¿REGULAR A UBER?
Carlos Arce Macías
Hace dos días arribé por autobús a la ciudad de León procedente de México. Tuve que tomar un taxi a la casa de un familiar, comparto con ustedes mi experiencia. El primer vehículo al que me acerqué me dijo que no podía llevarme, que buscará otro, y ni siquiera oyó mi reclamo. El segundo, conducido por una persona mal encarada, lacónicamente me preguntó a que parte de la urbe me dirigía. Di la dirección, pensó unos instantes y por fin, con tono desganado me dijo: “súbase”. Me trepé a un automóvil Tsuru bastante traqueteado, pero limpio. A medio camino, cometí una impertinencia, por atreverme a preguntarle al chofer si no traía taxímetro su unidad. Su tono fue severo, para relatarme que desde hace mucho tiempo en León no se usan esos aparatos. “A la gente no le convenían -me dijo agraviado-, los propios usuarios pidieron su desaparición”. Llegué a mi destino, no lejos de la Central Camionera, y llegó la hora de la verdad, me cobró sesenta pesos por “la dejada”. Mi cansancio impidió una intensa discusión, pero quedé meditabundo.
Hace un par de meses, estuve en Querétaro. También llegué a la Central Camionera, pero allí, a diferencia de León, ya existe el servicio de Uber. A través de la aplicación (App), pedí el servicio. En tres minutos me recogió y me transportó a mi hotel, al otro lado de la ciudad, una unidad nueva, confortable y tripulada por un buen chofer. Pagué cincuenta pesos.
Querétaro sigue manteniendo un predominio como ciudad moderna en el Bajío. El transporte, no necesariamente público, es uno de esos caso que acredita esa ventaja. Por ejemplo, en la ciudad de México, el uso de Uber es común en un sector de clases medias y altas, que han transformado sus hábitos de movilidad desde el surgimiento de la modalidad de transporte, bueno, bonito y barato. Una de mis hijas, simplemente vendió su auto. Lo usaba poco ante las nuevas y combinables alternativas: metrobús, bicicleta y Uber.
Y es que la contratación de un servicio privado de transporte ha causado un impacto significativo en una parte de los habitantes de la megalópolis mexicana. Desgraciadamente la empresa holandesa se atemorizó y equivocó sus pasos, al acordar un esquema “regulatorio” con el gobierno del Distrito Federal. Nunca debió de aceptarlo. Pronto pagará su mala decisión, cuando vea el padrón de sus unidades en manos de los líderes de taxistas, que podrán identificarlos y agredirlos, para tratar de sacarlos violentamente del mercado.
Luego de haber pasado varios años al frente de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, puedo afirmar: Uber no requiere regulación. Por lo menos en este momento. Ningún estudio nos corrobora riesgo alguno en la actividad. ¿Para que regularlos? Que los gobernantes digan la verdad: presión política y temores electorales. Consecuencias: incrementos de costos y malos servicios para los consumidores, en tanto líderes y mafias citadinas quedan satisfechos.
En el estado de Guanajuato, recientemente se ha presentado una iniciativa para prevenir la entrada de Uber a diversas ciudades abajeñas. La propuesta, aparentemente respaldada en la recomendación que sobre el caso emitió la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), es un nefasto catálogo de cómo imponer una pésima regulación a algo que no demanda tal acción. Propone permisos, padrones, plaqueo, verificacaciones y refrendos, que no harán otra cosa que complicar el aterrizaje del nuevo y eficiente servicio en las ciudades guanajuatenses, comprometiendo su competitividad. Disfrazada de vanguardista, el objetivo de la ocurrente iniciativa, es todo lo contrario a lo que se describe en su exposición de motivos.
El problema que enfrentan los reguladores es monumental, y no esta en la llamadas ERT (Empresas de Red de Transporte) como Uber, sino en la contundente evidencia del fracaso de toda la normatividad vigente en materia de transporte individual “punto a punto” (Taxis). Ahí si que hay riesgos. Los taxis carecen de una verdadera fiscalización. El volumen de disposiciones a cumplir encarecen y atiborran de corrupción esa actividad. Los atribulados y previsores legisladores, deberían enfilar sus esfuerzos a aligerar la carga regulatoria vigente, promover el desarrollo de apps que puedan ser utilizadas desde los celulares como taxímetros individuales de los consumidores, y abrir el mercado para que muchos puedan prestar ese servicio.
Cuando los políticos, especialmente los representantes populares se postulan, afirman que defenderán el interés de la ciudadanía religiosamente. Es hora de demostrar congruencia. El bienestar de los consumidores esta muy por encima del de las agrupaciones de taxistas vinculadas a partidos políticos, que acarrean votantes el día de la elección. No deben de gastar su enjundioso ánimo legislativo en fuegos fatuos, sino mejor desregular áreas importantes del transporte, propiciando la apertura del mercado y la moderación de sus costos. Así es como se ayuda al ciudadano y cumplen su obligación.
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