RECETA CONTRA EL MOCHE
Carlos Arce Macías
La obra pública que realizan los gobiernos da pie a que los políticos exijan a los constructores un porcentaje del costo de la obra, como compensación, premio o vil extorsión, por el hecho de haberles asignado dicha obra. Sabemos que tradicionalmente se requería el 10 % del costo, por lo que se le denominaba “diezmo”. Ahora no percatamos que nuestros políticos se han vuelto más ambiciosos, llegando a exigir hasta el 35%. Lógicamente estos porcentajes, denominados “moche”, significan la elevación de los costos de la obra, y se traduce en que se realizará 10, 20 o 35% menos de obra pública. Quién paga al final los platos rotos, es el ciudadano, como siempre.
Esencialmente hay dos recetas para evitar el abuso al que estamos siendo sometidos. Las comento. La primera es votar y colocar en los gobiernos a personas honestas y comprometidas con una administración transparente. Esta es la mejor solución, la menos cara y la que garantiza mejores resultados. No hay gobierno más eficiente y eficaz, que aquél que es gestionado por gobernantes probos. Así de sencillo.
Pero como sabemos que eso de la honestidad no se le da a muchos gobernantes, y que los partidos políticos han decidido privilegiar el triunfo electoral a cualquier precio sin importar de donde vengan los recursos, y que los políticos exitosos son aquéllos que más abusan de los presupuestos que manejan, la receta para evitar el moche no transita, por el momento, a través del ámbito electoral.
El único camino que queda franco, es el de la competencia. Esa exótica condición que apenas entendemos los mexicanos, es la única vía que garantizaría que el oprobioso moche, no se ejecute. Miren, si para obtener una obra pública los constructores deben verdaderamente competir entre sí para adquirirla, los márgenes para la dádiva ilegal, se esfuman. ¿Qué constructor en un ambiente competitivo, podría sostener un sobreprecio de 10 al 35% en sus cotizaciones? Seguramente perderían la licitación.
De tal manera que lo que debemos propiciar es que la obra que contrata el gobierno se licite y que la competencia se torne encarnizada, para así conseguir los mejores rendimientos de los dineros públicos. Pero aquí es donde se presenta un problema agudo, que se disfraza de medida bondadosa a favor de un gremio influyente. Esto sucede cuando se ordena privilegiar a las empresas locales para que estas sean las beneficiarias de los presupuestos, descarrilando todo el ambiente de competencia. Analicemos con detenimiento el caso.
Para que haya competencia se requiere de que se eviten barreras de entrada para competir. Hay que privilegiar la multiplicación de competidores, estableciendo el menor número de trabas para la participación. Entre más competidores, menos posibilidades habrá de colusión entre empresas para definir un ganador de manera tramposa. Lo único que debe guiar la adjudicación de una obra es calidad y precio. No puede haber más consideración. Pero si la autoridad envía el mensaje de privilegiar a los empresarios locales, se esta dando la orden, implícita, de hacer trampa, a fin de descalificar empresas “foráneas” y otorgarles indebidamente a las constructoras del lugar los contratos. El funcionario que administra la licitación, adquiere con ello una discrecionalidad tal para el otorgamiento de obras, que se convierte, automáticamente, en el crisol de la corrupción y el otorgamiento de moches.
Muchos constructores protestarán, pero lo harán sin razón. Su obligación es mejorar su productividad y ser más competitivos. Si los locales pierden frente a otras empresas, habrá que ayudarlas a convertirse en organizaciones más eficientes y eficaces a través de programas específicos, no dándoles ilegalmente obras públicas por la pura condición de ser locales. Solo así se acabará el moche. No hay de otra.
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