EXTORSIÓN Y REELECCIÓN

EXTORSIÓN Y REELECCIÓN

Carlos Arce Macías

 

Los perversos y engaña bobos afirman:  “en el amor, la guerra y la política, todo se vale”. Bajo tal premisa, muchos políticos se justifican, y por desgracia, muchos ciudadanos creen que esto es cierto. Nada más falso. En el amor, no se vale matar para librarse de un rival; en la guerra no se puede matar prisioneros, ni utilizar armamento químico contra civiles; en política, con tal de ganar una elección no es aceptable que se corrompa a los ciudadanos, sobre todo a los más  vulnerables, condicionándoles beneficios o comprándoles su voto. No es cierto pues que todo se valga. Los principios éticos, la consciencia de lo bueno y lo malo, califican nuestras acciones.

 

Una de esas circunstancias perniciosas, ilegales en la política, la reveló recientemente el diario “Reforma”, al descubrir que hay diputados que extorsionan a los presidentes municipales. La gestoría consiste en apoyar obra pública municipal desde un fondo que manejan ellos de manera totalmente discrecional. Como contraprestación al apoyo brindado, nuestros representantes exigen definir a la constructora que realizará la obra, o  que se les entregue simplemente el consabido diezmo (o el 20 o 30%). A  la Secretaría de Hacienda no le importa destinar 10 mil millones para gestorías, con tal de capturar el voto aprobatorio de los diputados. Es una negociación barata en el total de un presupuesto de más de 4 billones de pesos.

 

En mi editorial de la semana pasada afirmaba que muchos políticos actuales son ladrones porque las campañas son costosísimas, y para ser exitosos y sobrevivir en la contienda electoral se requieren de grandes sumas de dinero. Hay que obtenerlo pues a como dé lugar. Ahora descubrimos que una forma es la exigencia de mordidas y comisiones, para lograr apoyos presupuestales a aquellos alcaldes que acepten la tranza. Así nuestros políticos  construyen sus “cochinitos” para las elecciones.

 

Llamo la atención en el hecho de que  los extorsionadores profesionales serios y circunspectos, pertenecientes a los más conocidos grupos del crimen organizado, son forajidos, proscritos  de la ley. En tanto, los diputados extorsionadores gozan de fuero, tienen influencia, confeccionan el presupuesto y distribuyen favores y prerrogativas. O sea, delinquen sin riesgos, desde zona segura, protegidos por la propia ley. Por eso son más peligrosos que el crimen tradicional,  las condiciones de impunidad desde las que operan resultan escandalosas y abominables.

 

Y ahora vale la pena relacionar los hechos narrados, con la reciente propuesta de “posibilidad de reelección  inmediata de legisladores”( así debe de definirse, no como simple reelección). Me confieso simpatizante de ella, pero también reconozco que éstos lamentables hechos, narrados en “Reforma”, dan al traste con la ilusión ciudadana de contar con representantes profesionales, vinculados a los ciudadanos y fieles guardianes de los intereses de la Nación,  gracias a la posibilidad de reelección.

 

¿Se imaginan como nuestros ínclitos diputados extorsionadores utilizarían su influencia y poder  de negociación con secretarios, gobernadores y alcaldes?¿Cómo maquinarían tranzas que les permitan amasar fondos para comprar votos y así mantenerse en la curul? No habría límite. La función legislativa la han desfigurado. No tenemos representantes. Esos son una vergüenza.

 

Oteo solo una forma de procesar la posibilidad de reelección de representantes populares: Rendir cuentas y prohibirles la gestoría, acotándolos a solamente realizar labores legislativas, de control y fiscalización del gobierno. Total, no son ejecutivos, su función no es la de hacer carreteras, caminos, aulas o clínicas. Que la gestoría se equipare al delito de tráfico de influencias en el caso de diputados federales, estatales y senadores. A ver si eso los frena.

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¿ESTRIDENCIA, VENGANZA O JUSTICIA?

La cultura machista ha imperado en nuestra sociedad  y está bien enraizada  adentro en ella. Es tradicional entre nosotros que muchos hombres no respeten la dignidad de la mujer y la menosprecien. Mucho habrá de hacerse para tratar de corregir esta patología social.

 

Es por eso, que duele, ver y constatar, la violencia contra una joven mujer en la capital de nuestro Estado, ejercida por un tipejo digno del mayor desprecio, que la golpeó y vejó. Estos sucesos provocaron el inicio de una causa penal observada y debatida por la sociedad, a través de la información que nos proporcionan los medios de comunicación y la propia agraviada y sus familiares, vía redes sociales.

 

El hecho, ha puesto a la sociedad guanajuatense ante nuevas situaciones, que deben de ser tratadas con mayor prudencia, y menos visera. El consejo, pues, va para la sociedad, no para la víctima y su familia, entendiendo que ellos se encuentran impactados y alterados por el artero ataque sufrido. No es para menos.

 

Lo primero que debemos de analizar es la estridencia y amarillismo de los medios, que para vender nota fomentan y estremecen el ánimo de venganza en la sociedad. Linchamiento en vez de castigo justo, ese es el tono, y eso no esta bien. Resulta más valioso explicar al ciudadano común, que tanto víctima como victimario son parte de nuestra sociedad, y que ésta norma la convivencia a través de leyes que garantizan derechos y protegen el tejido social. La venganza no es un medio para conseguir la justicia, es más, la hiere, como ya desde 1764 lo sostenía Cesare Bonasena, marqués de Beccaria en su tratado “De los Delitos y las Penas”, que revolucionó el derecho penal. El siglo de las Luces, se imponía en ese momento, sobre la barbarie medieval.

 

Aunque al primer impulso agravie, al insensato sujeto habrá que tratar de reintegrarlo a la sociedad, luego de un escarmiento justo. Solo así las cosas funcionarán mejor.

 

Pero también se debe de reconocer el trabajo técnico y bien fundamentado de otra mujer, la juez, que es, según me dice gente del medio, una jurista confiable y bien formada en el seno del Tribunal de Justicia del Estado. Agraviarla e insultarla, por no tipificar a gusto de la víctima los hechos a juzgar, también es minusvalorar el trabajo y capacidades de la mujer. Hay que ser cuidadosos.

 

He consultado con una profesionista del derecho penal, juez y magistrada ahora en retiro, que me explica que el trabajo de la juzgadora ha sido  técnicamente correcto. Basa su opinión, en la información que reporta la prensa y los datos que arrojan las declaraciones públicas de la joven agredida, ya que no se tiene el acceso al expediente judicial. Me dice que los hechos no pueden ser tipificados como tentativa de violación u homicidio, como lo exige la víctima, ya que no se dio una externalidad que evitara el delito, sino que el agresor, por sí mismo suspendió el ataque, lo que anula el tipo de  tentativa (art. 18 del Código Penal). Las lesiones, según el certificado médico, son leves, ya que tardan en sanar menos de 15 días, así lo verificó el médico legista ¿qué quieren que haga la juez? Hay que ser claro, defiendo el trabajo de la juzgadora, aunque me irrite profundamente ver magullados y lacerados el rostro y cuerpo de una mujer, por un macho infame. No es fácil, pero controlar el impulso vengativo que nace de éste trance, es vital para construir una sociedad civilizada. Así debe de ser.

 

Por otra parte, nuestra comunidad no esta acostumbrada a la oralidad en los juicios. Y ahora descubre con sorpresa, que los presuntos inculpados tienen derecho a la defensa y sus abogados obran en consecuencia y pueden conducirse, incluso, con rudeza. El contexto que abordó el litigante pudo ser , bajo su criterio, importante para discernir ciertas circunstancias en las que se dieron los hechos. Queríamos oralidad ¿no? El proceso no tiene otra finalidad más que descubrir la verdad, para que, con base en la verdad, se dicte una sentencia justa. El juicio no ha concluido, hasta ahora, solo se han establecido medidas cautelares. En éste punto, ni siquiera abordo el tema de imputaciones sobre la moralidad de la víctima, sustentadas por el abogado defensor, por respeto a ella y por no ser de nuestra incumbencia.

 

Sirva pues, como una dura y cruel experiencia para la sociedad guanajuatense este grave acontecimiento. El caso penal de una mujer violentada, integrado y presentado por una mujer, y juzgado también por otra mujer. En manos de ellas esta el juicio. En tanto, aprendamos a convivir en un sistema de justicia diferente y más abierto, respetemos el trabajo de fiscales y juzgadores técnicamente capacitados, castiguemos de manera justa al culpable de un delito, procuremos su arrepentimiento y pugnemos por su reinserción a la sociedad; y sobre todo reconozcamos la entereza de una joven que ha dado muestras de valor cívico, del cual carecen tantos machos.

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ALERTA FRENTE A LA ALERTA

En las semanas recientes, una agrupación muy estridente, flanqueada por políticos interesados en desgastar al gobierno estatal de Guanajuato, han desatado una campaña mediática a fin de exigir que se emita una “Alerta de Violencia de Género” en esta entidad federativa, a causa,  afirman, del descomunal aumento de feminicidios que los guanajuatenses perpetramos.

No obstante que las trágicas cifras han sido dadas a conocer con puntualidad, el reclamo no ha cesado, bajo el influjo de la politización y para tratar de sacar raja política y electoral de hechos tan lamentables. Son chacales.

Y es que el tema requiere total seriedad y responsabilidad para ser enfrentado con eficiencia y eficacia. La cuestión es la infausta muerte de mujeres que perdieron la vida al ser asesinadas por sujetos cuyo móvil fue, estrictamente,  el odio hacia la mujer. Y es aquí precisamente dónde se requieren aclarar los conceptos, porque de esa confusión se alimenta la nefasta campaña.

Hay homicidios y feminicidios. En la macabra aritmética de contar muertes, no es lo mismo el total de homicidios con víctimas femeninas, que pueden ser muchos, que los feminicidios que son pocos. Si un ladrón es descubierto en el interior de una casa y mata a la dueña, eso no es un feminicido, es un homicidio. Si una mujer es asesinada, dejando expuesto en alguna zona pública su cadáver desnudo y con signos de violencia sexual, estamos ante un caso prototípico de un feminicidio.

La muestra más clara de éste delito, es el caso de las muertas de Ciudad Juárez, que fueron motivo de escándalo mundial, al punto de que nuestro país fue procesado y condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso “Campo Algodonero” sentencia del 16 noviembre de 2009).

Una “Alerta de Violencia de Género” es una cuestión grave, y debe de ser declarada por la Secretaría de Gobernación en los términos del artículo 25 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por ello no permitamos  la dolosa maquinación basada en la estridencia de una ONG ávida de publicitarse. Una alerta de esas características, significa poner a nuestro estado en una situación equivalente a la de Ciudad Juárez. Sería reconocer que en Guanajuato, de manera generalizada, despreciamos la vida de las mujeres y las ponemos en grave riesgo. Piénsenlo, toda viajera, así lo advertirán las embajadas, deberá tomar en cuenta ésta alerta si desea venir a nuestro estado y deberá viajar bajo su propio riesgo.

Primero esta el respeto a los derechos humanos, pero también debemos pensar en el miedo que se generaría en nuestras ciudades turísticas como Guanajuato y San Miguel, y el impacto en el clima de inversión y asentamiento de nuevas empresas en León, Irapuato y Celaya. Superar la imagen de estado feminicida, sería labor de muchísimos años. Andamos jugando con fuego.

Sin titubeos deben aclararse los arteros asesinatos que se hayan cometido por misoginia, el odio a la mujer. Hay que promover la educación y formación de ciudadanos respetuosos de los derechos humanos, y combatir a fondo el pernicioso machismo.

Finalmente, ocho estados, sin “Alerta”, concentran el 61% de los feminicidios en el país. Encabeza la lista el Estado de México con el 20%, le siguen Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Baja California, Jalisco, Michoacán y Veracruz (La Jornada, 12 de marzo de 2013, pag. 45, con información de la Secretaría de Gobernación). Guanajuato no aparece en esa lista. Así de claro.

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