. Para ellos, las malas acciones debían de ser evitadas, no perdonadas. Por lo tanto, y traspasado al ámbito político, la ambición, voracidad y expansión del poder real, debería de ser limitado de alguna forma. Así nace el gobierno basado en la división de poderes. Luego, exacerbada la idea por la ética puritana, más radical, de los colonos del nuevo mundo, la constitución americana de 1789 adopta el régimen republicano. La voz de Montesquieu, a través de su gran obra, “El Espíritu de las Leyes”, resulta ser la obra más comentada, luego de La Biblia, en el constituyente norteamericano.

A partir de ese momento, el constitucionalismo dio un largo paso, planteando la división de poderes como el sustrato de la dinámica gubernamental en casi todos los países modernos. Traicionar y romper este principio, es algo muy grave y costoso para una sociedad, porque significa la imposibilidad de acotar a uno de los otros poderes, casi siempre el Ejecutivo. Este es el más expansivo en sus aspiraciones de control total del gobierno, y si se le permite, acabará instaurando un absolutismo indeseado.

Con este marco histórico, y conscientes de la importancia de la actividad legislativa, resulta escandaloso el hecho de procesar una pésima e impresentable ley, que lesiona el interés de la mayoría en beneficio de líderes monopolistas del transporte, prácticamente sin chistar. ¿No están conscientes de su función nuestros legisladores? Tal parece que los miembros del Congreso, están mas involucrado en la “gestoría”, que en el trabajo de análisis y revisión legal que tienen encomendado. Con su negligencia, parecen no darse cuenta que lo que generan es el rompimiento de la división de poderes, y eso si es peligroso, ¡peligrosísimo!

En el ámbito parlamentario, el debate es la substancia de la función. La confrontación de ideas, la crítica punzante, incluso el escarnio, son válidos en el apasionante desarrollo de la actividad parlamentaria. En el caso especial de la oposición, el juicio sobre ella debe de ser más severo. Pudiendo esgrimir argumentos mortales en contra de la propuesta del Ejecutivo, vimos como se transformaron en pasivos acompañantes del designio de la mayoría. No creo que eso sea lo que esperamos de nuestros representantes, los guanajuatenses. Con la aprobación de esta ley, han asumido como propio, el interés de unos cuantos. Nuestros representantes han dejado bien claro, que no están dispuestos a plantar cara al Ejecutivo, para acotarlo cuando la razón pudiera asistirles.

¡Fíjense nomás! La primera revisión en el Congreso, de la iniciativa de movilidad, contenía más de 200 objeciones a 214 artículos. Alguien en el legislativo debió trabajar horas extras, creo saber quién, para medio arreglar el brutal entuerto. Lo que hubiera procedido en consecuencia, y emitido una clara llamada de atención a los escribanos de leyes del Ejecutivo, hubiera sido un definitivo rechazo, al mal diseñado instrumento legal. Al intentar arreglar el enredijo, mejoraron un poco el documento inicial, pero no se pudieron reparar los yerros estructurales. Esto lo trataré en mi siguiente entrega.

Los nuevos legisladores deberán asumir su responsabilidad, al no realizar su encargo con gallardía, enfrentando, orientando y ubicando en la senda correcta al otro poder. Solo dos diputados quedaron al margen de la votación para no caer en conflicto de interés. La decisión unánime es un mazazo contundente al “Espíritu de las Leyes” y al equilibrio y control entre poderes, que norma nuestro régimen político. El PAN renunció a imponer el bien común, al que está obligado por su ideario, en tanto que la oposición desaprovechó un momento ideal, para entregarnos un testimonio de su auténtico interés por hacer las cosas con corrección y en beneficio de las mayorías.

Pero lo que quizás olvidaron lo diputados, es que a diferencia de otras ocasiones, el mecanismo de premio y castigo ciudadano ya está activado, y será valido para los próximos comicios: la reelección. Que el puñado de líderes beneficiados por la nueva ley de movilidad, voten por ellos. Por lo pronto, en mi contabilidad legislativa hay 34 legisladores reprobados, por los que no habría que votar en 2018. ¿Y en la suya cómo van? Hay que llevarles la cuenta, porque son nuevos tiempos.

Twitter: @carce55